El gobierno panameño prorrogó por un año la entrada en vigor de la “Ley de Precio Único”, una medida destinada a dar mayor margen de adaptación al sector comercial del país.
La decisión adoptada cambia la fecha de implementación de la “Ley de Precio Único” del 19 de junio de 2026 al 1 de julio de 2027.
Según las autoridades, el aplazamiento responde a la necesidad de que comercios y proveedores realicen los cambios tecnológicos y operativos necesarios para cumplir las nuevas exigencias regulatorias en materia de exhibición de precios.
La Ley 473 de 2025 estipula que todos los bienes ofrecidos al consumidor deben mostrar un único precio final, sin cargos adicionales ni sorpresas al momento de la compra.
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El objetivo central de la normativa es reforzar la transparencia en las relaciones de consumo y facilitar la comparación de precios para los ciudadanos, y la medida, según el documento legal, busca evitar confusiones y fortalecer la protección de los derechos de los compradores, en línea con estándares internacionales sobre buenas prácticas comerciales.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) tendrá un papel clave durante el período de prórroga, se dijo.
Esta entidad indicó que continuará impulsando campañas de orientación y divulgación dirigidas a comerciantes, proveedores y consumidores, con el fin de garantizar que la transición hacia el nuevo sistema de precios se realice de manera ordenada.
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“El objetivo es que, cuando entre en vigor la ley, todos los agentes económicos estén preparados para cumplirla de manera uniforme y eficiente”, sostuvo un vocero de la entidad estatal.
La decisión de postergar la entrada en vigor, de acuerdo a lo informado, responde a reiteradas solicitudes de asociaciones comerciales que advirtieron sobre la necesidad de adecuar sistemas de facturación, inventarios y etiquetado a los nuevos requerimientos legales.
Según fuentes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el proceso de actualización tecnológica y capacitación interna representa un desafío logístico considerable, especialmente para pequeños y medianos comercios.
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“La modernización de los sistemas de etiquetado y facturación requiere inversiones y tiempo de adaptación”, explicó un representante del sector privado en declaraciones a los medios de comunicación.
La ley, que fue aprobada en 2025 con el apoyo mayoritario de la Asamblea Nacional, establece sanciones para quienes incumplan la obligación de exhibir el precio único y final de los productos.
Datos del Ministerio de Comercio e Industrias manifiestan que la medida busca evitar que los consumidores enfrenten cobros adicionales por impuestos, tarifas o cargos no transparentados previamente.
Este enfoque apunta a crear condiciones de competencia más equitativas y a reducir prácticas confusas en la presentación de precios en vitrinas y publicidad.
Durante el período de prórroga, la Acodeco indicó que mantendrá una agenda activa de capacitaciones y consultas. El organismo exhortó públicamente a los agentes económicos a aprovechar el plazo adicional para adaptar sus procesos internos y evitar sanciones en el futuro.
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“Este es un periodo clave para la adaptación; al concluir la prórroga, la implementación debe ser eficiente y en beneficio de toda la población”, manifestó la entidad en un comunicado oficial.
El gobierno reiteró que este aplazamiento busca una aplicación uniforme de la normativa, minimizando el riesgo de afectaciones al flujo comercial y a los consumidores.
Representantes del Ejecutivo remarcaron que la prórroga no implica cambios en el contenido de la ley, sino únicamente un ajuste en el calendario de entrada en vigor.
Panamá se suma así a la tendencia de países de la región que han promovido normativas para transparentar los precios ofrecidos al público.
La experiencia internacional muestra que sistemas de precio único contribuyen a reducir reclamaciones y fortalecen la confianza en el mercado interno.
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