Fin del piso educativo: una oportunidad para repensar la gestión

El artículo del Presupuesto 2026 que elimina la garantía legal de destinar el 6% del PBI a educación encendió una señal de alerta durante el debate legislativo. Durante décadas, se ha intentado mejorar la calidad educativa mediante incrementos sostenidos del gasto público. Sin embargo, esa estrategia no ha logrado los resultados esperados. Con autocrítica e innovación, resulta imprescindible migrar hacia un nuevo enfoque centrado en la mejora de la gestión educativa.

Durante el tratamiento parlamentario del Presupuesto, esta modificación generó fuertes controversias, al punto de poner en riesgo su aprobación. El artículo en cuestión elimina no solo el piso del 6% del PBI para educación, sino también el 1% del PBI para ciencia y técnica, el 0,2% de los ingresos presupuestarios para educación técnica y el 0,8% para equipamiento de las Fuerzas Armadas. No obstante, por su magnitud y sensibilidad social, la mayor polémica se concentró en la eliminación del piso educativo.

Uno de los argumentos a favor de la eliminación de estos pisos es que introducen rigideces significativas en la administración presupuestaria. Quienes se oponen sostienen que suprimirlos implica un deterioro del sistema educativo. Sin embargo, lo cierto es que se trata de revertir una estrategia aplicada durante más de dos décadas, con amplio respaldo político, sindical, mediático y académico, que no ha producido mejoras sustantivas en los resultados.

La intensidad con la que se defiende la protección del gasto educativo dificulta una evaluación objetiva del desempeño del sistema. Según datos de la Secretaría de Educación, el 26% de los niños de 11 años no comprende un texto simple. Esta cifra desciende al 11% entre los niños pertenecientes al 20% de hogares de mayores ingresos, pero se eleva al 38% entre los del 20% más pobre. Estos indicadores reflejan con claridad el fracaso de una estrategia centrada exclusivamente en el aumento del presupuesto. Que uno de cada cuatro niños finalice la escuela primaria sin comprender lo que lee —y que casi el 40% de los niños más vulnerables lo haga con severos déficits de lectura— constituye una evidencia contundente de que el sistema educativo está funcionando deficientemente y profundizando las desigualdades.

En este contexto, la aprobación del artículo 30 del Presupuesto 2026 podría representar un hito relevante, no solo por promover una administración más flexible de los recursos, sino por abrir la posibilidad de una revisión profunda de los errores del pasado. Es fundamental abandonar el énfasis casi exclusivo en la sanción de normas destinadas a preservar o aumentar el gasto educativo y avanzar hacia un debate serio sobre la calidad de la gestión del sistema.

En síntesis, incrementar el gasto en un esquema de incentivos inadecuados tiende a ampliar el despilfarro sin mejorar los aprendizajes. La clave reside en exigir responsabilidades claras a quienes administran el sistema —desde los gobiernos provinciales hasta las autoridades escolares y los docentes— para que internalicen la centralidad de la educación, especialmente para los sectores más vulnerables. Un paso crucial es que las provincias establezcan reglas que reconozcan y premien, incluso en las escalas salariales, a los docentes y directivos comprometidos con la formación de sus alumnos, y que sancionen a quienes no cumplan adecuadamente con su función.

La Argentina ha experimentado una marcada regresión educativa en lo que va del siglo XXI. En el año 2000 lideraba Sudamérica en las pruebas internacionales PISA; dos décadas después, en la edición 2022, se ubicó por debajo de Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Brasil. Este retroceso conlleva enormes costos sociales que solo podrán revertirse si se abandona la lógica de incrementar presupuestos sin resultados y se concentran todos los esfuerzos en mejorar la gestión educativa.