Proyecto de ley endurece reglas de gestión y control para asociaciones de padres de familia en Panamá

La aprobación en primer debate del proyecto de ley 328 marca un nuevo intento por ordenar y transparentar el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en el sistema educativo oficial de Panamá. La iniciativa surge en medio de cuestionamientos por irregularidades administrativas detectadas en estos organismos y busca establecer reglas claras sobre el manejo de fondos y la rendición de cuentas.

La propuesta legislativa pretende crear un marco legal unificado que regule la organización, atribuciones y responsabilidades de estas agrupaciones, consideradas actores clave en el apoyo a la gestión escolar.

El proyecto define a las asociaciones de padres de familia como organizaciones voluntarias, sin fines de lucro, integradas por acudientes de estudiantes, cuyo objetivo es colaborar con la comunidad educativa y velar por el bienestar de los educandos.

El documento también resalta que la normativa vigente, basada en decretos de la década de 1980, presenta vacíos legales que han permitido prácticas administrativas cuestionadas.

Entre las irregularidades identificadas figuran gastos injustificados, falta de informes financieros, retiros de dinero sin respaldo documental y ausencia de controles internos, lo que ha afectado la confianza de la comunidad educativa.

Las estadísticas incluidas en la exposición de motivos evidencian el comportamiento de los procesos investigativos relacionados con estas asociaciones. El informe señala que el 34.65% de los casos termina archivado, el 46.53% permanece en fase de investigación, apenas 1% llega a sentencia y otro 1% es remitido a jueces de paz, lo que refleja dificultades en la fiscalización y resolución de denuncias.

Los datos reflejan el alcance de las investigaciones vinculadas a asociaciones de padres de familia. El documento contabiliza 101 casos y ubica a Panamá Oeste como la región con mayor concentración, con 28.71%, seguida por Coclé con 16.83%, mientras Chiriquí y Panamá registran 15.84% cada una.

En la evolución por año, las denuncias aumentaron con fuerza en 2023 y 2024, cuando se reportaron 50 casos en ese bienio, una tendencia que el propio registro describe como “en aumento”.

Ante este escenario, el proyecto introduce mecanismos orientados a fortalecer la transparencia y la supervisión. La iniciativa establece la obligación de presentar informes semestrales y anuales de gestión ante la asamblea general, considerada la máxima autoridad de estas organizaciones, con decisiones de obligatorio cumplimiento para sus miembros.

Además, la propuesta contempla la creación de un comité de fiscalización con participación del Consejo de Delegados, encargado de supervisar el uso de los recursos y garantizar el cumplimiento de las normas internas. También se plantea la obligación de resguardar la documentación oficial en archivos físicos o digitales dentro del centro educativo, reforzando la trazabilidad de las operaciones financieras.

La diputada Patsy Lee, promotora del proyecto, explicó que la iniciativa busca mejorar la organización escolar y fortalecer la rendición de cuentas. Según la legisladora, la norma permitirá un manejo transparente de los fondos aportados por los padres, con controles que aseguren que los recursos se destinen directamente al beneficio de los estudiantes.

El proyecto igualmente incorpora disposiciones relacionadas con la participación democrática dentro de las asociaciones. Se promueve la elaboración de planes de acción, aprobación de gastos extraordinarios y adopción de reglamentos mediante mecanismos participativos, con el objetivo de fortalecer la gobernanza interna.

Otro de los elementos relevantes es la alineación del proyecto con la Constitución panameña. La propuesta desarrolla los artículos 91 y 95, vinculados al derecho a la educación y a la participación de la comunidad en el proceso educativo, lo que refuerza su sustento jurídico.

En su exposición de motivos, el documento destaca el papel histórico de las asociaciones de padres de familia en el apoyo a la educación pública. Estas organizaciones han contribuido a la mejora de infraestructuras escolares, actividades curriculares y extracurriculares, así como a la provisión de apoyos logísticos, lo que las convierte en un componente estratégico del sistema educativo.

Sin embargo, la falta de actualización normativa ha generado inconsistencias que motivaron la presentación del proyecto. La iniciativa plantea que un marco regulatorio moderno permitirá fortalecer la confianza, mejorar la fiscalización y garantizar que la gestión de estas asociaciones responda a criterios de transparencia y responsabilidad.

La aprobación en primer debate representa el inicio del trámite legislativo, que deberá continuar con su discusión en segundo y tercer debate antes de convertirse en ley. De concretarse, la norma redefiniría el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia y establecería nuevos estándares de control en el manejo de recursos escolares.