Cuando el odio no se frena, se convierte en violencia: una advertencia que el Estado no puede seguir ignorando

El antisemitismo no es una exageración discursiva ni una opinión incómoda. Es un fenómeno histórico, reiterado y peligrosamente previsible. Nunca irrumpe de golpe: se infiltra. Comienza con insinuaciones, con teorías conspirativas, con frases ambiguas que no nombran pero señalan. El “todos sabemos quiénes son” jamás fue inocente. Es una técnica discursiva probada para instalar culpabilidad colectiva sin asumir responsabilidad directa.

La Argentina supo, durante muchos años, mantenerse relativamente al margen de los brotes más violentos de judeofobia que hoy atraviesan con crudeza a distintos países del mundo. Esa tradición de convivencia y pluralismo no es un blindaje eterno. Es una construcción frágil que requiere vigilancia activa. Cuando determinados discursos empiezan a circular con naturalidad, el problema ya no es una opinión aislada: es el clima social que se empieza a consolidar.

En las últimas semanas se han multiplicado expresiones que no pueden seguir siendo minimizadas. En algunos casos, los mensajes fueron directos, explícitos, y luego acompañados por pedidos públicos de disculpas. Es necesario decirlo con absoluta claridad: el pedido de disculpas no borra el hecho. No lo borra jurídica ni socialmente. Cuando se configura un acto discriminatorio o una incitación al odio, no estamos frente a un conflicto privado ni a un exceso verbal: estamos frente a un delito. Y, además, frente a un delito de acción pública.

La legislación argentina es contundente. La Ley 23.592 establece que la discriminación, la incitación al odio y la persecución por motivos religiosos o identitarios constituyen conductas penalmente reprochables. Precisamente por su gravedad institucional, estos hechos no dependen de la voluntad de la víctima ni se extinguen por un arrepentimiento posterior. No son delitos de acción privada. Son conductas que lesionan a la sociedad en su conjunto y que obligan al Estado a actuar.

En otros casos —quizás más sofisticados, pero no menos peligrosos— el mecanismo fue distinto: no nombrar, insinuar, sugerir. Frente a tragedias como los incendios en el sur del país, se afirma que “son intencionales” y que “todos saben quiénes están detrás”. Esto no constituye una hipótesis técnica ni una investigación seria. Es la activación deliberada de un imaginario histórico profundamente dañino, que en la Argentina tiene antecedentes claros y consecuencias conocidas.

Resulta particularmente grave que estos mensajes provengan de figuras con enorme alcance: streamers de los más conocidos del país, conductores y directores de algunos de los canales de streaming más influyentes de la Argentina. La masividad no es un dato accesorio: multiplica el daño. Quien comunica ante cientos de miles de personas no lo hace desde un lugar neutral. Construye sentido, legitima percepciones y habilita reacciones.

Aquí se impone una pregunta incómoda pero necesaria. ¿De verdad debemos creer que este tipo de discursos surge de manera ingenua, espontánea o meramente emocional? La experiencia internacional demuestra que, en numerosos casos, la difusión sistemática de narrativas antisemitas o conspirativas ha sido promovida, incentivada o financiada por actores estatales o privados con intereses concretos en la desestabilización social y en la hostilidad hacia la comunidad judía. Estas influencias no se presentan con contratos ni recibos, pero su lógica y su reiteración permiten, cuanto menos, descartar la ingenuidad como explicación suficiente.

Plantear esta hipótesis no implica formular una acusación individual ni atribuir responsabilidades sin prueba directa. Implica, simplemente, dejar de ser ingenuos como sociedad. Cuando ciertos mensajes se repiten, se amplifican y se alinean con narrativas de odio que ya han sido utilizadas en otros países y otros contextos, el interrogante sobre su origen y finalidad deja de ser conspirativo para convertirse en una cuestión de prudencia democrática.

La apelación a fines solidarios —como campañas de recaudación de fondos— no neutraliza este problema. La bondad de un objetivo no borra el efecto de un discurso. Cuando, en paralelo, otros actores comienzan a nombrar de manera abierta a “judíos” o “israelíes”, mezclando irresponsablemente religión, identidad y Estado, esos mensajes indirectos funcionan como combustible. No desarman el odio: lo ordenan, lo canalizan y lo vuelven socialmente tolerable.

La confusión deliberada entre judaísmo e Israel, entre religión y nacionalidad, no es un error ingenuo. Es uno de los mecanismos clásicos del antisemitismo contemporáneo. Y cuando se instala en el debate público, aun de manera fragmentada o elíptica, el riesgo es concreto: la estigmatización de toda una colectividad.

Aquí aparece una omisión que ya no puede seguir siendo ignorada. Si estos hechos constituyen delitos de acción pública —y lo son—, la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal es jurídicamente inadmisible. La ley no solo habilita: exige la actuación de oficio. No se trata únicamente de imponer penas privativas de libertad. El derecho penal moderno prevé salidas alternativas, sanciones, medidas reparatorias, restricciones y mecanismos institucionales capaces de frenar estas conductas antes de que escalen.

No intervenir tiene consecuencias. El discurso de odio que no se sanciona crece. El mensaje que no encuentra límite se normaliza. Y cuando eso ocurre, el paso siguiente deja de ser simbólico.

Aquí cabe una pregunta que la Argentina no puede seguir eludiendo: ¿qué estamos esperando? ¿Que el odio vuelva a traducirse en muerte? Nuestro país ya conoce demasiado bien ese camino. Sufrió atentados terroristas que marcaron su historia reciente: el ataque a la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA y, años después, la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuyo aniversario se conmemora en estas fechas. La historia no nos habilita a la indiferencia.

A estos antecedentes se suman hechos más recientes: agresiones violentas, tentativas de homicidio, ataques a menores, episodios de hostilidad que generan temor cotidiano por el solo hecho de profesar una religión. Casos ocurridos en distintas provincias, en espacios públicos y ámbitos educativos. No son hechos aislados. Son señales.

La libertad de culto está expresamente garantizada por la Constitución Nacional. No es una concesión cultural ni un privilegio. Es un derecho fundamental. Y cuando una comunidad comienza a vivir con miedo por su identidad religiosa, el problema deja de ser comunitario y pasa a ser institucional.

Europa ofrece hoy ejemplos claros de lo que ocurre cuando estas advertencias no se toman en serio. La Argentina todavía está a tiempo de no recorrer ese camino. Pero eso exige algo más que declaraciones ocasionales o disculpas tardías. Exige acción estatal, compromiso judicial y una comprensión clara de que prevenir no es exagerar.

Advertir no es censurar. Intervenir no es perseguir. Es cumplir con el deber básico del Estado de Derecho: impedir que el odio —primero verbal, luego simbólico y finalmente físico— vuelva a encontrar terreno fértil.