Durante el último año en el poder, Donald Trump ha realizado una escalada en cuanto al eventual uso del instrumento militar que muestra tres etapas bien definidas.
La primera estuvo centrada en apoyar la democratización y tuvo como acción principal el respaldo a Corina Machado, líder indiscutida de la oposición. El reconocimiento de su candidato electo, Edmundo González Urrutia, fue una pieza concurrente. El apoyo de Estados Unidos y sus aliados a la elección de Machado como Premio Nobel de la Paz jugó también un papel en esta estrategia. La idea era que una fuerte presión internacional precipitara movimientos políticos internos y populares a consecuencia de ello, que produjeran un cambio de régimen, ya fuera cruento o incruento.
Esta primera fase no tuvo éxito. Es que la inteligencia estadounidense seguía viendo la situación del gobierno de Nicolás Maduro como la caída de los regímenes comunistas a comienzos de los ‘90 o la compleja y transitoria cadena de cambios de régimen en el mundo árabe a comienzos de la segunda década de este siglo. De no haber actuado Trump militarmente, el tiempo estaba transformando a Venezuela en una nueva Cuba cuyo régimen ya lleva 67 años, pese a la sistemática oposición de Estados Unidos y el mantenimiento de su bloqueo.
La segunda etapa, que comienza a ejecutarse el 2 de septiembre -tras el despliegue previo de tropas-, se materializó en el concepto del “narcoterrorismo”. De acuerdo al mismo, los dos carteles de la droga adjudicados al régimen de Maduro (el de los Soles y el Tren de Aragua) entran en esta caracterización, que de acuerdo a la mirada de Washington pueden ser atacados militarmente por constituir una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos por las muertes de ciudadanos norteamericanos que produce el uso creciente de drogas como el fentanilo y otras.
Se buscaba aplicar al régimen de Maduro el mismo tipo de medidas que se usaron contra el terrorismo islámico en las dos primeras décadas del siglo XXI tras el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono. En esta segunda etapa se incrementa el despliegue militar con la participación del portaaviones Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, y aumentan los buques de acompañamiento y patrullaje, las tropas de desembarco y los aviones de combate. También se establecen bases para el emplazamiento de estos efectivos en Trinidad Tobago, Puerto Rico y República Dominicana. Este paso marcó una escalada importante desde el punto de vista militar. Más de un centenar de muertos, treinta y tres hundimientos de pequeñas embarcaciones y la captura de tres buques petroleros que transportaban ilegalmente petróleo hacia China desde el punto de vista estadounidense -el 80% del crudo venezolano tiene como destino a aquel país-, fueron marcando el ritmo de la escalada militar.
Pero el concepto estratégico más importante es que en esta fase Estados Unidos ha actuado como potencia bioceánica, al desarrollar operaciones contra Venezuela tanto sobre el Atlántico como sobre el Pacífico. Ya lo había dicho en 2010 el entonces vicepresidente Joe Biden en una conferencia bilateral con China: “Estados Unidos es y seguirá siendo la única potencia del Pacífico”, dando por descontado que en el Atlántico también lo es.
La tercera etapa se concreta desde diciembre de 2025. El propio Trump comenzó a decir que Estados Unidos tenía derecho a apropiarse de la reserva de petróleo venezolano -la más grande del mundo- como reparación a la estatización del crudo realizada en 1967 por el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Según la tesis del presidente estadounidense, este país debe apropiarse de estas inmensas reservas como reparación a las inversiones perdidas hace más de medio siglo.
Esta tercera etapa define una situación nueva pero completa las dos anteriores. Una eventual acción estadounidense contra Venezuela en el campo militar tiene así tres fundamentos: la democratización de una dictadura, la represión del narcoterrorismo y la compensación económica por la expropiación ilegal de instalaciones petroleras.
No parece así quedar demasiado espacio para postergar un ataque terrestre, que definiera la situación y produjera por la vía militar el objetivo que la política y la diplomacia no podían lograr. Estados Unidos tiene once portaaviones en servicio, pero están desplegados en forma permanente sólo cuatro (los restantes permanecen en mantenimiento o adiestramiento). Por eso el portaaviones trasladado al Caribe estaba en el Mediterráneo Oriental, previendo su empleo cerca de Gaza si fuera necesario. Pero la escalada frente a Venezuela obligó a su traslado.
Mirado desde esta perspectiva, el despliegue frente a Venezuela alcanzaría hoy a la cuarta parte del poder naval estadounidense operativo en el mundo. Ello se debe a que el desplazamiento de un portaaviones implica el de su grupo de apoyo de naves complementarias y uno o varios grupos de desembarcos con sus buques propios.
Las tres etapas de la escalada comenzaban a plantear la duda sobre cuán importante y efectivo es el poder militar de Estados Unidos para cambiar un régimen como el venezolano, cuya población representa sólo el 9% de la población estadounidense. Cada día que pasaba estas dudas sobre la efectividad militar de Washington aumentaba, en momentos en que Trump multiplica sus gestiones de paz que necesitan la herramienta militar como instrumento para alcanzar ese objetivo.
El tiempo empezaba a jugar contra Estados Unidos. Es que la supremacía militar es una herramienta diplomática central de Trump para apoyar sus negociaciones y gestiones internacionales. Si en el caso de Venezuela el despliegue militar estadounidense no se utilizaba frente al desafío chavista, esto comenzará a deteriorar el efecto de “disuasión” que genera la presencia militar de Washington.
En definitiva, si el despliegue militar no resulta eficaz para resolver el problema, comenzaba a producir desgaste. Pero el anuncio de Trump de que las fuerzas aeronavales estadounidenses habían realizado el primer ataque terrestre sobre supuestas instalaciones del narcotráfico en Venezuela, constituyen un paso más en la escalada bélica de este conflicto, que preanunció el que ha tenido lugar con la detención de Maduro.
Pero no es una crisis resuelta ni terminada. La oposición quiere tomar el poder avalada por su triunfo electoral desconocido por Maduro, pero no está claro cómo lo hará y con qué fuerza gobernará. El régimen se mantiene, la Vicepresidenta Delcy Romero se encuentra en Rusia desde hace varios días. El Ministro de Defensa el General Padrino López intenta mantener el control de las Fuerzas Armadas. El segundo detrás de Maduro, ya ha convocado a los militantes del oficialismo a que salgan a defender al gobierno.
El peor escenario sería que la crisis derivara en una suerte de anarquía armada, con divisiones en las fuerzas militares y de seguridad, entrelazada con ellas las milicias armadas que organizó Maduro y el espacio que en esta situación pueden ganar las escisiones de la guerrilla colombiana.
Esto podría generar un “derrame” del conflicto que afectara a Colombia y en menor medida a Brasil, pero también a EEUU, que no debe olvidar que las guerras suelen escalar por error de cálculo.
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