El traslado de 10 jóvenes bajo custodia del Estado al Hogar María Auxiliadora de Chitré, provincia de Herrera, generó reacciones en la comunidad azuerense y motivó un pronunciamiento del padre José Héctor González, párroco de la Catedral de Chitré, quien durante un servicio religioso expresó preocupación por el impacto de la medida en la misión original del centro y en las estudiantes provenientes de zonas rurales que residen en el albergue para continuar sus estudios.
El sacerdote afirmó que no se debe “resolver un problema abriendo otro hueco”, en referencia al desplazamiento de alumnas que tradicionalmente ocupaban esas instalaciones.
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Durante su mensaje, trasmitido por internet, el religioso destacó que el Hogar María Auxiliadora cuenta con más de 90 años de labor social, centrada en brindar albergue y apoyo educativo a niñas de familias del interior agrícola, especialmente de la región de Azuero. En ese contexto, sostuvo que la reubicación de los jóvenes generó la salida de algunas estudiantes, lo que calificó como una situación dolorosa para la comunidad.
“No se soluciona un problema abriendo otro hueco”, reiteró, al pedir que las autoridades evalúen alternativas que no afecten el propósito fundacional del centro.
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El sacerdote también aclaró que su postura no implica rechazo a la atención de los jóvenes trasladados, sino un llamado a buscar soluciones integrales.
“No estamos en contra de esos enfermos, merecen la mejor atención”, expresó, pero insistió en que el hogar fue creado con una finalidad distinta y que el Estado podría habilitar otros espacios para atender la emergencia sin alterar la dinámica educativa del albergue. En ese sentido, cuestionó que una institución con trayectoria comunitaria se utilice para resolver una crisis sin considerar sus efectos colaterales.
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El origen del caso se remonta a la visita realizada por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional al Centro de Atención Integral de Tocumen, un recorrido encabezado por la diputada Alejandra Brenes, presidenta de la comisión. Tras esa inspección, se activó una secuencia institucional que derivó en cuestionamientos sobre el funcionamiento del centro y las condiciones de atención de los jóvenes bajo custodia estatal.
Una semana después de la visita, la diputada Brenes presentó una denuncia formal que amplió el debate público sobre la situación de los albergues y abrió la puerta a investigaciones administrativas y judiciales.
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El proceso continuó con un nuevo paso legislativo cuando, una semana más tarde, el pleno de la Asamblea Nacional logró aprobar la citación a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para responder un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con la gestión de los centros de atención.
La citación se concretó tras dos intentos fallidos que fueron bloqueados por partidos políticos, lo que elevó la tensión en el debate parlamentario sobre el sistema de albergues. Aunque la Asamblea aprobó la comparecencia, hasta el momento no existe fecha definida para que la ministra Carles se presente ante el Legislativo, lo que mantiene el tema en desarrollo dentro del ámbito político e institucional.
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El cuestionario aprobado por la Asamblea incluye interrogantes sobre cantidad de albergues activos, procesos de supervisión, sanciones impuestas, perfiles del personal, contratación, auditorías internas, denuncias registradas, medidas correctivas y protocolos de protección.
Las preguntas buscan determinar responsabilidades institucionales desde julio de 2024 hasta la fecha, periodo en el que se habrían acumulado alertas sin respuestas contundentes.
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Entre los puntos clave, se solicita información sobre denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales, procedimientos disciplinarios, irregularidades administrativas, procesos judiciales en curso y seguimiento a víctimas.
En paralelo al proceso legislativo, el Ministerio Público realizó una inspección al Centro de Atención Integral de Tocumen, diligencia que derivó en la orden de traslado de los 10 jóvenes mientras continúan las investigaciones.
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La medida fue presentada como una acción de protección temporal orientada a garantizar condiciones adecuadas de atención, en tanto se esclarecen los hechos que motivaron la intervención estatal.
El padre González señaló que varias jóvenes provenientes de comunidades agrícolas debieron ser reubicadas, lo que, a su juicio, afecta el acceso a oportunidades educativas que el hogar ha facilitado durante décadas. “¿Por qué tiene que ser un hogar que tanto bien ha hecho?”, cuestionó durante su intervención.
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El caso continúa en evolución mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público y el seguimiento legislativo al sistema de albergues.
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