
La nueva ley de trabajo no debería ser una discusión ideológica, sino una discusión sobre cómo sumar más personas al sistema laboral formal y cómo dar previsibilidad a quienes invierten y generan trabajo.
Los datos son claros: el empleo privado está estancado hace muchos años y la informalidad supera el 50%. Esa no es una estadística abstracta; es la realidad con la que convivimos quienes generamos trabajo todos los días.
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Los empresarios sabemos todo lo que implica la decisión de incorporar un trabajador a una compañía. Es una oportunidad, pero también una gran responsabilidad y, muchas veces, un riesgo sumamente difícil de dimensionar en un sistema que lleva largos años desalentando la contratación formal.
Durante mucho tiempo señalamos que el esquema necesitaba actualizarse. Que la litigiosidad, la carga impositiva y la falta de previsibilidad afectaban la generación de empleo. Hoy hay una reforma en debate que intenta ordenar parte de ese escenario y generar mejores condiciones para formalizar y crecer.
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La Argentina debe romper con la lógica pendular que convierte cada reforma en un campo de batalla. La experiencia demuestra que cuando las reglas son claras y sostenibles en el tiempo, la inversión crece, el empleo se expande y la conflictividad disminuye. No hay desarrollo posible con más de la mitad de la fuerza laboral en la informalidad. Tampoco hay crecimiento sostenido si quienes producen sienten que el marco normativo es imprevisible.
Las leyes marcan un rumbo. El resultado final depende de cómo lo recorramos: si queremos menos Estado, primero tenemos que demostrar más responsabilidad. En mi caso, eso significa trabajar siempre dentro de la formalidad, incluso en contextos difíciles, y entender que no es sólo una obligación legal, sino una inversión en estabilidad y crecimiento.
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La formalización no es un beneficio exclusivo para las empresas ni una concesión al sector privado: cada trabajador que ingresa al sistema formal accede a cobertura de salud, aportes jubilatorios, capacitación y estabilidad. Cada puesto formal es una puerta que se abre hacia una trayectoria laboral con derechos y con futuro.
En la empresa que dirijo se tomó una decisión concreta: destinar el 10% de las nuevas incorporaciones a trabajadores que ingresan por primera vez al empleo formal. No es un gesto simbólico. Es una forma concreta de involucrarnos y de acompañar cualquier proceso de modernización con hechos.
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No se trata de señalar culpables ni de dividir posiciones. Se trata de asumir que el desarrollo no lo construye únicamente una norma, sino la conducta cotidiana de los actores que formamos parte del sistema productivo.
La modernización laboral no implica desproteger. Implica adaptar las herramientas a una realidad productiva que cambió profundamente en los últimos años. Las nuevas formas de trabajo, la tecnología y la dinámica global exigen un marco actualizado que incentive la creación de empleo genuino.
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Es un momento bisagra en la modernización laboral de la Argentina y la participación de los empresarios y los trabajadores tiene que ser la fuerza para lograrlo. Que el silencio no nos arrebate esta oportunidad histórica.
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