Crisis energética le cuesta a Honduras más de L15 mil millones al año

Ante la problematica energética en Honduras se presento una inciativa ciudadana denominada "Potencia Honduras", orientada a impulsar una reforma profunda del sistema energético nacional y a rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de lo que califican como décadas de politización, pérdidas millonarias e ineficiencia institucional.

La propuesta surge en un momento de creciente presión financiera sobre el Estado hondureño, derivada de una crisis energética que, según la Asociación por una Sociedad mas justa, le cuesta al país más de 15,140 millones de lempiras al año y genera pérdidas diarias cercanas a 50 millones de lempiras en energía consumida, pero no pagada.

Durante la presentación del programa, especialistas enfatizaron que el deterioro del sistema eléctrico se ha convertido en uno de los principales factores que afectan las finanzas públicas, y que actualmente uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública nacional está vinculado directamente a la crisis de la ENEE.

El especialista en energía de ASJ, Edgard Aguilar, recalcó que el sistema eléctrico requiere reformas estructurales profundas y advirtió que las transferencias estatales millonarias realizadas en los últimos años no han generado mejoras visibles para la población. Aguilar afirmó: “Uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública total de Honduras es generado exclusivamente por la crisis del sector eléctrico”.

De acuerdo con los datos presentados por la organización, entre 2022 y 2025 el Estado transfirió más de 46,422 millones de lempiras a la ENEE sin establecer metas concretas, mecanismos de transparencia ni procesos efectivos de rendición de cuentas.

Para la ASJ, el resultado de estas transferencias se traduce en apagones constantes, tarifas elevadas, pérdidas técnicas y no técnicas, además de una limitada cobertura energética en comunidades rurales que siguen sin acceso estable al suministro eléctrico.

Pérdidas Millonarias

La iniciativa Potencia Honduras plantea una hoja de ruta de 48 meses fundamentada en reformas estructurales para fortalecer la regulación técnica, introducir mecanismos de competencia y despolitizar la administración del sistema energético nacional.

Según las proyecciones de la organización, la implementación del programa permitiría generar un ahorro fiscal acumulado superior a 144,000 millones de lempiras en los próximos diez años, además de reducir en más de 99,000 millones la deuda acumulada de la estatal eléctrica para 2035.

ASJ sostiene que el rescate del sistema eléctrico tendría un impacto no solo en las finanzas públicas, sino también en sectores sociales clave, debido a que la reducción de pérdidas permitiría liberar recursos estatales para hospitales, escuelas e infraestructura pública.

La organización considera además que una reforma energética integral podría mejorar la competitividad del país, estabilizar tarifas y generar condiciones más atractivas para la inversión privada y la creación de empleo.

Durante el evento participaron también especialistas y representantes ambientales, quienes advirtieron sobre la necesidad de vincular la política energética con la protección de los recursos naturales. El miembro de la Coalición Ambiental de Honduras, René Soto, indicó que“Si no hay bosque, no hay agua; y si no hay agua, es imposible pensar en generación energética”, destacando la importancia de incorporar sostenibilidad ambiental en cualquier estrategia de rescate energético.

Contratos energéticos

Por su parte, el experto en energía Samuel Rodríguez señaló que Honduras debe prepararse desde ahora para la finalización de varios contratos energéticos previstos para 2028.

Rodríguez también insistió en diversificar la matriz energética nacional con alternativas renovables como la energía solar, vistas como fundamentales para reducir costos y disminuir la dependencia de combustibles tradicionales.

La crisis energética ha sido durante décadas uno de los problemas estructurales más complejos de Honduras. Altas pérdidas, deudas acumuladas, subsidios crecientes, contratos cuestionados y fallas operativas han convertido a la ENEE en una de las instituciones más golpeadas financieramente del Estado hondureño.

La iniciativa busca abrir el debate nacional sobre el futuro energético y presionar por soluciones estructurales a una crisis que, según sus proyecciones, amenaza con seguir drenando miles de millones de lempiras de las finanzas públicas si no se toman decisiones urgentes.