Futuro minero en Panamá: un fallo de la Corte Suprema de Justicia versus una auditoría ambiental

El pulseo está sobre la mesa. Un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia decretó en 2023 el cierre de la mina de cobre de First Quantum, pero ahora una auditoría integral sostiene un cumplimiento global del 87.73% de la actividad minera, lo que impulsa a un sector de la sociedad a reclamar su apertura.

En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, por lo que ordenó su cierre. En Panamá los fallos de la Corte Suprema son considerados inapelables, de acuerdo con la Constitución.

El fallo de la Corte se dio luego de seis semanas de intensas protestas en todo el país, con un saldo de al menos dos muertos, marcando un punto de inflexión en el debate sobre la minería y el medio ambiente.

“Con la entrega de la auditoría integral de la mina de cobre en Donoso, Panamá cuenta hoy con información técnica, objetiva y verificable para abordar una de las discusiones más importantes de su futuro”, señala la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Agrega que después de más de dos años de debate marcado por preocupaciones ambientales, cuestionamientos institucionales y profundas implicaciones económicas y sociales, el país dispone ahora de una base técnica que permite analizar los hechos con mayor claridad y responsabilidad.

Sin hacer alusión al fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Apede indica que la legitimidad del informe se ve fortalecida por la trayectoria y capacidad técnica de la entidad responsable de su elaboración.

Sobre este punto, indica que la auditoría fue realizada por SGS, firma multinacional suiza reconocida como uno de los principales referentes mundiales en inspección, certificación y verificación técnica.

“Con más de 145 años de experiencia y presencia en más de 100 países, la empresa evaluó los aspectos legales, ambientales y operacionales del proyecto, incluido el cumplimiento de los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental”, afirma un comunicado de la Apede que lleva la firma de su presidenta, Giulia De Sanctis.

Para la Apede, las conclusiones de la auditoría muestran “una realidad más compleja de la que muchas veces se presenta en el debate público”.

Sostiene que por un lado reflejan un cumplimiento global del 87.73%, con niveles muy favorables en la mayoría de los aspectos evaluados, y por el otro, sobre todo en el aspecto ambiental, el informe es categórico al identificar aspectos críticos que requieren acciones correctivas inmediatas.

Las deficiencias se dan, según la Apede, especialmente en los programas de reforestación, compensación ecológica, restauración de hábitats, donde los niveles de cumplimiento descienden a rangos del 40% y 45%, afectando de manera directa la mitigación del daño en el entorno del Corredor Biológico Mesoamericano.

Advierte que ignorar los hallazgos ambientales sería tan equivocado como desconocer las consecuencias económicas, laborales y sociales que ha tenido la paralización de la operación: ambas realidades existen y ambas merecen ser atendidas con seriedad.

Define que “la auditoría no cierra el debate; ofrece una base más sólida para abordarlo. Ahora corresponde al país aprovechar esta oportunidad y tomar decisiones responsables, pensando no solo en el corto plazo, sino en el Panamá que queremos dejar a las próximas generaciones”.

Los ejecutivos de empresa consideran que el informe representa una oportunidad para elevar el nivel de la conversación nacional, porque durante demasiado tiempo se ha discutido este tema “desde percepciones, emociones o posiciones preconcebidas y hoy contamos con una base técnica que nos permite analizar los hechos con mayor objetividad y enfocar la discusión en las soluciones que el país necesita”.

El informe, según la Apede. constituye un insumo clave para que el Ministerio de Ambiente, y demás autoridades competentes, supervisen el plan de cuido y mantenimiento, y confirma la necesidad de robustecer la supervisión, la fiscalización, la coordinación interinstitucional, la transparencia y los mecanismos de corrección del Estado.