La reforma laboral y la verdadera discusión: derecho vs. generación económica

Argentina lleva décadas discutiendo la necesidad de una reforma laboral. Incluso ahora que finalmente se sancionó la reforma de la Ley 20.744, la disputa se ha vuelto más virulenta. Esta discusión siempre evita el punto central: nuestro sistema jurídico, concebido para proteger al trabajador, ha terminado generando el efecto contrario, expulsándolo del empleo formal.

No se trata de una afirmación ideológica, sino de una constatación empírica. Allí donde el Derecho del Trabajo debía garantizar acceso al empleo, lo que generó fue una creciente informalidad, una litigiosidad estructural y un temor generalizado a contratar. El problema no es la protección. El problema aparece cuando la protección se vuelve incompatible con la realidad económica.

En los últimos cincuenta años, la protección” otorgada se tradujo en una colección de privilegios incompatibles con la creación de empleo. Un derecho laboral que no puede ser cumplido en condiciones normales deja de ser un sistema jurídico y pasa a ser una ficción.

Durante años, el enfoque dominante ha puesto el acento casi exclusivamente en el conflicto. Se parte de la premisa de que la relación laboral es, por definición, un campo de tensión en el que el empleador debe ser controlado, limitado y eventualmente sancionado. A partir de allí, se construye un entramado normativo que, en muchos casos, desconoce por completo cómo funciona una empresa real.

El resultado es un Derecho que no describe la realidad, sino que intenta imponerle un modelo abstracto, muchas veces inviable.

Hay además un aspecto más profundo que explica este fracaso. El centro de la discusión ha dejado de ser el trabajo y ha pasado a ser la pelea política. Se habla de lo que “le sirve al Gobierno” para cuestionar la reforma, ocultando la aversión que muchos sienten hacia las empresas. El rechazo a toda reforma laboral se convierte en una bandera política que está desconectada de la realidad.

Fracasada la oposición política en el ámbito natural del debate democrático, es decir, el Congreso, la discusión se ha trasladado a los tribunales. Lo que no se logró allí se intenta obtener mediante una proliferación de planteos de inconstitucionalidad, que en su mayoría solo posterga una definición que finalmente corresponderá a la Corte Suprema. Mientras tanto, esto genera la continuidad de la incertidumbre laboral de millones.

Cuando el trabajo se utiliza como instrumento de disputa ideológica, deja de ser una realidad económica para transformarse en un discurso. El empleo no se crea en los discursos ni en las protestas, a veces violentas, en las plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Se habla del trabajador, del Estado, de los derechos, de las garantías. Pero rara vez se mencionaba a la empresa como la entidad capaz de generar empleo a gran escala.

Como afirmó el ex primer ministro británico Winston Churchill: “Algunos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar; pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”.

Sin empresa no hay trabajo. Esta afirmación, que debería ser evidente, ha sido sistemáticamente ignorada. Cuando el sistema jurídico ignora su presupuesto básico, termina produciendo lo que pretende evitar.

Un régimen laboral excesivamente rígido, con costos imprevisibles y una litigiosidad que en muchos casos se transforma en industria, no protege al trabajador: desalienta la contratación. Y cuando se desalienta la contratación, el resultado no es más protección, sino menos empleo.

La consecuencia es visible: millones de personas fuera del sistema formal, sin derechos, sin cobertura, sin estabilidad. Lo contrario de lo que el sistema dice defender.

Proteger mejor el trabajo no es agregar capas de privilegios rígidos, sino generar condiciones para que más empresas demanden trabajadores y para que más personas accedan a empleos dignos.

No hay una contradicción entre trabajador y empresario, sino entre un sistema que genera empleo y uno que lo destruye.

El autor es Abogado – Especialista en Asesoramiento de Empresas