La crisis del agua en Panamá ya no se explica por escasez natural, sino por fallas de gobernanza y ejecución que mantienen a miles de personas con problemas diarios de abastecimiento en un país con alta disponibilidad hídrica, plantea la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
Este diagnóstico, en voz de su presidente Giulia De Sanctis, adquiere mayor peso por el efecto del cambio climático, con menos precipitaciones, sequías más prolongadas y una demanda creciente que obliga a tomar decisiones estratégicas para evitar crisis mayores.
Cada día se pierden entre 120 y 130 millones de galones de agua por el deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento, según la APEDE, mientras que miles de familias siguen dependiendo de camiones cisterna, pozos improvisados o fuentes naturales para abastecerse.
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La respuesta directa al problema, según el gremio de empresarios, pasa por una gestión integral del recurso hídrico: fortalecer la gobernanza, coordinar instituciones, modernizar los modelos de administración, descentralizar decisiones y asegurar que la inversión responda a una estrategia nacional definida.
Para la asociación, el agua dejó de ser un asunto exclusivamente ambiental y pasó a ser un factor de competitividad, salud pública, desarrollo económico y seguridad nacional.
Uno de los problemas centrales identificados durante el foro “Agua, capital y nuevas tecnologías: pilares del desarrollo económico” fue la dispersión de funciones entre múltiples entidades.
Esa estructura reparte responsabilidades entre protección de cuencas, abastecimiento, saneamiento, monitoreo y regulación, lo que dificulta la coordinación, retrasa proyectos y limita la capacidad de respuesta frente a los problemas que enfrentan los ciudadanos.
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De Sanctis señaló que desde la APEDE y el sector privado han realizado acercamientos con distintos gremios para analizar el tema, construir consensos y propiciar la reactivación de la mesa intergremial.
La propuesta apunta a una visión integral del agua, con instituciones mejor articuladas y decisiones sustentadas en planificación de largo plazo.
También plantea que Panamá necesita elevar su capacidad de ejecución e invertir mejor, lo que incluye más eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura existente, una reducción efectiva de las pérdidas, sistemas modernos de monitoreo y una gestión basada en datos para anticipar riesgos y mejorar las decisiones.
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Las 52 cuencas hidrográficas del país enfrentan desafíos distintos y requieren soluciones diferenciadas, con base en información, monitoreo y planificación de largo plazo, se afirma. Dentro de ese mapa, se destaca que el proyecto de Río Indio fue presentado como una de las decisiones más importantes para el futuro del país.
La iniciativa impulsada por el Canal de Panamá busca garantizar agua potable para más de 2 millones de personas y reforzar la sostenibilidad operativa de la vía interoceánica frente a los efectos del cambio climático.
El planteamiento de la organización de ejecutivos de empresa subraya que no se trata solo de una obra de infraestructura, sino de una inversión en seguridad hídrica nacional y competitividad para las próximas generaciones.
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Se advierte que ninguna obra resolverá por sí sola la crisis. La magnitud del problema exige una política sostenida que abarque desde la protección de cuencas hasta el saneamiento y la distribución, con continuidad más allá de los ciclos de gobierno.
Como antecedente de una política pública sostenida, la asociación cita la experiencia del Programa de Saneamiento de Panamá, donde 890 mil personas se benefician de sistemas modernos de tratamiento de aguas residuales y existen metas concretas para ampliar la cobertura en las próximas décadas.
Ese ejemplo, de acuerdo con la APEDE, demuestra que los resultados son posibles cuando hay continuidad en las políticas públicas. El argumento es que ese mismo enfoque de largo plazo debe extenderse a toda la gestión hídrica nacional.
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El sector privado también fue señalado como actor necesario en esa estrategia, ya que puede aportar con prácticas de eficiencia, reutilización, medición y protección de cuencas, mientras los ciudadanos deben asumir un uso más responsable del recurso.
La advertencia final es que el agua no puede seguir tratándose como un bien infinito.
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