La exportación que no pasa por la aduana

Cuando crecía en Buenos Aires, mi padre, Carlos M. Varsavsky, fundador y primer director del Instituto Argentino de Radioastronomía, hablaba a menudo de la fuga de cerebros. En mi cabeza de niño me imaginaba un cerebro escapándose de su cuerpo por la ventana, y me reía.

Él lo decía en serio. Los mejores se iban a Estados Unidos o a Europa y Argentina los perdía para siempre. El país pagaba la universidad pública y el rendimiento se lo quedaba otro. Era una transferencia de riqueza de un país pobre hacia países ricos hecha con las mejores intenciones y sin que ninguna estadística la registrara.

Las remesas son la versión invertida de ese mecanismo. Te vas, trabajas fuera y mandas dinero a casa. Marruecos vive de eso: en 2025 los marroquíes residentes en el extranjero enviaron 11.300 millones de euros, un 7,5% del PIB, casi lo mismo que dejó el turismo. El modelo funciona y tiene un precio, porque exige que la gente se vaya.

Argentina está construyendo otra cosa, sin habérselo propuesto como política. Exporta cerebros sin exportar gente, y lo que le entra por esa vía es varias veces todo lo que recibe en remesas.

Muchas décadas más tarde, el chiste de aquel niño describe bastante bien lo que pasa. El cerebro se escapa del cuerpo cada mañana, trabaja en San Francisco o en Austin y vuelve a la hora de cenar. Viaja por Zoom, y el cuerpo se queda en Rosario.

De dónde se sale

El punto de partida era anómalo incluso para los estándares latinoamericanos. Argentina cobraba impuestos por importar y también por exportar.

Un país que grava las importaciones protege a su industria. Un país que grava las exportaciones se queda con la renta de su campo. Argentina hacía las dos cosas a la vez, que equivale a cerrar la puerta de entrada y la de salida y esperar que el aire circule.

Por el lado de entrada, un 30% de impuesto PAÍS sobre cada dólar comprado y sobre casi todo lo importado, más un sistema de licencias previas que en muchos casos hacía que el precio diera igual porque sencillamente no te dejaban traerlo. Por el lado de salida, la soja pagaba un 33% de retención: uno de cada tres camiones que salían del campo era del Estado, y a finales de 2023 los derechos de exportación alcanzaban a 17.229 productos industriales. Y por si alguien pensaba en escapar por lo digital, desde 2019 la exportación de servicios pagaba un 5%, con exención solo para los inscritos en el régimen de Economía del Conocimiento, al que la mayoría de los exportadores de servicios no podía acogerse. Un país que le cobraba peaje al programador por vender su trabajo fuera.

Encima, un control de cambios que impedía comprar dólares con libertad y obligaba a los exportadores a liquidar sus divisas a un tipo oficial muy por debajo del real. Y una inflación que en julio de 2024 marcaba un 263,4% interanual.

Ese conjunto explica cincuenta años de historia argentina mejor que cualquier ideología.

Lo que costó el país cerrado

Ochenta años de puerta cerrada le costaron a Argentina tres cosas a la vez.

La primera, inflación. A finales de 2023 el aumento de precios era del 25,5% mensual y el país iba camino de una hiperinflación, que concentra todo el daño en quien cobra en pesos y no tiene manera de defenderse.

La segunda, pobreza. Ya estaba en el 41,7% al terminar 2023, tocó el 52,9% en el primer semestre de 2024 en los treinta y un aglomerados urbanos que releva el INDEC, unos 25 millones de personas extrapolando al conjunto del país, y bajó después al 38,1%, al 31,6% y al 28,2% en el segundo semestre de 2025, el nivel más bajo desde 2018. Subió doce puntos y bajó veinticinco, y el 28,2% sigue siendo una cifra vergonzosa para un país con esta tierra.

La tercera se cuenta poco y se sufre a diario. Un argentino de clase media vivía fuera de la modernidad. Importar prendas y calzado pagaba un 35% de arancel, y según la comparación que hizo la propia Secretaría de Comercio con nueve países, Argentina tenía la ropa más cara de la región: una camiseta de marca internacional costaba 41 dólares en Buenos Aires frente a 10 en España. Un teléfono pagaba un 16% de arancel más un 19% de impuestos internos. Una videoconsola, un 35%. El resultado era un país donde la gente pagaba el triple por productos peores y viejos, o los traía en la maleta, o los compraba de contrabando. La pobreza cerraba la puerta por un lado y la aduana la cerraba por el otro.

Qué cambió

Nada de esto ocurrió solo. Tiene tres nombres y un mandato que empezó en diciembre de 2023.

