Usar el peso hoy, dudar de mañana: superávit fiscal y orden social en la Argentina actual

Los últimos datos del índice de Confianza Social en la Moneda (ICSM) revelan una combinación que ayuda a entender el momento económico y político que atraviesa la Argentina. Por un lado, reaparece un frente de preocupación asociado a la aceleración inflacionaria y a la caída de las expectativas sobre la capacidad del gobierno de Javier Milei para controlar el valor futuro del peso. Por otro lado, mejora la confianza en la moneda en sus usos cotidianos: como medio de pago, unidad de cuenta y, en menor medida, como reserva de valor.

Esta divergencia no es contradictoria. Más bien expresa una característica histórica de la relación de los argentinos con su moneda: la confianza en el dinero no es una dimensión única. Puede mejorar en la vida económica diaria mientras persisten dudas sobre su estabilidad de largo plazo.

Hoy el peso parece recuperar cierta normalidad en las transacciones cotidianas. La relativa estabilidad cambiaria y una inflación que, aunque todavía elevada, se ha vuelto más previsible que en momentos recientes permiten que la moneda vuelva a cumplir algunas de sus funciones básicas en la organización de la vida económica.

Sin embargo, esa normalización convive con una pregunta abierta sobre el futuro. La aceleración inflacionaria reciente vuelve a instalar dudas sobre la capacidad del gobierno para sostener el control de los precios y preservar el valor del peso en el tiempo.

El resultado es una situación ambivalente: los argentinos pueden volver a usar el peso, pero todavía dudan de su porvenir.

Esta configuración también permite entender el clima social actual. Existe un malestar económico evidente, producto de la caída de ingresos en distintos sectores y de los costos del ajuste. Pero ese malestar no se ha transformado —al menos por ahora— en una crisis social generalizada.

En la historia argentina, las crisis sistémicas suelen aparecer cuando se produce una desorganización monetaria abrupta. Hiperinflaciones, corridas cambiarias o colapsos del sistema de precios generan un tipo de crisis que afecta simultáneamente a toda la sociedad y erosiona rápidamente la autoridad del Estado.

Mientras ese escenario no se produzca, el conflicto tiende a permanecer fragmentado. Puede haber tensiones distributivas intensas, protestas sectoriales o deterioro de condiciones sociales, pero no necesariamente una crisis general del orden económico.

En este punto aparece el papel político del superávit fiscal. Más allá de las discusiones doctrinarias, el énfasis del gobierno en el equilibrio de las cuentas públicas funciona también como una estrategia de estabilización del orden social. Al reducir la expectativa de financiamiento inflacionario del Estado, el superávit busca disminuir la probabilidad de una crisis monetaria que desencadene un desorden económico general.

El ajuste no elimina el conflicto social, pero puede cambiar su forma: en lugar de una crisis sistémica, aparecen conflictos sectoriales. La tensión social se distribuye en distintos frentes sin converger necesariamente en un cuestionamiento general del orden económico.

Los datos del ICSM permiten observar justamente ese delicado equilibrio. El peso recupera cierta funcionalidad en la vida cotidiana, mientras la confianza en su estabilidad futura sigue siendo frágil. En ese espacio intermedio se juega buena parte de la estrategia política actual: evitar una crisis monetaria que transforme el malestar social en una crisis general del orden económico.

La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo puede sostenerse ese equilibrio inestable: una moneda que vuelve a circular con cierta normalidad en una sociedad que todavía no termina de confiar en su destino.

EL autor es decano de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (EIDAES - UNSAM)