
El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo viajó este jueves a Costa Rica para participar en la asunción presidencial de Laura Fernández Delgado, quien tomará posesión como jefa de Estado el viernes 8 de mayo, en una ceremonia que reunirá a delegaciones de 71 países y 18 organizaciones internacionales, según informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) de Guatemala. El evento, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional de La Sabana, marca el inicio de un periodo de cuatro años para Fernández Delgado, quien asume el poder con una agenda centrada en combatir el crimen organizado y el narcotráfico en su país.
Durante la ausencia de Arévalo en territorio guatemalteco, la vicepresidenta Karin Herrera ejercerá como presidenta interina, según la comunicación oficial. La SCSP informó que no se ha precisado si Arévalo sostendrá reuniones bilaterales con otras delegaciones asistentes durante su estancia en Costa Rica.
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De acuerdo con información, que circula alrededor de la investidura, la ceremonia de traspaso de mando está programada para las 11:00 a. m. (hora local), en la capital San José. Las autoridades de Costa Rica movilizarían a más de 800 agentes de seguridad en un perímetro superior a un kilómetro alrededor del recinto, detalló la SCSP. La convocatoria contará con la presencia de figuras internacionales, entre ellas el rey Felipe VI de España y los presidentes de Panamá, Honduras y República Dominicana, así como representantes gubernamentales y diplomáticos de alto nivel.
Cooperación regional y respaldo internacional al nuevo gobierno
El viaje del presidente Arévalo subraya la importancia de la integración y cooperación centroamericana. El 2 de febrero, Arévalo había manifestado su respaldo público a Fernández Delgado, felicitándola en la red social X y resaltando la disposición de Guatemala para fortalecer los vínculos bilaterales y regionales, según consignó la SCSP.
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La toma de posesión de Fernández Delgado coincide con un momento de fuerte visibilidad internacional para Costa Rica. La organización del evento permitirá la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas, así como de delegaciones extranjeras, en lo que se espera constituya una jornada de amplia representación política y social.
La estrategia de la nueva presidenta contra el narcotráfico y la violencia perfila el tono de su mandato, que comienza bajo intenso escrutinio regional e internacional, ante uno de los mayores desafíos de seguridad del país desde el establecimiento de la Segunda República en 1948.

<b>Laura Fernández Delgado asume la presidencia con el mayor margen en tres décadas</b>
Laura Fernández Delgado, politóloga de 39 años y candidata del Partido Pueblo Soberano, fue elegida presidenta de Costa Rica el 1 de febrero de 2026 con el 48,3% de los votos, el margen más alto registrado en una primera vuelta en los últimos 32 años. Fernández Delgado será la segunda mujer en la historia del país en acceder a la Presidencia, después de Laura Chinchilla, quien gobernó entre 2010 y 2014.
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El mandato de Fernández Delgado se extenderá entre 2026 y 2030. Al recibir los resultados oficiales, la presidenta electa proclamó el inicio de la Tercera República costarricense. Enfatizó: “Lo que se llamó la Segunda República, labrada en 1948, en campos de batalla, anegados con la sangre de nuestros padres y hermanos, ha quedado en el pasado por la voluntad expresa del pueblo de Costa Rica”.
Entre las prioridades que la nueva presidenta llevará al Ejecutivo se cuenta la lucha contra el crimen organizado, en un contexto de deterioro notable de la seguridad pública. En 2025, Costa Rica reportó una tasa de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, el tercer año más violento de su historia reciente. De acuerdo con cifras oficiales compartidas por la SCSP, el 69% de los crímenes fueron adjudicados a sicarios vinculados al narcotráfico y a organizaciones criminales.
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La agenda de seguridad de Fernández Delgado abarca medidas excepcionales, como la suspensión de garantías individuales en zonas críticas y la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Estas propuestas nacen de la creciente preocupación por el avance del crimen organizado en el país centroamericano.
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