El allanamiento de tres oficinas vinculadas a Panama Ports Company (PPC) realizado por el Ministerio Público marcó un nuevo episodio en la crisis institucional que rodea a la empresa portuaria, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, luego de la anulación de su concesión y la toma de control estatal de las terminales de Balboa y Cristóbal.
La diligencia fue confirmada por el fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, quien explicó que la investigación se inició de oficio tras conocerse la posible comisión de un hecho ilícito.
Según detalló, las autoridades activaron las primeras actuaciones investigativas y ejecutaron el allanamiento como parte de los actos iniciales de pesquisa, sin precisar aún la titularidad jurídica de las oficinas intervenidas ni la naturaleza exacta del material incautado.
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Durante el operativo, las autoridades retuvieron documentación que será objeto de análisis pericial, mientras que los locales quedaron bajo custodia temporal del Ministerio Público, con medidas de aseguramiento que incluyen cintas de prohibición de movimiento y control de acceso. Samaniego indicó que el procedimiento abarcó dos oficinas inicialmente y que se extendió a una tercera.
El fiscal sostuvo que la investigación está vinculada a un hecho ilícito puesto en conocimiento del Ministerio Público y aclaró que, por el momento, no es posible determinar si la documentación pertenece a una persona natural o jurídica.
En ese sentido, reiteró que el análisis del material incautado permitirá establecer responsabilidades y definir el alcance de la investigación.
El allanamiento ocurre en un contexto de alta tensión institucional tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión portuaria otorgada en 1997 a PPC, decisión que puso fin al contrato que por más de dos décadas permitió a la empresa operar las terminales estratégicas de Balboa y Cristóbal.
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La publicación del fallo en la Gaceta Oficial esta semana formalizó la terminación de la concesión y habilitó las actuaciones administrativas posteriores.
Tras la oficialización del fallo, el Gobierno panameño ejecutó la toma de control de las terminales portuarias, una medida que representó un cambio significativo en la administración del sistema portuario del país y abrió una nueva fase de transición operativa.
La decisión se sustentó en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio portuario y preservar la estabilidad logística nacional, dada la relevancia estratégica de ambas terminales para el comercio internacional.
Como parte del esquema transitorio, el Estado panameño contrató a APM Terminals Panamá S.A. para la operación del puerto de Balboa y a TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), para la administración del puerto de Cristóbal, bajo acuerdos temporales que contemplan un periodo de operación de 18 meses.
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Este modelo busca asegurar la continuidad operativa mientras se define el futuro esquema de concesión o administración de las terminales.
En este escenario, el allanamiento del Ministerio Público introduce un componente judicial que podría ampliar el alcance de la investigación sobre la gestión de PPC y las actuaciones relacionadas con la concesión portuaria.
El año pasado, la Contraloría General publicó un informe de auditoría en el que advirtió indicios de una posible lesión patrimonial contra el Estado panameño vinculada a la concesión portuaria, prorrogada en 2021 por el gobierno anterior.
El fiscal Samaniego subrayó que la investigación se encuentra en fase preliminar y que las actuaciones buscan recabar elementos de convicción que permitan determinar la existencia de conductas ilícitas. Asimismo, explicó que el Ministerio Público actúa conforme a su facultad de iniciar investigaciones de oficio cuando tiene conocimiento de hechos que podrían constituir delitos.
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Un día después de la toma de control de los puertos, la Contraloría General aprobó los contratos para la administración temporal de las terminales, con un monto total cercano a $41.9 millones destinados a la operación, mantenimiento y administración portuaria durante el período provisional.
En el caso del puerto de Balboa, la administración temporal quedó a cargo de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por $26,100,000 destinado a la operación, mantenimiento y gestión de la terminal en el Pacífico.
Por su parte, el puerto de Cristóbal será administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por $15,800,000 para la operación de la instalación en el Atlántico.
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Por el momento, PPC no se ha pronunciado sobre el allanamiento a tres de sus oficinas ubicadas fuera de las terminales portuarias.
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