La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) promovió un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar el acuerdo gubernativo 53-2026.
La organización argumenta que esta normativa, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, “abre la puerta a la entrada acelerada de semillas externas, incluyendo aquellas modificadas genéticamente”, lo que representa una amenaza directa contra la biodiversidad agrícola del país y la continuidad de las semillas nativas.
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Según REDSAG, al reducir controles y simplificar los registros, se debilita la protección sobre recursos esenciales para la soberanía alimentaria guatemalteca.
El acuerdo, que ha sido presentado por el Gobierno como una herramienta para agilizar trámites en el sector agropecuario, tiene implicancias que trascienden el ámbito administrativo.
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De acuerdo con declaraciones de REDSAG, el documento facilita la importación de material agropecuario y habilita procesos de comercialización, experimentación y liberación de semillas transgénicas en el territorio nacional sin establecer mecanismos rigurosos de control.
REDSAG argumenta que Guatemala es un centro de origen de varias especies agrícolas, lo que convierte al país en un reservorio único de semillas criollas y nativas no presentes en otras regiones del mundo.
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La preocupación central de la organización radica en la posibilidad de “contaminación genética, pérdida de biodiversidad y desplazamiento del sistema agrícola tradicional”, fenómenos que consideran consecuencias reales y palpables como resultado de este tipo de políticas.
El acuerdo gubernativo 53-2026 pone en riesgo la diversidad agrícola y los derechos comunitarios sobre las semillas
La organización sostiene que la aprobación de la norma se realizó sin “consulta previa, libre e informada”, en contravención al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a las declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.
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Estas normas internacionales reconocen el derecho de los pueblos a proteger sus semillas, territorios y formas de vida, condiciones que, según REDSAG, el acuerdo vulnera al favorecer la expansión del modelo agroindustrial en detrimento de los sistemas agrícolas comunitarios.
Un bloque central de la demanda de REDSAG es la denuncia de la falta de transparencia en el proceso. Voceros de la organización han expresado que el presidente de la República sostuvo reuniones virtuales con autoridades ancestrales sin informar sobre el contenido y la motivación real del acuerdo, lo que interpretan como una omisión deliberada que perjudica los intereses de las comunidades rurales.
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Además, califican el acuerdo como “una decisión que puede tener consecuencias profundas sobre la biodiversidad, semillas nativas y criollas, nuestros territorios y nuestra soberanía alimentaria”, según consta en el comunicado difundido por la propia REDSAG.
El artículo 53-2026 incentiva la importación de semillas externas y fomenta la simplificación de trámites. En palabras de la organización, la normativa “crea las condiciones para la expansión” de semillas modificadas genéticamente y debilita los mecanismos de control comunitario sobre las variedades locales, abriendo la puerta a la sustitución del sistema agrícola tradicional por uno “que prioriza el comercio sobre la vida”.
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REDSAG llama a la movilización nacional para defender las semillas nativas
REDSAG ha convocado a la ciudadanía y a las organizaciones campesinas a sumarse a la acción legal y movilizarse en defensa de las semillas originarias.
La organización advirtió sobre el papel de “instituciones del Estado que pueden crear acuerdos gubernativos para favorecer grandes intereses” y ha exigido que la Corte de Constitucionalidad niegue el trámite del acuerdo y atienda con celeridad la demanda presentada.
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La petición judicial pretende frenar la entrada y experimentación de semillas transgénicas y detener el riesgo de “que nuestras semillas, que son patrimonio vivo de nuestros pueblos y base de nuestra alimentación, estén expuestas a su contaminación”.
La resolución de la Corte determinará si prevalece el nuevo esquema de facilitación comercial del Gobierno o el principio de precaución y autonomía comunitaria invocado por las organizaciones rurales.
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