La deuda pendiente con las compras públicas

Cada vez que aparece una controversia por una licitación, una compra directa, un presunto sobreprecio o un contrato cuestionado, la discusión pública suele concentrarse en el caso del día. Sin embargo, el problema de fondo es más profundo: la Argentina todavía tiene una deuda estructural con su sistema de compras públicas.

Las contrataciones públicas representan una parte muy importante del gasto público y son una herramienta decisiva para que las políticas públicas lleguen efectivamente a la ciudadanía. De ellas dependen, entre muchas otras cosas, la provisión de insumos hospitalarios, la construcción y mantenimiento de escuelas, la compra de equipamiento y la prestación de servicios esenciales. Por eso, mejorar el modo en que compra el Estado es una discusión central sobre eficiencia, integridad y desarrollo.

Comprar bien implica competencia, mejores precios, menor discrecionalidad y mayor confianza pública. Cuando el Estado compra mal, la ineficiencia, la opacidad o la corrupción terminan afectando la calidad de los bienes y servicios que recibe la sociedad.

El problema no es menor. La contratación pública suele ser señalada por organismos internacionales como una de las actividades estatales más expuestas a riesgos de corrupción, direccionamiento y cartelización. Un dato de la OCDE ayuda a dimensionar el punto: en su análisis sobre casos de soborno internacional, el 57% de los casos se vinculó con la obtención de contratos públicos.

Pero reducir el debate a la corrupción sería insuficiente. En la Argentina, la falta de una política integral de compras también expresa una deuda normativa e institucional. El régimen nacional de contrataciones se apoya principalmente en el Decreto Delegado 1023/2001. Más de dos décadas después, el país sigue sin contar con una ley integral y moderna de contrataciones públicas sancionada por el Congreso.

Esa ausencia no es solo una cuestión formal. Una ley de contratación pública permitiría ordenar el sistema, fortalecer la planificación, acelerar procesos y dar mayor estabilidad institucional a una política clave para el funcionamiento del Estado.

La evaluación MAPS, una metodología internacional para analizar sistemas de contratación pública, fue contundente: el sistema argentino genera muchos datos, pero no logra convertirlos en información oportuna para decidir, monitorear y mejorar las compras públicas. También advirtió sobre la falta de una base consolidada de datos e indicadores estadísticos sobre contrataciones.

Ese diagnóstico revela un punto central: digitalizar no alcanza. La existencia de plataformas electrónicas de compras fue un avance importante, pero el desafío actual es más profundo. No se trata solo de reemplazar papeles por pantallas, sino de construir un sistema capaz de producir información útil, comparable, trazable y reutilizable.

Una reforma moderna debería combinar varias dimensiones. Primero, una ley integral que actualice el régimen y consolide reglas claras. Segundo, mejores datos abiertos, estructurados e interoperables. Tercero, mayor capacidad de planificación y monitoreo. Cuarto, herramientas de alerta temprana que permitan detectar riesgos antes de que los problemas se consoliden. Y quinto, un órgano rector con capacidades suficientes para coordinar, supervisar y orientar el sistema.

Brasil ya avanzó en esta dirección mediante herramientas de alertas tempranas que identifican señales de riesgo en licitaciones y contratos públicos. Estos sistemas no reemplazan el juicio humano ni prueban por sí solos una irregularidad, pero permiten detectar patrones que merecen una revisión más cuidadosa: procesos con muy baja competencia, compras repetidas de bienes similares en períodos breves, uso recurrente de mecanismos excepcionales o posibles vínculos entre oferentes.

La Argentina necesita dejar de pensar las contrataciones públicas como un trámite administrativo y empezar a tratarlas como una política pública estratégica. Porque allí se juega una parte decisiva de la calidad del Estado.

No alcanza con gastar menos. También hay que comprar mejor. Y comprar mejor exige reglas modernas, datos de calidad, competencia real, controles inteligentes y una convicción institucional básica: “cada peso público mal utilizado es una oportunidad perdida para mejorar la vida de los ciudadanos”.