
Argentina necesita imperiosamente crecer, y hacerlo de manera sustentable. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no lo es todo. Los inversores globales buscan territorios con reglas claras, recursos estratégicos y articulación público-privada. Durante años, la Argentina quedó fuera del radar de los grandes capitales debido a los vaivenes en la coyuntura interna.
Hoy ese escenario empieza a cambiar. Se advierte en el interés que despertó la experiencia de Argentina Week en Nueva York entre inversores y líderes empresariales internacionales, y también en la afirmación del ministro de Economía Luis Caputo durante la apertura del Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, que sintetiza el mensaje que el país intenta transmitir: “Hay estabilidad por decisión política, no por accidente”.
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Más allá de lo retórico, para los inversores la prioridad es saber si esa estabilidad será sostenida en el tiempo y si el propósito de transformarla en crecimiento es real.
En ese punto, Mendoza aparece como un caso particularmente interesante. Su matriz productiva combina cadenas tradicionales competitivas, lideradas por la vitivinícola y la agroindustrial, con nuevas oportunidades relacionadas con recursos naturales, infraestructura, talento técnico y una tradición exportadora consolidada.
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No es casual que el Foro de Inversiones haya reunido a más de 800 líderes empresariales.
Tenemos, sin embargo, desafíos que no podemos dejar de reconocer. Un estudio reciente del Consejo Empresario Mendocino muestra que en la provincia existen apenas 12 empresas registradas cada 1.000 habitantes, un número muy por debajo al de países vecinos como Chile. El dato pone en evidencia el camino que tenemos por delante.
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A su vez, la actualidad argentina ya no se circunscribe al análisis de las variables macro, involucra también la capacidad de escalar proyectos en las distintas ramas de la actividad económica. Bajo ese prisma, se jerarquiza un factor central: la confianza.
Las decisiones que impulsan el crecimiento, sea para invertir, contratar trabajadores o expandir negocios, dependen en gran medida de la salud del vínculo entre los particulares y las instituciones. Cuando esa confianza se debilita, la informalidad y el descrédito de las reglas enrarecen el clima productivo.
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En el caso de América Latina, estudios internacionales advierten que apenas 1 de cada 10 personas confía en los demás; en tanto, esa proporción asciende a 4 de 10 en países de la OCDE. Tal distancia no es solo cultural, tiene consecuencias directas sobre la capacidad de las sociedades para impulsar el desarrollo.
Por eso, cuando hablamos de atraer inversiones no nos referimos únicamente a incentivos o a marcos regulatorios, sino a la construcción de instituciones sólidas, previsibilidad y consensos básicos que permitan planificar a largo plazo.
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La transición energética global ofrece un ejemplo claro de esta oportunidad. La demanda de minerales, energías limpias y eficiencia está redefiniendo el mapa de inversiones en América Latina. Aquellas provincias que cuentan con recursos naturales, capacidades y reglas de juego claras pasan a ocupar un lugar privilegiado en el nuevo horizonte.
Otra variable fundamental es la continuidad de las políticas públicas. Muchos programas en infraestructura, minería o energía se planifican a 20 o 30 años. Por eso, más allá de los grandes anuncios, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que realmente se está evaluando es si Argentina puede construir previsibilidad.
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El desafío no es menor, pero la oportunidad es significativa. Y Mendoza está mostrando que esas condiciones pueden empezar a alinearse en la Argentina.
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