Javier Milei puso el marco político y firmó el DNU 70/2023, el decreto de desregulación con el que arrancó todo, y anunció en la Exposición Rural de Palermo, en julio de 2025, la rebaja permanente de retenciones: la soja del 33% al 26%, y el maíz, el trigo y el sorgo al 9,5%. El trigo y la cebada pasaron del 7,5% al 5,5% en junio de 2026, y el decreto 566/2026 eliminó las retenciones a más de 1.400 productos industriales.

Luis Caputo sostuvo el superávit fiscal que hizo posible todo lo demás, dejó vencer el impuesto PAÍS a finales de 2024 en lugar de prorrogarlo, como habría hecho cualquier ministro argentino de los últimos cincuenta años, y levantó el control de cambios en abril de 2025. Una de sus primeras medidas al llegar, eso sí, fue subir ese mismo impuesto del 7,5% al 17,5%, y lo dejó morir dos años más tarde. Sirvió de puente mientras se ordenaban las cuentas: quitar un impuesto que recauda, en un país sin crédito, exige haber recortado antes por el lado del gasto.

Federico Sturzenegger hizo el trabajo menos vistoso y probablemente el más duradero. Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado eliminó el SIRA, el sistema de licencias previas que decidía discrecionalmente quién podía importar, y hasta septiembre de 2025 llevaba emitidas 439 normas que derogaron o modificaron 1.324 normativas y 9.694 artículos. Un arancel se sube y se baja con un decreto. Un aparato de trabas construido durante ochenta años se desmonta artículo por artículo, y eso es lo que se está haciendo.

El resultado se ve en la inflación: la de julio de 2026 fue del 2,1% mensual y del 33,8% interanual, altísima para cualquier país serio y casi una octava parte de lo que era dos años antes.

Cómo se está desmontando

El periodismo cuenta esta reforma como una demolición. Los decretos dicen otra cosa: se está desarmando despacio, y con cuidado de no destruir más de lo que se construye.

El teléfono es el mejor ejemplo. El decreto 333/2025 no eliminó el arancel de golpe. Lo bajó del 16% al 8% en mayo de 2025 y al 0% el 15 de enero de 2026, ocho meses después, para dar tiempo a que el mercado se acomodara. Y en el mismo decreto, mientras el impuesto interno de los aparatos importados bajaba del 19% al 9,5%, el de los fabricados en Tierra del Fuego bajaba del 9,5% al 0%, de modo que el productor local abrió la competencia con una carga menor que antes. Las videoconsolas pasaron del 35% al 20%, que es el arancel común del Mercosur. Se calcula que esos aparatos pueden bajar entre un 25% y un 40%.

El mismo criterio se ve en el campo. Las retenciones de la soja no se eliminaron: bajaron del 33% al 26% en julio de 2025, están en el 24% durante 2026 y tienen un calendario que las lleva al 21% a finales de 2027 y al 15% a finales de 2028. Las industriales siguen un cronograma que debería dejar 143 productos gravados en junio de 2027 frente a los 17.229 de finales de 2023.

Y por eso Argentina todavía cobra por exportar y por importar, que era la anomalía de partida. La agroindustria conserva 1.691 posiciones gravadas y el campo financia con ellas más de la mitad del superávit primario. Del lado de entrada quedan una tasa de estadística del 3% prorrogada hasta finales de 2027, aranceles que llegan al 35% en varias posiciones de ropa, calzado y juguetes, un IVA del 21%, una percepción adicional de IVA del 20% y percepciones de Ganancias e Ingresos Brutos, de modo que traer un producto todavía cuesta entre el 50% y el 85% de lo que vale. La puerta sigue entreabierta, y esa es la decisión, no el fracaso.

Lo que aun así costó

La prudencia no evita el daño. La apertura tiene un problema de contabilidad política: los empleos que sostiene una barrera aduanera tienen nombre, dirección y sindicato, mientras los millones de consumidores que pagan de más por cada camiseta no se organizan. Por eso proteger siempre parece generoso y abrir siempre parece cruel, aunque el reparto sea al revés.

En marzo de 2025 el decreto 236 bajó el arancel de la ropa y el calzado del 35% al 20%, las telas del 26% al 18% y los hilados del 18% a entre el 12% y el 16%. Veintinueve cámaras de la cadena textil firmaron un comunicado conjunto en contra, y tenían razón en el pronóstico. Entre enero y mayo de 2026 la producción textil cayó un 26,5% interanual, frente a un 2,5% del conjunto de la industria manufacturera, y en abril quedaban 95.094 puestos formales en textil, confección, cuero y calzado, 15.468 menos que un año antes. En el mismo periodo, la ropa y el calzado subieron un 11,9% frente a una inflación general del 33,5%.

Ahí están las dos mitades del asunto, en la misma serie: cuarenta y siete millones de personas vistiéndose con precios que suben a un tercio del resto, y quince mil familias sin sueldo. Un precio más bajo no le sirve de consuelo a quien perdió el empleo, y una reforma seria lo reconoce y ayuda a que la gente se mueva hacia donde el país sí puede competir.

