Ciberseguridad: lo que el hackeo de USD 6.300 millones le advierte a la Argentina

El ataque a la principal Exchange de criptomonedas del mundo, atribuido a Corea del Norte, no necesitó romper la criptografía. Se movieron USD 6.300 millones de dólares en veinte minutos. Según las compañías de ciberseguridad financiera TRM Labs y Chainalysis, es el robo de criptomonedas más grande de la historia: cuatro veces el que sufrió Bybit en 2025. La Argentina, el país con más uso de cripto en la región, todavía no tiene una Ley de Ciberseguridad ni ninguna otra herramienta para frenar un hackeo de esa naturaleza.

Lo más importante no es el monto, sino cómo se gestó el hackeo. En una primera investigación, Binance identificó el punto de partida en la computadora de un ingeniero de operaciones, que llegó a un servicio interno y pidió retiros que el sistema aceptó como válidos. Según la empresa, no se filtró ninguna clave privada ni se comprometió la matemática que protege a las criptomonedas: solo fue una persona y un pedido de acceso.

Un dato inquietante: días antes del robo, la compañía había anunciado que frenó varios ataques de grupos vinculados a Corea del Norte, en los que se hacían pasar por empleadores para realizar entrevistas de trabajo falsas y realizarles a los candidatos un “test técnico” que instalaba un programa malicioso en su computadora.

¿Quién está detrás del hackeo y por qué debería importarle a la Argentina?

TRM Labs y Chainalysis se lo atribuyen a TraderTraitor, una unidad ligada al régimen norcoreano. La misma que el FBI señaló por el robo a Bybit en 2025. Chainalysis vio en tiempo real cómo los fondos de Binance se mezclaban con los de otro robo, el que había sufrido Bitget en septiembre, también atribuido a Corea del Norte. No es delincuencia común. Según estimaciones de Naciones Unidas, el cibercrimen financia una parte sustancial del programa de armas norcoreano. El hackeo es una herramienta de Estado.

Para la Argentina el caso es de suma importancia, ya que es el país con mayor adopción cripto de América Latina: una de cada cinco personas (según Chainalysis). Millones de argentinos usan billeteras digitales para ahorrar dólares y Binance figura desde 2024 en el registro de proveedores de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, ese registro es solo un control contra el lavado de dinero, no es licencia ni garantiza los fondos de nadie.

La necesidad de una Ley de Ciberseguridad

Ante este panorama preocupante, vuelve a escena una deuda -de tantas- que la Argentina tiene en términos de tecnología. Con el auge de los modelos de IA de código abierto “abliterados” (versiones sin frenos de seguridad), encontrar fallas en el software dejó de ser trabajo de especialistas. A nivel mundial, en septiembre un atacante usó agentes IA para entrar en más de 1200 sitios web y vulnerar 100 empresas, incluyendo la de maquinaria agrícola Deere y la de electrodomésticos SharkNinja.

En lo local, el 20 de octubre renunciaron el director Ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, Ariel Waissbein, junto con su subdirector y el Estado se quedó sin conducción justo cuando hackear se volvió más barato. Tres días más tarde, un ransomware (software malicioso) contra Program Consultores -empresa cordobesa que provee sistemas de gestión- dejó a más de 250 municipios sin poder cobrar tasas ni realizar trámites, debiendo usar bitcoins para resolver el conflicto.

La ciberseguridad tiene que ser una política de Estado y, mientras esperamos por una Ley que no llega, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que el Poder Ejecutivo envió en septiembre al Congreso es un paso necesario, porque incorpora a la protección de infraestructura crítica dentro de las obligaciones del Consejo de Seguridad Nacional -liderado por el presidente e integrado por representantes de la SIDE- que propone crear. Corea del Norte ya demostró que un ataque informático puede ser una política de Estado y la respuesta ante uno también debería serlo.

Es atendible la crítica de opositores al Gobierno que denuncian que la propuesta concentra poder y que el Consejo podría sancionar sin control judicial previo, pero frente a un riesgo de hackeo hoy solo tenemos vacío. Y el caso Binance demuestra que la velocidad de acción es fundamental: un ataque no espera un expediente, los USD 6.300 se robaron en 20 minutos y la primera respuesta fue a los 54. Imaginemos cuánto podría demorar un esquema que requiera autorización judicial previa para actuar. El control tiene que existir, pero después de actuar, no antes.

Además, el Estado necesita capacidad propia. Lo que frenó la sangría en Binance fue la coordinación entre empresas privadas, emisores de monedas estables y analistas, que terminó bloqueando cerca de la mitad de lo robado. El Estado tiene que poder moverse a esa velocidad, y la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) Nacional en 2027 llega tarde.

Hay un hueco todavía más profundo, hoy la Argentina no tiene un proveedor de inferencia (infraestructura que pone a correr la Inteligencia Artificial) que ofrezca modelos con capacidades de ciberseguridad. Los atacantes ya usan agentes de IA y la defensa también los necesita. Si para defendernos dependemos de modelos que corren afuera y con reglas ajenas, la soberanía de la que habla el proyecto del PEN queda a mitad de camino.

La seguridad casi nunca se rompe por la matemática, se rompe por las personas y los procesos. Corea del Norte lo entendió hace años y vive de eso. La pregunta es si la Argentina va a prepararse para frenar cualquier posible ataque.