El fiscal general de Guatemala ordena la destitución de Rafael Curruchiche, tras disponer la disolución de la FECI

El fiscal general Gabriel Estuardo García Luna ordenó la destitución de Rafael Curruchiche de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad tres días después de anunciar la liquidación de esa unidad del Ministerio Público de Guatemala, una decisión que abre la revisión de expedientes de alto impacto y el traslado de todos los casos a otras dependencias.

Según las declaraciones de García Luna en su reciente conferencia de prensa, el cierre de la FECI comenzaría el lunes 18 de mayo de 2026 y responde a la pérdida de credibilidad ciudadana de la fiscalía.

La medida alcanza a una unidad que, de acuerdo con el texto fuente, mantenía abiertos más de 10 procesos judiciales relevantes y ahora entrará en una fase de liquidación con auditoría interna.

García Luna afirmó que ese procedimiento busca “revisar cada uno de los expedientes y ver si existe algún tipo de responsabilidad de alguno de los integrantes de acuerdo al análisis”.

Curruchiche había permanecido al frente de la FECI cerca de cinco años, según datos compartidos por medios de comunicación locales y fue nombrado el 3 de agosto de 2021 por la exfiscal general Consuelo Porras tras la salida de Juan Francisco Sandoval. Hasta el momento de la destitución, el fiscal removido no se había pronunciado, siempre según el texto fuente.

La liquidación de la FECI incluye una revisión de expedientes y posibles sanciones

En su primera conferencia de prensa, García Luna expuso que la disolución de la FECI obedece a que la unidad “ha perdido credibilidad en la ciudadanía”, según el texto fuente. Añadió que durante la liquidación se examinará la actuación individual de sus integrantes para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.

Todos los casos abiertos pasarán a otras dependencias del Ministerio Público, de acuerdo con el texto fuente. La revisión incluirá la legalidad de las actuaciones procesales y la administración de los expedientes, bajo criterios que todavía debe definir el MP para la etapa final de cierre.

La decisión marca el fin de una fiscalía creada en 2010 durante la gestión de Claudia Paz y Paz, concebida como herramienta contra la corrupción junto a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Según el texto fuente, la unidad alcanzó notoriedad pública por su papel en el caso La Línea en 2015.

En ese expediente, la FECI acusó a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de integrar una red de defraudación aduanera en las estructuras más altas del Estado, según el texto fuente. Varias condenas recayeron sobre mandos medios y bajos, aunque los señalados como autores intelectuales postergaron una sentencia definitiva mediante recursos procesales.

Los expedientes pendientes abarcan corrupción electoral, sobornos y contratos públicos

El texto fuente sitúa el debilitamiento de la FECI después de la salida de la CICIG en 2019 y tras la destitución o el exilio de actores clave de esa etapa. García Luna atribuyó el cierre a “la falta de credibilidad y que se ha detectado que lastimosamente no se está cumpliendo con objetivos”, según sus declaraciones recogidas en el mismo texto.

Entre los casos emblemáticos mencionados figura IGSS-Pisa, vinculado a presuntas irregularidades en contratos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Según el texto fuente, la mayoría de los procesados fue absuelta y la sentencia solo quedó firme en 2019.

Otro expediente citado es Bufete de la Impunidad, derivado de La Línea y aún sin avance en su etapa intermedia, según el texto fuente. Esa paralización se atribuye a resoluciones del exjuez Mynor Moto, hoy prófugo de la justicia, quien dispuso el cierre parcial de actuaciones clave.

La FECI también gestionaba investigaciones sobre operaciones fraudulentas, corrupción electoral y sobornos internacionales, entre ellas el caso Semilla, vinculado a presuntas irregularidades en los comicios de 2023, y expedientes relacionados con Odebrecht.

Varios de esos procesos impulsaron órdenes de captura y nuevos juicios, aunque su avance estuvo atravesado por denuncias de injerencia política y obstáculos judiciales.

Según la Contraloría General de Cuentas citada en el texto fuente, entre los proyectos bajo investigación figuró el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, con un acumulado de USD 943.944.469 equivalente a Q7.230 millones.

El mismo organismo definió esa suma como “una carga económica nociva para el Estado”, mientras los costos de fortalecimiento institucional y pago de comisiones sumaron USD 143.944.469 o Q1.115 millones.

El Ministerio Público aún no había informado quién quedará a cargo de la fiscalía durante su fase final ni qué funcionario asumirá la liquidación de los procesos, según el texto fuente. El destino de esos expedientes dependerá de la reestructuración interna y de los criterios que establezca el Ministerio Público tras la disolución formal de la FECI.