Y Argentina puede competir en muchas cosas: granos, carne y vino, petróleo y gas, litio y cobre, maquinaria agrícola, biotecnología, tecnología nuclear y satelital. En confección masiva no, porque compite contra cadenas asiáticas de una escala que no va a igualar. Abrir la economía sirve para averiguar cuál es cuál sin obligar a los argentinos a financiar la respuesta equivocada durante cuarenta años.

Todos sabían que el país podía competir con su tierra, su energía y sus minerales. Lo nuevo es que puede competir con sus cerebros.

La tercera pata

Argentina siempre se explicó por lo que sale de la tierra. Primero cereales y oleaginosas, después petróleo, gas y litio. Vaca Muerta es hoy la promesa más citada del país, y con razón.

Hay una tercera pata que casi nadie menciona en esos términos. Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento cerraron 2025 en 9.600 millones de dólares, un 8,1% más que el año anterior y el máximo de la serie del INDEC. Son ya el 53% de todo lo que Argentina vende al mundo en servicios y el tercer complejo exportador del país, detrás del oleaginoso-cerealero y del petrolero-petroquímico. Sostienen más de 285.000 empleos formales. Argencon, la cámara del sector, eleva la cifra a 10.085 millones en el año móvil de abril de 2025 a marzo de 2026, con cerca de 3.000 millones correspondientes a servicios informáticos.

La diferencia con las otras dos patas está en el capital que hace falta para montarlas. La soja depende de la lluvia y del precio de Chicago. Vaca Muerta necesita miles de millones en tuberías, plantas y años de obra. Un exportador de servicios necesita un ordenador portátil, buena conexión e inglés. Se monta en un año, escala sin capital y sobrevive a las sequías.

El techo está lejísimos. Argentina ocupa el puesto 43 del mundo en exportación de servicios basados en el conocimiento, con el 0,23% de un mercado global que superó los cuatro billones de dólares en 2024. Argencon fija como objetivo de medio plazo llegar a 30.000 millones anuales, es decir triplicar lo actual.

La cuarta pata, la que apenas figura en las estadísticas

Y luego está lo que no pasa por ninguna aduana ni por ninguna empresa argentina.

El Global Hiring Report 2026 de Deel, la plataforma que gestiona contratos y nóminas internacionales y que analizó más de un millón de contratos en más de 150 países, sitúa a Argentina como el país de América Latina que más talento aporta a empresas extranjeras. El primer contratante es Estados Unidos, seguido de México y España. El número de argentinos contratados desde fuera creció un 25% en 2025. El 90% de ellos cobró en dólares y solo un 6% en pesos, y Argentina encabeza el uso mundial de monedas digitales estables para cobrar honorarios, con el 1,2% de las operaciones globales, por delante de Ucrania y de Turquía. Son cifras de una sola plataforma y sirven para ver la dirección del fenómeno mejor que su tamaño.

Son programadores, analistas de datos, contables, diseñadores, especialistas en marketing, gente de recursos humanos y, cada vez más, entrenadores de inteligencia artificial. Las estimaciones más citadas hablan de entre 30.000 y 70.000 personas solo en desarrollo de software contratadas de forma directa por firmas que no tienen oficina en el país. Que el rango sea tan ancho ya dice bastante sobre cuánto se está midiendo esto.

Cuánta gente y cuánto dinero viajan así, entonces.

Sobre la gente, Takenos, la billetera que muchos usan para cobrar, relevó su base de usuarios entre enero y julio de 2026 y encontró que el software y la tecnología son el 34% del conjunto, seguidos de servicios profesionales, salud, educación y marketing. Si el software reúne entre 30.000 y 70.000 personas y es un tercio del universo, el total va de 100.000 a 200.000. La cuenta la hago yo y descansa en que esa base de usuarios se parezca al país.

Sobre el dinero, la mediana de ingresos de quienes cobran del exterior pasó de 1.000 dólares mensuales a principios de 2024 a 1.988 en julio de 2026, y entre los contratados por una empresa extranjera es de 1.800 netos. Multiplicado por ese universo, el trabajo remoto le está entrando a Argentina entre 2.500 y 4.500 millones de dólares al año. El extremo alto supera lo que el complejo sojero entero aportará en retenciones en 2026, unos 3.275 millones según la Bolsa de Comercio de Rosario. Con dos advertencias, sin las cuales la cifra no se sostiene: una parte de ese dinero ya está contada dentro de los 9.600 millones de exportaciones de servicios, y los datos de Takenos describen a los usuarios de una billetera, como su propio informe aclara.

