
Un ciudadano de nacionalidad peruana fue extraditado desde Perú hacia Panamá, requerido por la presunta comisión de delitos financieros vinculados al uso indebido de cheques y tarjetas de crédito en perjuicio de una entidad bancaria.
El hombre arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo custodia de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de Interpol Panamá, en un caso que refleja la dimensión internacional que han alcanzado este tipo de delitos.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones y posibles conexiones con otras estructuras delictivas.
Este caso se suma a una serie de acciones recientes contra redes de estafa que operan tanto a nivel local como transnacional.
En Brisas del Golf, un barrio de clase media y alta, en el distrito de San Miguelito, unidades policiales aprehendieron a una pareja acusada de estafar a múltiples víctimas mediante servicios falsos de herrería, utilizando redes sociales como plataforma para captar clientes.
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El esquema consistía en solicitar pagos por adelantado para materiales y mano de obra, sin cumplir posteriormente con los trabajos ni devolver el dinero recibido.
Las investigaciones detallan que los sospechosos lograron engañar a empresas privadas, instituciones estatales y particulares, acumulando denuncias que superan la decena de casos. El patrón repetitivo de excusas para incumplir los contratos evidencia un modelo de fraude estructurado, que se ha vuelto cada vez más común en plataformas digitales.
Este tipo de estafas refleja una migración del delito hacia entornos digitales, donde los controles son más difíciles de aplicar en tiempo real.
En paralelo, la Policía Nacional también ejecutó la Operación Cohesión, que permitió la aprehensión de tres personas requeridas por el delito de estafa en distintos puntos del país.
Las diligencias se realizaron en San Miguelito, Las Garzas y San Martín, en el corregimiento de 24 de Diciembre, como parte de una estrategia para desarticular redes que utilizan cuentas bancarias para recibir dinero producto de fraudes.
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Los aprehendidos fueron identificados como titulares de cuentas vinculadas a movimientos sospechosos relacionados con actividades ilícitas.
Estos casos se producen en un contexto en el que las cifras oficiales muestran un aumento sostenido en los delitos de estafa en Panamá. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 1,098 denuncias criminales por estafa y otros fraudes a nivel nacional, frente a 974 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 13%.

La mayoría de estos casos corresponde al delito de estafa simple, que concentra 1,044 denuncias en los primeros dos meses del año.
El desglose por tipo de delito revela que las modalidades más complejas también presentan variaciones importantes. Mientras la estafa agravada registra 14 casos en 2026, otros delitos como la manipulación de programas informáticos suman 32 casos, mostrando un crecimiento significativo en fraudes tecnológicos, lo que confirma la evolución de estas prácticas hacia entornos digitales.
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Este tipo de fraude se vincula con accesos indebidos, alteración de sistemas y uso de herramientas digitales para cometer delitos económicos.
A nivel geográfico, la mayor concentración de casos se mantiene en la provincia de Panamá, con 620 registros, seguida de Panamá Oeste con 173 y San Miguelito con 53.
Este comportamiento refleja la relación entre densidad poblacional, actividad económica y oportunidades para la comisión de delitos financieros, especialmente en áreas urbanas.
Sin embargo, el incremento más marcado se observa en Panamá Oeste, que registra un crecimiento del 71% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El análisis anual también evidencia una tendencia al alza en este tipo de delitos. Durante todo 2025 se registraron 6,230 casos de estafa y otros fraudes, frente a 5,489 en 2024, lo que representa un aumento del 13%, consolidando una curva ascendente en los últimos años.
Dentro de estas cifras, la estafa simple concentró el 95.5% de los casos, confirmando que se trata del delito predominante dentro de esta categoría.
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Las estadísticas también muestran cambios en la composición de los delitos. Mientras algunos tipos como la estafa agravada y la manipulación de programas informáticos presentan variaciones, otros como el fraude en servicios públicos y el cobro indebido de seguros mantienen niveles bajos, lo que indica que el fenómeno se concentra en esquemas más directos y masivos.
Este comportamiento sugiere que los delincuentes optan por modalidades de menor complejidad operativa pero mayor alcance en número de víctimas, comentaron fuentes consultadas.

En este escenario, las autoridades han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia, así como el seguimiento de las operaciones financieras sospechosas.
El incremento de casos, tanto a nivel local como internacional, evidencia que el fraude continúa adaptándose a nuevas tecnologías y plataformas, obligando a las instituciones a ajustar sus estrategias. El reto sigue siendo no solo capturar a los responsables, sino anticipar los nuevos métodos que surgen en un entorno cada vez más digitalizado.
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La Asociación Bancaria de Panamá ha advertido que diariamente siete panameños son víctimas de estafas financieras o bancarias, una cifra que deja claro que el problema dejó de ser esporádico para convertirse en una amenaza cotidiana.
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