La oficina encargada de los asuntos de Hong Kong y Macao del Gobierno chino reaccionó públicamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló el contrato de concesión de Panama Ports Company, al considerar que la decisión ignora los hechos, vulnera la confianza y afecta los derechos legítimos de empresas vinculadas a Hong Kong.
El pronunciamiento, difundido en sus canales oficiales, también calificó el fallo como absurdo, vergonzoso y patético, y señaló que se tomarán acciones para proteger los intereses de las compañías chinas involucradas, de acuerdo con información publicada por Reuters.
La declaración se produjo pocos días después de que el pleno de la Corte declarara inconstitucional el contrato que permitía a Panama Ports Company operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
La empresa es filial del conglomerado internacional CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, y había mantenido la concesión durante más de dos décadas, renovada bajo distintos mecanismos contractuales cuestionados por el tribunal.
En medio de este escenario, la embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, abordó el tema durante una visita oficial a la provincia de Los Santos.
Ante consultas de medios locales, explicó que la empresa afectada ya había emitido un pronunciamiento tras el fallo y reiteró que el Gobierno chino respaldará la defensa de los derechos e intereses legítimos de sus compañías, incluyendo el uso de mecanismos legales disponibles.
La diplomática indicó que la empresa considera que la decisión judicial contradice el marco legal bajo el cual se otorgó originalmente la concesión y que, por ello, evalúa las vías correspondientes para proteger sus operaciones. En ese contexto, señaló que China seguirá de cerca el proceso y mantendrá su respaldo institucional a las firmas vinculadas a su país.
El fallo de la Corte Suprema respondió a una demanda que cuestionaba la legalidad del contrato, señalando problemas relacionados con privilegios, falta de competencia, opacidad en renovaciones y ausencia de procesos transparentes.
Los magistrados concluyeron que el acuerdo no cumplía con principios constitucionales fundamentales, lo que obligó al Estado a revisar el modelo de administración portuaria en el área del Canal.
Tras conocerse la sentencia, Panama Ports Company informó que respeta las instituciones panameñas, pero manifestó su desacuerdo con la decisión y anunció que se reserva el derecho de emprender acciones legales para defender sus intereses.
La empresa sostuvo que sus operaciones se desarrollaron bajo marcos jurídicos vigentes y con autorización de las autoridades correspondientes.
En paralelo, el Gobierno panameño activó un plan de contingencia para garantizar la continuidad operativa de los puertos.
Las autoridades informaron que una filial del grupo Maersk, APM Terminals, está en disposición de asumir de forma temporal la administración mientras se define el futuro del esquema concesionario. Esta medida busca evitar interrupciones en la cadena logística y proteger el flujo comercial.
El Ejecutivo reiteró que los servicios portuarios, los empleos y los contratos vigentes se mantendrán sin afectaciones durante el proceso de transición. Además, anunció la conformación de un equipo técnico especializado para supervisar la etapa provisional y preparar los términos de una nueva concesión pública.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que el país actuará con orden, previsión y responsabilidad institucional, y que el proceso se desarrollará sin improvisaciones. Según el mandatario, la prioridad es proteger la plataforma logística y preservar la confianza de los usuarios nacionales e internacionales.
Desde el sector privado, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) respaldó el mensaje del Gobierno y destacó la importancia de la seguridad jurídica y la transparencia en los contratos públicos. El gremio reconoció que existían cuestionamientos de ilegalidad y falta de claridad en las renovaciones anteriores, lo que derivó en la decisión judicial.
APEDE sostuvo que la sentencia no debe interpretarse como un mensaje adverso a la inversión privada, sino como una reafirmación de los mecanismos institucionales para proteger el interés público. Desde su perspectiva, el respeto a la ley y a los procesos formales es la base para generar confianza y sostenibilidad en el largo plazo.
La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, señaló que la reacción del Ejecutivo ha sido clave para transmitir tranquilidad en un escenario sensible. Indicó que el proceso ha sido planificado, sin improvisaciones, y orientado a proteger la continuidad operativa, los empleos y la estabilidad del sistema logístico.
El gremio también valoró positivamente la activación del plan de contingencia y la designación de un equipo técnico encabezado por Alberto Alemán Zubieta, cuya trayectoria aporta credibilidad al proceso de transición. Asimismo, destacó la selección de APM Terminals como operador provisional por su experiencia internacional.
Desde la óptica empresarial, APEDE considera que las empresas exportadoras y los usuarios del sistema portuario no deberían verse afectados por la decisión. Panamá, subrayó, mantiene relaciones comerciales diversificadas, reglas claras y una plataforma logística que continúa funcionando con normalidad.
Finalmente, la organización empresarial hizo un llamado a mantener la comunicación, transparencia y legalidad durante todo el proceso. A su juicio, una conducción responsable permitirá que este episodio se convierta en un referente regional de manejo institucional en contextos de incertidumbre, sin comprometer la confianza de inversionistas y socios comerciales.
Los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company, formaban parte de un paquete internacional de activos que el conglomerado CK Hutchison Holdings evaluaba vender por un monto superior a $22,000 millones.
La operación incluía terminales portuarias, infraestructura logística y participaciones estratégicas en distintos países, y había despertado interés de grupos internacionales vinculados al sector portuario y financiero.
Entre los potenciales compradores figuraban consorcios con presencia en Europa y Estados Unidos, incluyendo empresas relacionadas con BlackRock y operadores portuarios globales, lo que generó una amplia controversia geopolítica.
Durante el proceso, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló públicamente que la presencia de empresas vinculadas a China en las inmediaciones del Canal representaba un riesgo para la seguridad nacional estadounidense, argumentando que el control de infraestructura estratégica en la entrada del paso interoceánico podía tener implicaciones militares y comerciales.
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