Bajo la presidencia pro témpore de Panamá, la Asociación de Estados del Caribe (AEC) realiza esta semana la Conferencia Regional sobre Asistencia Humanitaria y Desarrollo, un espacio orientado a coordinar una respuesta regional frente a la crisis que atraviesa Haití.
La reunión se desarrolla este martes y miércoles en la capital panameña, en un contexto marcado por un déficit crítico de financiamiento internacional y el agravamiento de las condiciones de vida en el país caribeño.
De acuerdo con estimaciones recientes de organismos internacionales, más de la mitad de la población haitiana —alrededor de seis millones de personas— requiere algún tipo de asistencia humanitaria urgente.
La combinación de inestabilidad política, violencia armada, colapso institucional y deterioro económico ha colocado a Haití en el centro de una de las crisis más severas de la región.
Durante la conferencia, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, señaló que la situación en Haití no debe entenderse únicamente como un problema nacional, sino como un desafío regional que afecta la estabilidad del Gran Caribe.
El canciller destacó que el deterioro acelerado de los servicios esenciales, la gobernanza y las condiciones de vida tiene impactos que trascienden las fronteras haitianas, por lo que insistió en la necesidad de una respuesta coordinada.
El Plan de Acción para la Asistencia Humanitaria y el Desarrollo de Haití, que se discute en el encuentro, está enfocado en áreas clave como acceso humanitario, seguridad alimentaria, salud, agua potable, protección de la niñez y mecanismos de financiamiento.
La iniciativa será implementada por un Comité Directivo integrado por diez países y copresidido por Haití y México, con el respaldo de los Estados miembros de la AEC.
La magnitud de la crisis haitiana se refleja con claridad en los indicadores sociales y económicos más recientes. Haití continúa siendo el país con los mayores niveles de pobreza de América Latina y el Caribe.
Estimaciones para 2025 indican que cerca del 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 35% se encuentra en situación de pobreza extrema.
El ingreso per cápita se mantiene entre los más bajos del hemisferio occidental, con una economía que ha registrado años consecutivos de estancamiento o contracción.
El desempleo y la informalidad agravan el panorama. Más de dos tercios de la fuerza laboral se desempeña en actividades informales, sin acceso a seguridad social ni ingresos estables.
La falta de inversión, el deterioro de la infraestructura y la inseguridad han limitado la capacidad del sector privado para generar empleo formal, especialmente en zonas urbanas afectadas por la violencia de grupos armados.
En el ámbito alimentario, Haití enfrenta una situación crítica. Datos actualizados de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria indican que alrededor de 5.7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda en 2025.
De ese total, más de dos millones se encuentran en niveles de emergencia, mientras que cerca de un millón de niños están en riesgo elevado de desnutrición aguda. La interrupción de las cadenas de suministro, el aumento de los precios de los alimentos y la caída de la producción agrícola han profundizado la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.
La crisis de seguridad también ha tenido efectos directos sobre el funcionamiento del Estado. De acuerdo con reportes internacionales, amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones permanecen bajo el control de bandas armadas, lo que ha provocado desplazamientos internos masivos.
Se estima que más de un millón de personas han abandonado sus hogares en los últimos meses, presionando aún más los limitados servicios de salud, educación y agua potable.
En el plano institucional, Haití enfrenta una prolongada parálisis política. El país no ha celebrado elecciones generales desde 2016, y la debilidad de las instituciones ha limitado la capacidad del Estado para ejercer control territorial, garantizar seguridad y ejecutar políticas públicas.
Esta fragilidad institucional ha dificultado la canalización efectiva de la ayuda internacional y la implementación de programas de desarrollo a largo plazo.
La secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza Madrid, afirmó que Haití se encuentra en el centro de una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes en la región. Según explicó, la violencia creciente, los desplazamientos masivos y el debilitamiento de los servicios esenciales obligan a una respuesta coordinada, integral y respetuosa de la soberanía haitiana.
En ese sentido, la AEC ha subrayado la importancia de una colaboración estrecha con organismos del sistema de Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (CARICOM), bancos multilaterales de desarrollo y la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo es evitar la duplicación de esfuerzos y asegurar que los recursos disponibles se orienten de manera eficiente a las áreas de mayor impacto.
La conferencia regional busca, además, reforzar el enfoque de soluciones sostenibles que permitan superar la lógica de la asistencia de emergencia permanente. Entre los temas en discusión figuran el fortalecimiento de la producción agrícola local, la rehabilitación de servicios básicos, el acceso a financiamiento concesional y el apoyo a mecanismos de gobernanza que permitan restablecer capacidades institucionales.
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