Arrestan a sujeto que asesinó a mujer dominicana, quien deja a dos hijos en la orfandad

El sector La Zurza, en el Distrito Nacional, fue escenario el pasado fin de semana de un nuevo caso de feminicidio que ha causado conmoción en la República Dominicana.

Nelisa Figueroa, de 27 años, falleció tras recibir múltiples heridas cortantes, según las declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

El presunto responsable, Keury Samuel Upía, apodado “el Tullido”, de 32 años, era su expareja sentimental y fue detenido en flagrante delito gracias a la rápida intervención de los vecinos, quienes evitaron que escapara del lugar.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional, el crimen ocurrió en la residencia de la víctima. Tras recibir una alerta a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, agentes policiales acudieron al domicilio y encontraron a Figueroa sin signos vitales.

Los agentes arrestaron en el acto al presunto agresor, quien fue retenido por la comunidad hasta la llegada de las autoridades.

La Policía Científica recolectó en la escena el arma blanca utilizada y otras evidencias que forman parte de la investigación que ahora encabeza el Ministerio Público.

Pesqueira lamentó el asesinato y subrayó la gravedad del hecho, que deja en la orfandad a dos menores de siete y cuatro años. El funcionario confirmó que el sujeto será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para responder por el delito que se le imputa.

El caso de Nelisa Figueroa no es un hecho aislado. Solo en lo que va de 2026, la República Dominicana ha registrado al menos 24 feminicidios, según datos recogidos por observatorios y organizaciones feministas.

El más reciente, antes del caso de Nelisa, ocurrió en Santiago, donde una mujer de 33 años fue asesinada por su pareja, quien posteriormente intentó suicidarse.

En abril, en San Cristóbal, la comunidad protestó tras el asesinato de una joven madre de 19 años, caso que también involucró a su expareja como principal sospechoso. Las cifras muestran que la mayoría de los feminicidios siguen el mismo patrón: agresores que eran parejas o exparejas de las víctimas, quienes en ocasiones ya habían denunciado situaciones previas de violencia.

La persistencia de estos crímenes ha generado un debate social sobre la eficacia de los mecanismos de protección para las mujeres y el rol de la justicia ante las denuncias. Diversos sectores han cuestionado la respuesta de las autoridades y han solicitado medidas más estrictas para prevenir este tipo de violencia, que en muchos casos termina en tragedias irreparables para las familias afectadas.

El Código Penal de República Dominicana tipifica el feminicidio como un delito grave y establece penas que pueden alcanzar los 30 años de prisión para quienes sean hallados culpables. La legislación reconoce el feminicidio como la muerte violenta de una mujer a manos de su pareja o expareja, motivada por razones de género. Asimismo, el Código Penal contempla agravantes cuando el crimen es cometido en presencia de menores o cuando la víctima había denunciado previamente amenazas o agresiones por parte del victimario.

La normativa dominicana establece también la obligación de las autoridades de actuar de oficio ante sospechas o denuncias de violencia de género, y la creación de unidades especializadas para la prevención, atención e investigación de estos delitos.

Sin embargo, a pesar del marco legal, organizaciones de la sociedad civil insisten en que la aplicación de la ley sigue siendo insuficiente y reclaman la creación de más refugios, programas de atención psicológica para víctimas y campañas de prevención sostenidas a nivel nacional. Los familiares de Nelisa Figueroa, al igual que los de otras víctimas, han pedido justicia y protección para los menores que quedan en situación de vulnerabilidad tras estos hechos.

La muerte de Figueroa vuelve a poner en el centro de la agenda pública la necesidad de fortalecer las políticas públicas y de garantizar que las denuncias de violencia sean atendidas con la urgencia y el rigor que requieren, para evitar que más mujeres pierdan la vida en circunstancias similares.