
El 1 de julio de 1996 marcó un hito en la seguridad social de la Argentina con la entrada en vigencia de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557. Hoy, al cumplirse tres décadas de aquel inicio, no solo celebramos la consolidación de un sistema que protege a 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores, sino que nos encontramos en un momento clave para reflexionar sobre su evolución técnica y su sostenibilidad a futuro.
El sistema de ART es uno de los activos más valiosos del mercado asegurador argentino. Si analizamos los resultados objetivos, los logros son contundentes: es la herramienta central con la que se logró una reducción del 55% en los accidentes laborales y, lo más trascendental, una caída del 81% en los índices de mortalidad laboral.
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Estas cifras no son meras estadísticas; representan vidas preservadas y un entorno de trabajo más seguro y profesional. Por otra parte, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ofrecen respuestas inmediatas y de calidad frente a las contingencias. Los esquemas prestacionales de salud, rehabilitación y recalificación son altamente valorados por todos los actores del sistema. Las prestaciones económicas representan un esquema de compensación equivalente al de las prestaciones de países desarrollados.
A pesar de estos avances, no podemos ignorar los desafíos estructurales que amenazan la sostenibilidad del modelo. El obstáculo más crítico en la agenda actual es la litigiosidad. El aumento sostenido de demandas por incapacidad, ignorando los dictámenes oficiales, sumado a los mecanismos de actualización judicial alejados de los propios parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instalan incentivos que distorsionan el propósito original de la ley, desvían recursos y prestaciones, y generan sobrecostos alarmantes para las empresas.
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Pero hay soluciones y avances. La reciente sanción de la Ley de Modernización Laboral introdujo importantes cambios en la remuneración de los peritos. Otra medida clave es la conformación de los cuerpos médicos forenses indicada en la ley complementaria de Riesgos del Trabajo 27418. Mendoza, Santa Fe y, recientemente, Córdoba. Se trata de tres jurisdicciones clave, que han dado pasos fundamentales en ese sentido. Esperamos que pronto el resto de las provincias que han adherido a la ley regularicen su situación. En la Argentina se debe cumplir la ley.
Desde CIDES, trabajamos intensamente en aportar evidencia y análisis técnico para promover cambios regulatorios que devuelvan la previsibilidad necesaria al sistema.
Estos 30 años nos demuestran que tenemos una base sólida sobre la cual construir pero el desafío para la próxima década es combinar nuestra capacidad técnica con una visión estratégica de vanguardia, combatiendo el fraude y la litigiosidad para garantizar que la protección de los trabajadores argentinos siga siendo una prioridad eficiente y sostenible.
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