
La extradición del costarricense Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, dio un paso decisivo luego de que el Gobierno de Estados Unidos remitiera a Costa Rica las garantías jurídicas exigidas para autorizar su traslado a ese país, donde es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional.
Los documentos, enviados por la Embajada de Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y posteriormente trasladados a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Penal de Limón, contienen los compromisos formales del sistema judicial estadounidense respecto al proceso que enfrentará Bell Fernández una vez sea entregado.
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Entre las principales garantías figura el compromiso de juzgarlo únicamente por el delito por el cual fue concedida la extradición. Asimismo, las autoridades estadounidenses aseguraron que no solicitarán una pena de cadena perpetua ni una condena superior a los 50 años de prisión, límite máximo permitido por la legislación costarricense para este tipo de procesos.
La documentación también establece que Bell Fernández no será sometido a torturas y que se respetarán las garantías procesales reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional, incluido el reconocimiento del tiempo que ha permanecido detenido en Costa Rica mientras se resolvía su proceso de extradición.
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En relación con la pena de muerte, Estados Unidos no asumió un compromiso expreso de no solicitarla, debido a que ese castigo no está contemplado para el delito atribuido al costarricense conforme a la legislación penal federal estadounidense.

Con la recepción de estos documentos, únicamente resta que un juez del Tribunal Penal de Limón verifique que las garantías cumplen con todos los requisitos legales establecidos por la legislación nacional. Una vez emitido ese aval, la Fiscalía podrá coordinar con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) la fecha y la hora del vuelo chárter que trasladará a Bell Fernández hacia Nueva York.
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El abogado defensor de Bell Fernández, Manrique González, confirmó que ya fueron notificados de las promesas relativas a las eventuales condenas y señaló que prácticamente se han completado todos los requerimientos formales para concretar la extradición.
Según indicó el defensor, su cliente afronta el proceso con serenidad y espera que las autoridades estadounidenses respeten el debido proceso para demostrar su inocencia.
“Él está bastante fuerte. Siempre es una persona super fuerte, a pesar de que es una persona ya mayor y que tiene padecimientos crónicos y que su estado de salud se ha visto deteriorado por las circunstancias del sistema penitenciario nacional”, manifestó González.
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El abogado agregó que Bell Fernández comprende plenamente la situación jurídica que enfrenta y está dispuesto a comparecer ante la justicia estadounidense.
La solicitud de extradición fue presentada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 5 de noviembre de 2025, luego de una investigación desarrollada conjuntamente entre la DEA, el Ministerio Público y el OIJ.

De acuerdo con la acusación, Bell Fernández habría liderado una organización transnacional dedicada al almacenamiento, distribución y exportación de grandes cargamentos de cocaína entre marzo de 2022 y agosto de 2023.
Las pesquisas sostienen que el grupo utilizaba rutas marítimas para transportar cocaína desde Sudamérica hacia Costa Rica, desde donde posteriormente era enviada a Estados Unidos y Europa.
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Como parte de la investigación, agentes encubiertos de la DEA sostuvieron reuniones con Bell Fernández, en las que presuntamente negociaron precios, rutas y la logística para el envío de estupefacientes. Esos encuentros fueron registrados mediante grabaciones de audio y video que hoy forman parte del expediente judicial.
Las autoridades estadounidenses también sostienen que el costarricense facilitó una muestra controlada de cocaína para verificar la calidad del producto y que posteriormente acordó el envío de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York durante agosto de 2023, sin conocer que negociaba con agentes infiltrados.
En noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Bell Fernández en su lista de personas sancionadas, al señalar que presuntamente utilizaba embarcaciones pesqueras para transportar cocaína y que desempeñó un papel importante en la consolidación de Costa Rica como punto de tránsito de droga hacia Norteamérica.
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El proceso de extradición enfrentó varios obstáculos judiciales. Inicialmente, el Tribunal Penal de Limón rechazó la solicitud al considerar que la reforma constitucional que permite extraditar costarricenses por delitos de narcotráfico no podía aplicarse retroactivamente.
Sin embargo, esa decisión fue revocada por el Tribunal de Apelación, que autorizó una extradición diferida. Posteriormente, la Fiscalía suspendió temporalmente el único proceso penal que Bell Fernández mantenía abierto en Costa Rica, relacionado con el caso PetroCoke, por el presunto robo de combustible a los poliductos de Recope, eliminando así el principal impedimento legal para su entrega.
De concretarse el traslado, “Macho Coca” se convertirá en el cuarto costarricense extraditado a Estados Unidos bajo la reforma constitucional que habilita la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico, después del exmagistrado Celso Gamboa, Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, y Johnny Angulo, conocido como “John Cadenas”.
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