Panamá registra 19 denuncias diarias por estafa y fraude

Las estafas continúan consolidándose como uno de los delitos patrimoniales de mayor incidencia en Panamá. Entre enero y mayo de 2026, el Ministerio Público registró 2,834 noticias criminales relacionadas con estafa y otros fraudes, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 2,427 casos.

Las cifras reflejan que, en promedio, las autoridades reciben cerca de 19 denuncias diarias por este tipo de delitos, que abarcan desde engaños a particulares hasta sofisticados esquemas de fraude contra empresas.

De acuerdo con el Informe Estadístico de Delitos de Estafa y Otros Fraudes del Ministerio Público, la modalidad más frecuente sigue siendo la estafa contemplada en el artículo 220 del Código Penal, con 2,655 casos registrados durante los primeros cinco meses del año, equivalente al 94% de todas las investigaciones abiertas por delitos de fraude.

Aunque las estafas agravadas disminuyeron de 64 a 49 casos respecto al año anterior, otras modalidades muestran un comportamiento preocupante. La modificación o manipulación de programas informáticos pasó de 34 casos en 2025 a 110 en 2026, un incremento de 224%, convirtiéndose en la categoría de mayor crecimiento porcentual registrada por las autoridades.

La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias, con 1,649 casos, seguida por Panamá Oeste con 381, Chiriquí con 229, San Miguelito con 151 y Colón con 112.

Entre las jurisdicciones con mayores incrementos destacan Los Santos, con un aumento del 53%, y Panamá Oeste, donde las denuncias crecieron 51% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En este contexto, el Ministerio Público ha llevado recientemente ante los tribunales dos casos que muestran cómo operan algunos de los esquemas de engaño que afectan tanto a ciudadanos como al sector empresarial.

Uno de ellos involra a un ciudadano venezolano que quedó bajo detención provisional por los delitos de estafa agravada y ejercicio ilegal de la profesión. La medida fue solicitada por la Fiscalía Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación.

Según las investigaciones, el imputado se hacía pasar por abogado especializado en trámites migratorios. Bajo esa fachada, ofrecía gestionar documentación y procesos legales a ciudadanos extranjeros y nacionales, recibiendo pagos por adelantado para realizar supuestos trámites.

Sin embargo, una vez obtenía el dinero, dejaba de responder a sus clientes y desaparecía sin ejecutar las gestiones prometidas. El caso mantiene cuatro carpetas abiertas y durante las audiencias correspondientes se legalizó la aprehensión realizada el 17 de junio de 2026, se formularon cargos y posteriormente se ordenó la detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades consideran que este tipo de conductas aprovechan la vulnerabilidad de personas que requieren orientación migratoria y que, en muchos casos, desconocen los mecanismos para verificar si quien les ofrece servicios legales está debidamente autorizado para ejercer la profesión.

El segundo caso tiene como víctima a una empresa portuaria y terminó con una condena de 60 meses de prisión por el delito de estafa.

La sentencia fue obtenida por la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana mediante un acuerdo de pena validado por el Tribunal entre el Ministerio Público, la defensa y el imputado.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa de $272,315 a favor del Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses.

La investigación determinó que, entre 2023 y 2024, el sentenciado laboraba para la empresa afectada y aprovechó esa posición para solicitar pagos bajo el argumento de cubrir supuestos servicios urgentes relacionados con consignatarias, transporte, guías aéreas, almacenaje y manejo de embarques.

Para respaldar las solicitudes presentó documentación vinculada a proveedores y servicios que, según logró acreditar la Fiscalía, no correspondían a operaciones reales. El esquema permitió desviar recursos económicos de la empresa mediante engaño y obtener beneficios ilícitos a costa del patrimonio de la compañía.

Los procesos reflejan la diversidad de modalidades que actualmente enfrentan las autoridades. Mientras algunas estafas se dirigen a ciudadanos mediante falsas promesas de servicios profesionales, otras utilizan documentación aparentemente legítima y conocimientos internos para defraudar a empresas y organizaciones.

Ante el aumento sostenido de denuncias, las autoridades recomiendan verificar credenciales profesionales, desconfiar de solicitudes de pago urgentes sin respaldo documental comprobable y confirmar directamente la existencia de proveedores o intermediarios antes de realizar transferencias o desembolsos.

Las estadísticas muestran que el fenómeno continúa en expansión. Con más de 2,800 investigaciones abiertas en apenas cinco meses, la estafa se mantiene como uno de los principales desafíos para la persecución penal y la protección del patrimonio económico de ciudadanos y empresas en Panamá.