
En repetidas oportunidades la política suele estancarse en los debates de la coyuntura, en la abrumadora inmediatez de lo cotidiano y en las dificultades que nos plantea ponernos de acuerdo entre pares por la pertenencia a uno u otro partido, mientras pasan cosas que alteran realmente a la sociedad.
Hoy es una buena oportunidad para superar esos escollos que nos creamos y comenzar a plantear un debate que nos atraviesa profundamente y que es de lamentable actualidad.
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El Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil se celebra cada 25 de abril para visibilizar la violencia que afecta a millones de niños y adolescentes y para sensibilizar a la comunidad mundial acerca de la necesidad de prevenirla y erradicarla.
En los últimos tiempos, los argentinos hemos sido testigos de distintos casos de violencia hacia niños o que involucran a adolescentes que, por lo repetidos, no nos dejan de azorar.
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Estamos ante una situación que nos obliga a replantearnos si mantener todo como está es el camino. Involucrarse en política siempre tiene que servir para cambiar y buscar mejorar la vida de todos, por eso es imperioso y obligatorio buscar modificar esta triste realidad.
Las estadísticas claramente indican que los casos de violencia hacia los chicos han ido aumentando. Frente a estos datos, la protección de la infancia nos exige una respuesta institucional contundente.
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Ese crecimiento exponencial de la conflictividad y el aumento de los casos de violencia que vulneran a los más jóvenes no son números fríos, son heridas abiertas en nuestra sociedad. La inacción tiene un costo irreparable.
Es verdad que no es un tema novedoso, ni que puede tomarnos por sorpresa. Desde que inicié mi gestión en el Senado, la protección de la niñez ha sido un eje rector de mi agenda. Y de la de tantos otros representantes, seguramente.
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Ya en 2023, junto a la Dra. Agustina Díaz Cordero, actual vicepresidente del Consejo de la Magistratura, comenzamos a impulsar dos iniciativas que no buscan poner parches, sino brindar soluciones estructurales.
Por un lado, nuestro proyecto para la erradicación de la violencia en la infancia y adolescencia, que propone una mirada integral. Entender la violencia hoy implica reconocer que el maltrato físico es solo una parte de un problema mucho más complejo que incluye la violencia psicológica, el abandono, el acoso escolar y, especialmente, los nuevos desafíos del ciberacoso. Necesitamos un Estado presente en la sensibilización, en la detección precoz y, fundamentalmente, en la reparación.
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Pero hasta las mejores leyes no lograrán ser eficaces si la Justicia no cuenta con las herramientas necesarias para aplicarlas con celeridad y sensibilidad.
Por ello, nuestra segunda propuesta se enfoca en el fortalecimiento de la Justicia con competencia exclusiva en familia y niñez. No se trata solo de crear organismos, sino de transformar la estructura judicial: necesitamos fueros especializados, defensorías preparadas y equipos interdisciplinarios, que incluyan a psicólogos y psiquiatras, que comprendan que los procesos judiciales que involucran a menores no pueden tratarse como un expediente administrativo más.
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Estos son sólo dos proyectos de muchos que pueden sumarse a la discusión. Se trata de iniciativas vigentes, trabajadas desde lo técnico y con el aporte de nuestra experiencia en diferentes roles. Están a disposición para que sean debatidas y perfeccionadas.
La protección de los niños y adolescentes es un terreno donde la “grieta” no debería tener lugar.
Proteger a la infancia con leyes concretas y específicas, que verdaderamente escuchen a los niños, es construir un mejor porvenir para ellos, pero también robustecer los cimientos de la Argentina que aspiramos a ser.
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Demorar el debate es, lisa y llanamente, dejar desprotegido al eslabón más vulnerable de nuestra comunidad.
Es hora de que desde el Congreso prioricemos lo que realmente importa, para cuidar debidamente a quienes no pueden cuidarse por sí solos, fortalecer los lazos de la comunidad y sentar las bases fundamentales de nuestro futuro.
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