Impacto de la Ley de Inocencia Fiscal en el mercado inmobiliario argentino

Más dinero en circulación implica mayor demanda; y mayor demanda, en un mercado con oferta limitada como el de los bienes inmuebles, tiende a traducirse en suba de precios

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La Ley de Inocencia Fiscal
La Ley de Inocencia Fiscal genera un incentivo concreto para que la gente vuelva a utilizar su dinero (Imagen ilustrativa Infobae)

La Ley de Inocencia Fiscal introduce un cambio profundo en la lógica con la que históricamente se movieron los ahorristas en la Argentina. No se trata solo de una modificación técnica, sino de un giro conceptual: irregularidades en el manejo del dinero dejan de ser tratadas como un delito penal para pasar a encuadrarse como una cuestión contable, con multas o pagos establecidos, pero sin riesgo de prisión. En términos de incentivos, el cambio es significativo.

Durante años, buena parte de la población fue tratada como potencial criminal por cualquier desajuste patrimonial. Ese esquema desalentó el uso del ahorro y empujó enormes volúmenes de capital fuera del sistema. La nueva ley revierte esa lógica y genera un incentivo concreto para que la gente vuelva a utilizar su dinero. Y cuando eso ocurre, el efecto económico es claro: más dinero en circulación implica mayor demanda; y mayor demanda, en un mercado con oferta limitada como el inmobiliario, tiende a traducirse en suba de precios.

El impacto potencial no es menor. Se estima que en la Argentina hay alrededor de 250 mil millones de dólares fuera del sistema, una cifra extraordinaria que, según distintas estimaciones, representa cerca del 20% de todos los dólares en efectivo del mundo. Ese dinero, cuando se activa, suele dirigirse principalmente a dos destinos: el mercado de capitales y el mercado inmobiliario. Y dentro de los activos de la economía local, hoy el ladrillo aparece como relativamente barato.

En ese contexto, el primer movimiento suele darse en propiedades usadas. Son operaciones más rápidas, con escritura directa y toma de posesión casi inmediata. Ese dinamismo inicial no se agota en una sola compraventa: en la Ciudad de Buenos Aires está estudiado que la venta de una propiedad suele desencadenar entre dos y tres operaciones adicionales, generando un efecto multiplicador que empieza a mover el mercado desde abajo hacia arriba.

Ahora bien, más allá del incentivo fiscal puntual, la historia reciente muestra que el valor de las propiedades en la Argentina está fuertemente vinculado al clima político y económico. Los precios tienden a subir bajo gobiernos con perfil pro-mercado y mayor seguridad jurídica. Ocurrió durante el primer gobierno de Carlos Menem, volvió a suceder tras la crisis de 2001-2002 con Néstor Kirchner, se profundizó durante la gestión de Mauricio Macri y se revirtió de manera marcada durante el gobierno de Alberto Fernández. En el escenario actual, los valores vuelven a mostrar una tendencia alcista bajo la presidencia de Javier Milei.

Las propiedades cumplen, además, un rol clave como resguardo de valor. En un mundo con inflación en dólares en torno al 3% o 4% anual —una tasa elevada para economías desarrolladas—, el ladrillo vuelve a aparecer como una cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo global, independientemente del signo político local.

Sin embargo, el verdadero factor estructural que limita una reactivación más fuerte del mercado no es hoy la trazabilidad de los fondos ni el riesgo penal, sino la ausencia de crédito hipotecario. En los países desarrollados, la compra de viviendas se apoya centralmente en el financiamiento bancario, lo que genera una cadena virtuosa de ventas y recompras. En la Argentina, esa rueda está frenada.

La mayoría de quienes acceden a créditos hipotecarios tienen ingresos en blanco o capacidad de demostrar ingresos formales. Cuando el crédito desaparece, el mercado se paraliza. Ya ocurrió tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires y se vio con claridad cómo se detuvo la dinámica que había comenzado en 2016-2017. La diferencia hoy es que los números macroeconómicos muestran mejores perspectivas, lo que abre la puerta a una reactivación incluso más intensa si el crédito vuelve a ponerse en marcha.

La Ley de Inocencia Fiscal es, en ese sentido, una condición necesaria pero no suficiente. Ordena incentivos, libera demanda reprimida y mejora el clima de negocios. Pero el verdadero salto del mercado inmobiliario argentino llegará cuando el crédito hipotecario vuelva a ser una herramienta accesible y sostenida en el tiempo.