Gobierno panameño deroga medida que pretendía reglamentar el servicio de transporte que ofrecen las plataformas digitales

A pocos días de su emisión, el gobierno panameño derogó el Decreto Ejecutivo No.10 de 16 de abril de 2026 que pretendía reglamentar el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo solicitado mediante el uso de plataformas tecnológicas, con tarifas pagadas en efectivo o electrónicamente.

La derogación surge luego de las protestas de distintos sectores de la población, que sostienen que los usuarios del servicio de transporte tienen el derecho a escoger los taxis tradicionales o los servicios que ofrecen las plataformas.

A las críticas se sumó el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien no dudó en señalar que tratar de regular de esa manera las plataformas no era más que un retroceso para la innovación del sector transporte.

En medio del debate, este lunes un grupo de taxistas tradicionales bloqueó los accesos a la Asamblea Nacional para exigir que se mantuviera el decreto ahora derogado, que buscaba regular las operaciones de plataformas como InDriver y Uber, entre otras.

Entre los puntos de mayor conflicto que había provocado la medida estaba la intención de someter a las plataformas digitales a estar afiliadas a una prestataria, que no son más que empresas que administran los certificados de operación, que permiten prestar el servicio de transporte selectivo.

Igualmente, las obligaba a contar con un certificado de operación y a tener una placa autorizada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

La normativa daba un periodo de adecuación de tres meses para que los conductores y plataformas cumplieran con los nuevos requisitos técnicos.

Junto a la derogación del Decreto Ejecutivo No.10 de 16 de abril de 2026 se ordenó la conformación de una mesa de trabajo, que será presidida por representantes de los ministerios de Gobierno, de Economía y Finanzas, de Comercio e Industrias, de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, y de la Dirección General de Ingresos.

En un plazo no mayor de 90 días esta comisión debe reunirse con las partes involucradas y presentar una propuesta de regulación del servicio de transporte.

Después de la publicación de la anterior medida, el Decreto que la deroga señala que muchos han sido los aportes de diferentes sectores de la sociedad panameña, principalmente de los usuarios de estos servicios de transporte, con opiniones a favor y en contra de la regulación expedida por el Órgano Ejecutivo.

Ante esta situación, se manifiesta que escuchando los aportes se hace necesario dejar sin efecto inmediato esa disposición y recoger los aportes de todas las partes involucradas para expedir una norma administrativa que regule este servicio de transporte público que es una necesidad y una realidad, principalmente en beneficio de los usuarios.

La norma cambiaba la base regulatoria del servicio solicitado por medios digitales, imponía nuevas exigencias a conductores, vehículos, prestatarias e intermediarias tecnológicas, y reabría una discusión de fondo sobre el futuro de un modelo que durante años operó con mayor flexibilidad.

En su comunicado, la empresa InDriver sostuvo en su momento que reconocía los esfuerzos de las autoridades panameñas por avanzar hacia un marco regulatorio del servicio de movilidad, pero subrayaba que la regulación debe ser inclusiva, considerar la realidad de los distintos actores del ecosistema y evitar impactos negativos sobre quienes encuentran en estas plataformas una fuente flexible de ingresos.

La compañía advirtió que el modelo propuesto introduce condiciones que, lejos de ordenar sin costos, podrían restringir la operación y alterar la disponibilidad del servicio.