Hay una medición independiente de cuánto se escapa. Argencon calculó que en 2021 unos 1.800 millones de exportación de servicios quedaban fuera de los registros por corresponder a profesionales que cobraban del exterior por circuitos informales, sobre 6.442 millones registrados. Casi tres de cada diez dólares del sector, invisibles.

Ese dinero tenía además motivos para esconderse. El Banco Central permitía a un exportador de servicios individual conservar sin liquidar 12.000 dólares al año, tope que subió a 24.000 en 2024 y a 36.000 en enero de 2025. En septiembre de ese año, la comunicación A 8330 eliminó el límite, la obligación de liquidar al tipo de cambio oficial y las comisiones bancarias por acreditar esas transferencias. Por eso una parte está empezando a hacerse visible: dejó de tener sentido ocultarla.

En teoría, ese trabajo forma parte de la exportación argentina de servicios. En la práctica, buena parte se pierde por el camino: queda fuera de las empresas exportadoras, no genera un contenedor y, cuando se cobra en una cuenta de fuera o en monedas digitales estables, puede quedarse para siempre al margen de la balanza de pagos. Lo que sí ocurre siempre es lo otro. Esas personas viven en Argentina, gastan en Argentina y pagan IVA, alquiler, restaurantes, colegios e impuestos municipales en Argentina. El emigrado de los setenta gastaba su sueldo en Boston y mandaba a casa lo que le sobraba. El programador de Rosario se lo gasta entero en Rosario.

¿Cuánto vale para un país que su mejor exportación no cruce la frontera?

Lo que este dinero no arregla

Nada de esto describe un país próspero. El consumo privado de las Cuentas Nacionales tocó su máximo histórico en el primer trimestre de 2026, mientras el consumo masivo acumula siete meses consecutivos de caída y ronda el 86% del nivel de enero de 2023 según Scentia. Una parte del país compra billete de avión y teléfono nuevo, y otra recorta el carro de la compra.

El perfil de gasto de estos trabajadores encaja con la mitad de arriba. En los datos de la tarjeta de Takenos, el 22,6% va a viajes y alojamiento, y dos de cada tres dólares se gastan por internet. Y el reparto interno es tan desigual como el del país. El 10% que más cobra concentra el 40% del volumen de pagos y el 1% de arriba se queda con el 8,5%. El bolsillo dolarizado existe, es minoritario y dentro de él también hay una punta muy fina.

Hay más. Ese ingreso apenas cotiza: la mayoría factura por el régimen simplificado del monotributo o directamente como independiente, de modo que no financia jubilaciones ni sanidad. El Estado ve el consumo de esos hogares y no ve su ingreso. Y todo el edificio depende de que el tipo de cambio siga permitiendo cobrar fuera y gastar dentro. Si vuelve el cepo, ese dinero se va al circuito informal en cuestión de semanas, y con monedas digitales estables la operación es hoy técnicamente trivial. Añádase que la geografía tampoco es concluyente: cuando se abre el mapa por provincias, la dinámica favorable aparece sobre todo donde mandan el agro, el petróleo y la minería, mientras el conurbano concentra la tensión.

Todo eso es cierto y todo eso es corregible, porque depende de decisiones de política económica. La emigración de los años setenta no se corrigió nunca. Y la fragilidad cambiaria es el mejor argumento que existe a favor de consolidar la apertura.

Qué haría falta para no romperlo

Lo mejor que puede hacer el Estado argentino con esta exportación es dejarla en paz, y eso exige tres decisiones explícitas.

La primera es no tratar el cobro del exterior como una anomalía a fiscalizar. Un régimen simplificado, previsible y con alícuota baja para quien factura servicios fuera recaudaría más que cualquier persecución, porque el coste de emigrar para este colectivo es prácticamente nulo. Quien puede cobrar de California desde Rosario puede cobrar de California desde Montevideo, y el billete cuesta cincuenta dólares.

La segunda es blindar la libertad cambiaria por ley, de modo que reponer un cepo exija mayorías parlamentarias y no un decreto de un martes por la tarde. Cada cepo que Argentina puso castigó a sus industrias exportadoras. Este sector desaparecería más rápido que ninguno, porque su activo cabe en una mochila.

La tercera es la más barata y la más lenta: conectividad e inglés. Cada punto de dominio del inglés en la población joven vale, para este sector, más que cualquier plan de fomento industrial de los últimos cuarenta años.

Argentina pasó medio siglo perfeccionando un sistema para que la gente que sabía se fuera. Hoy tiene otro, construido a decretazos por un gobierno que llegó hace dos años y medio, en el que la gente que sabe se queda y cobra fuera. La exportación con mayor potencial del país no cruza ninguna frontera, y por eso mismo puede desaparecer sin que ninguna aduana se entere.

A mi padre le habría gustado el final del chiste. El cerebro sí se escapa del cuerpo, todas las mañanas, y todas las noches vuelve a dormir a casa.