Venezuela: ¿cambio de régimen?

Desde que la armada estadounidense se instaló en el Caribe con unas 10 naves de guerra, incluyendo el portaviones (atómico) más moderno de su flota naval, académicos, expertos militares, congresistas y los medios han especulado sobre cuál es el verdadero objetivo de esa inusual presencia en las cercanías de Venezuela.

Algunos han denunciado, como ilegal y como acto y crimen de guerra, el bombardeo y destrucción de más de 10 lanchas rápidas, que han matado unos de 100 lancheros, supuestamente transportando drogas hacia Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y en el océano Pacífico, cerca de Colombia.

Oficialmente, el objetivo ha sido terminar con el tráfico de drogas (fentanilo) hacia Estados Unidos, tráfico manejado por el Cartel de los Soles, organización designada por la Administración Trump (AT) como narco-terrorista y dirigida por Nicolas Maduro.

Pero hoy no quedan dudas de que el operativo militar es parte de una estrategia para derrocar al régimen de Maduro. O sea, se busca un cambio de régimen. La caída del régimen chavista resalta como obvio objetivo, aunque Trump y sus principales ideólogos y operadores para Venezuela lo nieguen o no lo quieran expresar públicamente; entre ellos Marco Rubio, secretario de Estado y jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Pete Hegseth, secretario de guerra y Stephen Miller, subjefe de gabinete.

Los hechos apuntan en esa dirección: El último de éstos es la incautación del petrolero “Skipper” con bandera falsa de Guyana, interceptado frente a la costa venezolana, que formaba parte del circuito secreto de suministro de crudo a Cuba. A su vez, Trump ha anunciado el inicio de un bloqueo naval que incluye la incautación de buques petroleros sancionados, que salgan o pretendan llegar a Venezuela. Su propósito es estrangular financiera y económicamente al régimen; el petróleo es su principal fuente de ingreso.

Trump además ha declarado al régimen como hostil y demanda la devolución de instalaciones, propiedades y recursos norteamericanos expropiados por Chávez; y no descarta una guerra con Venezuela. Rubio, por su parte, considera que Maduro lidera no sólo una organización narco-terrorista sino un régimen corrupto e ilegítimo que desestabiliza y amenaza la seguridad de “nuestra” región.

A estos últimos desarrollos le ha precedido una serie de medidas coercitivas y de presión contra el régimen, incluyendo ataques cibernéticos contra PDVSA; el “cierre” del espacio aéreo venezolano; sanciones financieras contra miembros del régimen y familiares de Maduro y contra empresarios, navieras y buques involucrados en el comercio petrolero ilegal; el aviso de una recompensa de USD 50 millones por información que conduzca al arresto y condena de Maduro; y la intimación por teléfono de Trump a Maduro, un supuesto ultimátum, para que abandone Venezuela, ofreciéndole garantías de salvoconducto y amnistía.

La campaña anti Maduro parece también tener el propósito de romper el eje Caracas-Habana. El bloqueo petrolero no sólo impide ingresos vitales para el régimen venezolano, sino que corta la provisión de petróleo y energía que sostiene al régimen castrista de Díaz Canel –y que como contrapartida le provee a Maduro inteligencia, contrainteligencia, seguridad personal, asesoramiento en represión interna y control social. Para Rubio -halcón histórico contra el castrismo— su caída pasa necesariamente por Caracas.

Todas estas presiones y acciones coercitivas contra el régimen chavista corresponden a una guerra híbrida, multidimensional, dirigida a erosionar la gobernabilidad del régimen y producir su caída, pero no incluye (todavía) invadir Venezuela como lo hizo Bush en Panamá en 1989 o Reagan en Grenada en 1983. Ellas se han justificado en el marco de una guerra contra el narcotráfico y el terrorismo.

Pero las mismas también se enmarcan en la renovada doctrina Monroe de 1823 (“Donroe” ahora), utilizada en el siglo 19 y 20 para contrarrestar la presencia/influencia en las Américas de las potencias imperiales europeas y luego la penetración comunista impulsada por la Unión Sovética. Hoy día, la amenaza percibida proviene de la presencia/influencia de China, Irán (Hezbollh) y Rusia, que sostienen al régimen chavista con lavado de dinero, comercio ilegal de petróleo y minerales, provisión de inteligencia y armamentos, bases de “observación espacial y seguimiento satelital”. Especialmente preocupa a la Administración Trump la extensa presencia e influencia económica y comercial de China en la región, que representa un creciente desafío para su hegemonía y seguridad en el hemisferio.

Sin embargo, el narcoterrorismo como justificativo para la campaña coercitiva contra Maduro está marcado por contradicciones inexplicables: bombardear lanchas rápidas y ejecutar sus tripulantes (intermediarios) no desmantela redes transnacionales ni alcanza a los verdaderos “capos” del negocio. Tampoco cuadra el indulto y excarcelación de personas condenadas por narcotráfico, como el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Pero Donald Trump necesita ese justificativo. Por años se opuso a las guerras de “cambio de régimen” y criticó la promoción forzada de la democracia. Embarcase en eso ahora sería contradecir su narrativa política (aunque lo hace todo el tiempo). Su problema es que el operativo multidimensional contra el régimen chavista apunta indefectiblemente a un cambio de régimen. Ya no es cuestión de que si esa es la estrategia o no. La incógnita ahora es si la presión y coerción multifacética es suficiente para derrocar a Maduro. Y si no lo es, ¿se animará Trump a enviar tropas al interior de Venezuela para lograrlo?