Acuerdo de Escazú: defendamos a las defensoras

En América Latina y el Caribe defender el ambiente sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y las mujeres, especialmente, enfrentan riesgos diferenciados que deben ser atendidos.Las defensoras ambientales no solo se exponen a amenazas por proteger sus territorios. También cargan con violencias específicas por razón de género y con barreras estructurales que limitan su incidencia, que van desde la sobrecarga de cuidados hasta el acceso a espacios de toma de decisión. Sin embargo, "son las mujeres en los territorios quienes sostienen en buena medida las respuestas comunitarias frente a la crisis ambiental“.

Esta realidad se enmarca en una triple crisis que atraviesa la región: una crisis de derechos, una crisis de desigualdad de género y una crisis de desastres agravados por el cambio climático, la contaminación y la degradación del ambiente. Estas dimensiones no operan por separado. Se superponen y se refuerzan, profundizando vulnerabilidades y ampliando brechas. En este contexto, avanzar hacia la justicia ambiental, entendida como la distribución equitativa de los beneficios y cargas ambientales, así como el acceso efectivo a derechos, requiere necesariamente integrar la perspectiva de género y reconocer el papel central de quienes defienden la vida en y de los territorios.

En la región, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, nació, en parte, para responder a esta realidad. Es el único tratado ambiental del mundo que reconoce de forma explícita la protección de las personas defensoras. Y en ese sentido, América Latina y el Caribe no solo ha sido pionera, sino que hoy tiene la posibilidad concreta de marcar el estándar global sobre cómo protegerlas.La oportunidad está abierta. El desafío es aprovecharla plenamente.

Escazú no surge en el vacío. Es el resultado de años del trabajo e incidencia desde sociedad civil, de comunidades organizadas y, en particular, de defensoras que han puesto el cuerpo para visibilizar conflictos invisibles.A partir de ese impulso, la región ha logrado avances relevantes, como planes de acción para personas defensoras, espacios formales de participación pública, procesos abiertos de consulta y un reconocimiento sin precedentes del rol de quienes defienden el ambiente.

Son herramientas concretas, innovadoras y observadas a nivel internacional.Esta posición de vanguardia requiere ahora consolidarse con una implementación que incorpore de forma transversal las necesidades, experiencias y aportes de mujeres y niñas, y que garantice su incidencia plena en estos procesos.

Hablar de género y ambiente implica reconocer que los impactos ambientales no son neutros, que afectan de manera distinta a mujeres y hombres debido a desigualdades preexistentes. También es reconocer que las mujeres son más que víctimas de la crisis ambiental, son agentes clave de soluciones. Integrar esta mirada permite diseñar políticas más justas y, al mismo tiempo, más efectivas.

Cada dos años, las Conferencias de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú marcan el rumbo de su implementación. La COP4, que se celebra en Nassau, Bahamas, es un momento clave para pasar de los compromisos a acciones concretas.En esta edición, uno de los avances más relevantes será la presentación de la Guía para transversalizar la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú. Su importancia es clara: ofrecer criterios prácticos para integrar la igualdad en políticas, hojas de ruta nacionales y mecanismos de reporte y seguimiento. Su impacto, sin embargo, dependerá de cómo los Estados la adopten y la lleven a la práctica.

Escazú no solo reconoce el derecho a participar. En tanto tratado vinculante, establece obligaciones concretas para los Estados, incluyendo la responsabilidad de garantizar condiciones reales para que esa participación sea efectiva, informada e inclusiva.

En este proceso, desde ONU Mujeres, en alianza con CEPAL y en articulación con los Estados, trabajamos directamente con defensoras ambientales para fortalecer redes, intercambiar experiencias y potenciar sus capacidades de incidencia. "Estos espacios permiten que mujeres diversas de toda la región, aquellas de comunidades indígenas, rurales y campesinas, afrodescendientes, jóvenes, mayores, migrantes, con discapacidades, no solo participen, sino que tengan incidencia real en las decisiones“.

El objetivo es que esa incidencia se refleje tanto en los acuerdos regionales como en su implementación en los territorios, donde Escazú se juega realmente.Si algo ha demostrado Escazú es que la región puede innovar en lo normativo. Ahora tiene la oportunidad de liderar también en la implementación.

Esto implica llevar el acuerdo al nivel territorial, donde las defensoras enfrentan riesgos concretos, pero también donde se construyen soluciones sostenibles.Implica, también, cerrar la brecha entre lo acordado y lo que efectivamente cambia en la vida de las personas.

Paralelamente, el Plan de Acción de Género de Belém (GAP III) adoptado en la Conferencia de las Partes número 30 sobre Cambio Climático (COP30) en noviembre de 2025, marcó un hito en la integración de la igualdad de género en la acción climática global, abriendo oportunidades para avanzar en temas indispensables como la violencia, el reconocimiento de los cuidados en el contexto del cambio climático y mejorar la seguridad, protección y apoyo de las mujeres defensoras del ambiente para que puedan participar de forma plena, genuina e igualitaria en la gobernanza y políticas climáticas.

En este sentido, Escazú ha colocado a América Latina y el Caribe en el centro de la conversación global sobre ambiente, clima y derechos humanos. Ese liderazgo regional es una oportunidad para poner en el centro a las defensoras, "garantizar la participación efectiva de una sociedad civil diversa y transversalizar la perspectiva de género“. Pues esas son las condiciones para que el acuerdo funcione de manera efectiva y justa.

La región ya demostró que puede abrir camino. Ahora tiene la posibilidad de consolidarlo, al tiempo que sienta precedente para que la protección de quienes defienden el ambiente no sea solo una promesa, sino una realidad y una garantía.