Imponen 80 años de cárcel en Panamá al autor de un ataque que dejó dos fallecidos

Un tribunal de juicio impuso una condena acumulada de 80 años de prisión al principal responsable de un doble homicidio y una tentativa de homicidio ocurridos en San Miguelito, una de las penas más altas de la justicia panameña.

Sin embargo, el condenado no cumplirá ocho décadas en prisión debido a que la legislación del país establece un límite máximo de 50 años de cárcel, independientemente de la suma de las penas impuestas.

La sentencia fue obtenida por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, que logró un fallo unánime contra tres hombres vinculados a un ataque armado el 23 de marzo de 2023.

El hecho ocurrió en el sector de Altamira, Monte Oscuro, corregimiento de Victoriano Lorenzo. De acuerdo con la investigación, los agresores dispararon inicialmente contra una de las víctimas en la vía pública.

Posteriormente ingresaron a una residencia donde efectuaron múltiples detonaciones contra otras dos personas. Dos de las víctimas fallecieron producto de las heridas, mientras una tercera sobrevivió al ataque armado.

La condena más severa recayó sobre el autor principal. El Tribunal de Juicio le impuso 30 años de prisión por cada uno de los dos homicidios dolosos agravados y otros 20 años por la tentativa.

Esto da un total de 80 años de cárcel. Los otros dos procesados fueron condenas como cómplices primarios. En ambos casos, la pena individualizada alcanzó los 55 años de prisión efectiva.

Este resultado se dio por la imposición de 20 años por cada uno de los homicidios y 15 años por la tentativa. Aunque las penas sumadas superan ampliamente el medio siglo de prisión.

El Código Penal panameño establece un límite máximo de cumplimiento efectivo. La legislación dispone que la pena de prisión no podrá exceder de 50 años, incluso cuando la acumulación de condenas supere esa cifra.

En la práctica, esto significa que el principal condenado recibió una dosificación de 80 años, pero cumplirá un máximo de 50 años. Lo mismo ocurre con los otros dos sentenciados de este caso.

Su condena acumulada de 55 años también queda reducida al límite legal establecido por la ley. El caso ilustra el funcionamiento del sistema de acumulación de penas en la República de Panamá.

Los jueces individualizan cada delito y fijan la sanción correspondiente para cada conducta criminal. Posteriormente, esas penas se suman para determinar la gravedad total de los hechos acontecidos.

Sin embargo, una vez realizada la dosificación, entra en juego el límite máximo de cumplimiento contemplado en la legislación penal. Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas.

La fiscalía entregó elementos periciales, documentales y testimoniales que, según la Fiscalía, permitieron acreditar la responsabilidad penal de los tres acusados. Los fiscales sostuvieron que la actuación conjunta fue determinante.

La decisión del tribunal representa una de las condenas más severas obtenidas por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de San Miguelito en los últimos años y se produce en un contexto de sentencias.

En otro caso ocurrido en la provincia de Chiriquí, la Fiscalía Regional logró una condena de 12 años de prisión contra un hombre de 29 años declarado responsable del delito de violación sexual agravada contra una persona adulta.

Además de la pena principal, el tribunal impuso como sanción accesoria la inhabilitación por dos años para ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, parvularios, centros escolares o centros deportivos.

La prohibición aplica para áreas aledañas o cualquier otro sitio donde regularmente se agrupen menores de edad. Ese caso ocurrió el 1 de diciembre de 2024 en el distrito de San Lorenzo.

Según la investigación, el condenado citó a la víctima en un lugar apartado con el pretexto de entregarle dinero. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que el hombre agredió físicamente a la persona.

El agresor amenazó y sometió sexualmente a la víctima mediante violencia e intimidación. Otra sentencia reciente fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral de la provincia de Los Santos.

La entidad declaró penalmente responsables a seis panameños por los delitos de tráfico internacional de drogas y alteración de un medio de transporte marítimo. Las penas impuestas oscilan entre 9 y 14 años.

El fallo estuvo a cargo de un tribunal colegiado integrado por los jueces Manuel De León, Fernando Bedregal y Rafael Ruiz. Además se impuso a cada condenado una multa de $100 dólares.

Este dinero será pagadero al Tesoro Nacional, sanción que deberá hacerse efectiva una vez cumplan la pena principal. Los jueces también ordenaron el comiso formal y definitivo de una embarcación.

La nave es de tipo pesquera de aproximadamente 30 pies de eslora, que fue utilizada por los condenados al momento de su retención. La nave pasará a disposición de las autoridades del Estado.

La investigación de este último caso se originó el 31 de enero de 2024 al sureste del puerto de Mensabé, en el corregimiento de Santo Domingo, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

En ese lugar, unidades del Servicio Nacional Aeronaval incautaron 1 millón 422 mil 950 gramos de cocaína, equivalentes a más de 1.4 toneladas de sustancias ilícitas prohibidas.

Las tres decisiones judiciales reflejan una jornada de condenas por delitos de alto impacto en Panamá, con penas que van desde los 12 años de prisión por violencia sexual en Chiriquí.

Estas llegan hasta condenas acumuladas de 80 años por homicidio, aunque sujetas al límite máximo de cumplimiento previsto de forma estricta por el Código Penal de la nación.