El Tribunal de Mayor Riesgo D en Guatemala, presidido por el juez Fredy Aguilar, dictó este lunes sentencia condenatoria contra tres exdiputados del Congreso de Guatemala, luego de hallarlos culpables del delito de tráfico de influencias en el caso conocido como “Asalto al Ministerio de Salud”.
Según el demostraron las investigaciones del Ministerio Público (MP), los exlegisladores utilizaron su posición para incidir de manera irregular en nombramientos dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
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La decisión fue tomada por unanimidad, en una causa que se originó en 2019, luego de que la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en conjunto con Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelara que, durante la gestión de Jorge Villavicencio, durante la administración de Otto Pérez Molina, se consolidó una estructura de corrupción en el Ministerio de Salud.
Durante el fallo, el Tribunal informó que la exdiputada Aracely Chavarría Cabrera recibió una condena de 7 años y 11 meses de prisión inconmutable por tráfico de influencias en forma continuada.
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Mientras que el excongresista Humberto Leonel Sosa Mendoza, fue imputado con 3 años y 9 meses de prisión conmutables mediante el pago de Q100 diarios por cada día no cumplido.
Finalmente, el exparlamentario Ronald Arango Ordóñez fue sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión, también de cumplimiento inconmutable.
A los tres condenados se les estableció la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante la vigencia de la pena.
La resolución, dictada por unanimidad, establece que los tres excongresistas actuaron de manera coordinada para gestionar plazas laborales como favores políticos dentro del ministerio.
El tribunal rechazó un incidente presentado por el abogado Alejandro Arriaza, defensor de Arango Ordóñez, en el que alegaba problemas en la redacción de la acusación. Según los jueces, ese planteamiento debió formularse en la fase intermedia del proceso.
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Arango Ordóñez no sólo es exdiputado, también es hijo del exprocurador de los Derechos Humanos, Julio Arango Escobar, quien estuvo de 1997 a 2002, mandato que abarcó la parte final del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen y la primera mitad de Alfonso Portillo. Su gestión estuvo marcada por señalamientos de uso de fondos institucionales para fines políticos.
Estructura criminal y antecedentes del caso
La investigación, impulsada por la FECI y la CICIG, documentó la existencia de una estructura criminal en el MSPAS entre 2012 y 2014. Esta red, aparentemente dirigida por Jorge Villavicencio se articuló en tres ejes:
- Cobro de comisiones en obras públicas: Se exigieron porcentajes ilícitos a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción y remodelación de hospitales y centros de salud.
- Adquisiciones irregulares: Se detectaron pagos ilegales a proveedores de insumos médicos y servicios de publicidad.
- Tráfico de plazas: Se crearon o asignaron más de 450 contrataciones como pago de favores políticos, cuotas semanales y plazas fantasma.
Según la acusación, los exdiputados utilizaban su influencia para condicionar la asignación de cargos a personas cercanas, muchas veces sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.
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Las investigaciones de la FECI y la CICIG revelaron que la red operó bajo el amparo de altos funcionarios y legisladores, lo que permitió el establecimiento de mecanismos de corrupción sostenida en el tiempo. El proceso judicial por el caso “Asalto al Ministerio de Salud” continúa con líneas abiertas respecto a otros actores investigados.
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