Nicaragua canceló la personalidad jurídica de 12 organizaciones sin fines de lucro mediante el Acuerdo Ministerial No. 06-2026-OSFL, firmado por la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, y publicado en La Gaceta, Diario Oficial.
El documento califica las disoluciones como voluntarias debido a la falta de recursos económicos, pero defensores de derechos humanos advierten que esta medida forma parte de un proceso sistemático de desmantelamiento del espacio cívico.
Con esta nueva cancelación, cita el medio 100% noticias, el total de organizaciones disueltas en Nicaragua asciende a 5,663, según datos del Colectivo Nicaragua Nunca Más. De las más de 7,000 asociaciones que existían en el país, quedarían activas unas 1,500.
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Así lo indicó el abogado y defensor de derechos humanos Yader Valdivia, quien da seguimiento a estos procesos.
Las 12 organizaciones canceladas
El acuerdo ministerial incluye entidades internacionales, religiosas, médicas y comunitarias. Entre las organizaciones afectadas figuran Project Concern International, la Evangelical Free Church of Canada, la Sociedad Médica y Dental Cristiana y la Fundación Holcim Nicaragua.
Asimismo, se disolvieron la Asociación Promoviendo Cambios para una Vida Nueva, Svalorna Latinoamérica, Mission 14 Inc., The David/Jonathan Project, la Fundación Busca el Cordero, la Asociación Unión de Campesinos Organizados de Cuenca de San Dionisio y la Fundación de Emprendedores Socioeconómicos de Occidente.
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La Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro debe proceder con la cancelación de la personalidad jurídica y del registro de cada entidad. Además, el acuerdo instruye a las autoridades a comenzar la liquidación de bienes y activos conforme a la normativa nacional.
La figura de la “disolución voluntaria”
El Ministerio del Interior sostiene que las organizaciones presentaron solicitudes de disolución a través de actas de asamblea y acuerdos internos, principalmente debido a la carencia de recursos financieros para operar en el país.
La cancelación se fundamenta en la Ley de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que otorga al ministerio la facultad de autorizar, supervisar y cancelar la personalidad jurídica de estas entidades.
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Lectura de los defensores de derechos humanos
Valdivia rechazó la versión oficial y ubicó la medida en un patrón mayor. “Nos encontramos en un contexto total del cierre del espacio cívico y que hoy hayan cancelado otras organizaciones lo que nos dice es que van a seguir cerrando este derecho de asociación en Nicaragua”, afirmó.
El abogado vinculó además las cancelaciones al contexto político del país. “El régimen está actuando también como una forma de respuesta ante las sanciones que se le aplicó al viceministro Cañas”, señaló. Añadió que estas acciones “comprueban que estas sanciones son bien aplicadas”.
Según Valdivia, el impacto incluye sectores diversos. “Estamos hablando de que el alcance de esto es en todos los sentidos, religioso, deportivo, con fines sociales, médicas, universitarias. En todos los fines el régimen está acabando con el espacio cívico del país”, puntualizó.
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Beneficiarios quedan sin cobertura
Más allá del cierre institucional, Valdivia destacó la afectación directa en la población. “Esto afecta también a las personas que recibían ese servicio médico, esa formación religiosa o apoyos humanitarios… hoy quedan totalmente descubiertas”, advirtió.
El colectivo solicitó a los gobiernos y organismos internacionales defensores de los derechos humanos que consideren estas acciones como “una situación grave que atenta contra este derecho de poder asociarse en Nicaragua”.
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