Evalúan cambios a la ley de granos para impulsar seguridad alimentaria en Panamá

La Asamblea Nacional avanza en la discusión de iniciativas legislativas que buscan reconfigurar el esquema de incentivos al sector agropecuario, con el análisis en subcomisión del proyecto de ley 431 de 2025, una propuesta que pretende modificar la Ley 107 de 2013, considerada la base del programa estatal de apoyo a la producción nacional de granos y rubros agrícolas.

La iniciativa se encuentra en fase de evaluación técnica dentro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y plantea ajustes estructurales al programa de incentivos, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la entrega de subsidios, ampliar la cobertura de productos y resolver distorsiones que, según sus proponentes, han limitado el acceso de algunos productores a los beneficios establecidos por la legislación vigente.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la inclusión efectiva del guandú dentro del esquema de incentivos, rubro que, pese a su importancia en la dieta nacional y su presencia en la producción agrícola del interior del país, ha enfrentado barreras para acceder al programa debido a requisitos relacionados con la certificación de semillas.

La propuesta plantea flexibilizar este criterio, permitiendo el uso de semillas no certificadas hasta que el Comité Nacional de Semillas apruebe una certificación formal para este cultivo.

El texto legislativo establece además que el programa se circunscribirá a productos como arroz, maíz, porotos, frijoles, guandú, sorgo, soya, papa, cebolla y tomate industrial, consolidando un catálogo de rubros estratégicos para la seguridad alimentaria y la reducción de la dependencia de importaciones.

También incorpora definiciones técnicas relacionadas con rendimiento por hectárea, seguro agropecuario obligatorio y semilla certificada, con el propósito de uniformar criterios de evaluación para el otorgamiento de incentivos.

Entre las medidas concretas, el proyecto introduce bonos por hectárea cultivada y pagos por productividad, diferenciados por cultivo, así como incentivos específicos para multiplicadores de semillas y productores con sistemas de riego, buscando elevar la competitividad del sector agrícola y promover el aumento de la superficie sembrada.

En paralelo, la discusión legislativa se produce en un contexto en el que otro proyecto, el número 450, ya fue prohijado y avanza hacia su primer debate, con un enfoque que comparte la finalidad de fortalecer el programa de incentivos, pero con diferencias en su alcance. Esta segunda iniciativa propone incorporar el plátano dentro del programa estatal, argumentando su peso en la seguridad alimentaria y su impacto económico en varias provincias del país.

El proyecto 450 establece que el programa perseguirá objetivos como garantizar la autosuficiencia agrícola, contener el aumento de la canasta básica, mejorar la rentabilidad del sector y elevar la competitividad productiva, además de introducir incentivos específicos para productores de plátano basados en niveles de rendimiento por hectárea.

Aunque ambas iniciativas coinciden en la necesidad de reformar la Ley 107 y ampliar el alcance del programa, su diseño revela estrategias complementarias más que excluyentes.

Mientras el proyecto 431 se enfoca en corregir distorsiones operativas y ampliar beneficios a rubros que enfrentan limitaciones técnicas, el proyecto 450 apunta a incorporar nuevos cultivos al esquema de incentivos y reforzar la lógica de seguridad alimentaria desde una perspectiva más amplia.

La subcomisión que analiza el proyecto 431 tendrá la tarea de revisar ajustes técnicos y económicos relacionados con los mecanismos de desembolso de incentivos, así como evaluar la posibilidad de introducir prácticas agrícolas que mejoren el rendimiento frente a los efectos del cambio climático.

En las sesiones participaron gremios de productores, autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Comité Nacional de Semillas y el Instituto de Seguro Agropecuario, quienes presentaron observaciones orientadas a fortalecer la iniciativa.

El debate legislativo refleja la presión existente para modernizar el esquema de incentivos agrícolas en Panamá, en un escenario marcado por desafíos como la volatilidad de precios internacionales, la reducción de áreas cultivadas y la necesidad de aumentar la productividad para garantizar el abastecimiento interno.

El sector agrícola panameño registró en 2025 una producción total de 3.8 millones de toneladas, lo que representó un incremento de 1.3 millones de toneladas frente al periodo anterior, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Este avance estuvo impulsado por cultivos como arroz, maíz, frijoles y sorgo, pilares de la seguridad alimentaria nacional y rubros directamente vinculados al programa de incentivos que busca reformar la Asamblea Nacional.

En el segmento de granos básicos, la producción conjunta de arroz, maíz, frijol y sorgo se ubicó en 11.7 millones de quintales, mientras que la superficie sembrada superó las 127 mil hectáreas, con participación de más de 7,000 productores, concentrados principalmente en provincias con fuerte tradición agrícola como Chiriquí, Los Santos y Veraguas.

Estas cifras dimensionan el peso económico y social de los cultivos incluidos en la discusión legislativa.

En hortalizas y frutales —grupo que incorpora papa, cebolla, tomate industrial y plátano— la producción también mantuvo relevancia en el mismo ciclo 2024-2025, con 60,909 toneladas en hortalizas y 230,873 toneladas en frutales.