Gobierno panameño tendrá informe final de la mina de cobre a finales de mayo

El Gobierno de Panamá tendrá a finales de mayo los resultados finales de la auditoría integral realizada a la mina Cobre Panamá, un documento que será determinante para definir el futuro de la operación minera suspendida desde noviembre de 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Así lo confirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien señaló que el Ejecutivo mantiene la postura anunciada previamente por el presidente José Raúl Mulino: esperar el cierre completo del proceso técnico antes de tomar cualquier decisión sobre la mina.

“A finales del mes de mayo” estarán listos los resultados finales, respondió el ministro al ser consultado sobre el cronograma de la auditoría.

Moltó evitó confirmar si el Gobierno ha ofrecido un nuevo contrato a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, y reiteró que primero deben analizarse los hallazgos técnicos y ambientales del informe integral.

“Seguimos en la auditoría integral y cuando esa auditoría se finalice, el gobierno panameño, tal cual lo dijo el presidente de la República, tomará decisiones al respecto”, afirmó.

El ministro recordó que el Gobierno aprobó previamente un plan de gestión segura para mantener protegida el área de la mina y permitir la salida de materiales que podían representar riesgos ambientales. Según explicó, todo el proceso ha sido coordinado junto al Ministerio de Ambiente y acompañado por la auditoría multidisciplinaria que actualmente desarrolla la empresa SGS Panama Control Services Inc.

Precisamente, el sexto informe mensual de esa auditoría fue divulgado recientemente y confirmó que el documento final todavía continúa en elaboración.

El reporte detalla que la revisión abarca aspectos ambientales, legales, laborales, tributarios, técnicos y operativos vinculados con el proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón.

Uno de los puntos más relevantes es que todavía no se publica la evaluación definitiva sobre el cumplimiento de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III. Ese análisis será incorporado dentro del informe consolidado junto con los anexos técnicos y el resumen ejecutivo.

La expectativa alrededor de la auditoría ha crecido debido al peso económico que tuvo la mina antes de su suspensión. Diversos organismos internacionales y firmas privadas han advertido que el comportamiento económico de Panamá en 2026 sigue condicionado, en parte, por una eventual reactivación de Cobre Panamá, que antes de su cierre representaba cerca del 5% del Producto Interno Bruto y una porción importante de las exportaciones nacionales.

No obstante, organizaciones ambientales señalan que el fallo de la Corte es claro y aseguran que el Gobierno no lo ha acatado al permitir que la empresa continúe procesando las reservas almacenadas dentro de la concesión minera.

El quinto informe de la auditoría ya había advertido sobre riesgos potenciales relacionados con drenaje ácido de rocas, manejo ambiental, biodiversidad y cumplimiento de compromisos sociales. También señalaba que todavía quedaban pendientes múltiples validaciones documentales y técnicas sobre obligaciones ambientales adquiridas por la empresa.

Mientras el Gobierno espera el cierre definitivo de la auditoría, Moltó aseguró que Panamá mantiene un ambiente atractivo para la inversión internacional y destacó el interés de empresas extranjeras en instalarse en el país. El ministro sostuvo que actualmente existen inversionistas europeos y de otras regiones evaluando proyectos en sectores médicos, logísticos y manufactureros.

Según explicó, la estrategia impulsada por la administración de José Raúl Mulino busca consolidar a Panamá como una plataforma regional de servicios, manufactura y toma de decisiones empresariales, aprovechando ventajas como el Canal de Panamá, el aeropuerto internacional de Tocumen y la conectividad logística del país.

Aunque el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de tomar decisiones una vez concluya la auditoría, todavía no se conoce cuál sería el mecanismo jurídico que utilizaría el Gobierno en caso de avanzar hacia una eventual reapertura de la mina. Hasta ahora, Mulino ha reiterado públicamente que cualquier salida no implicaría regresar a la Asamblea Nacional para aprobar un nuevo contrato ley, como ocurrió con el acuerdo declarado inconstitucional en 2023.