Estados Unidos y sus aliados en América Latina y el Caribe han abierto una nueva etapa de cooperación antidrogas mediante extradiciones, inteligencia compartida y planes de seguridad que se basan en buena parte en el modelo salvadoreño, a pesar de las críticas de organismos internacionales.
Es el “Escudo de las Américas” que Trump y mandatarios de 16 países (la mitad de la región) anunciaron el pasado 8 de marzo en una cumbre celebrada en Doral (Florida).
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La agencia antidrogas (DEA) recibió el sábado al narco uruguayo Sebastián Marset, tras su captura en Bolivia, apenas un año después de entrar en la lista de fugitivos más buscados en Estados Unidos.
Marset compareció ante el juez el lunes, tras una expulsión muy rápida por parte de las autoridades bolivianas.
Pero la colaboración también pasa entre otros países, como el bombardeo de Ecuador de un campo de entrenamiento de un grupo disidente de las FARC en una zona fronteriza con Colombia.
El presidente colombiano Gustavo Petro denunció ese ataque, pero en entrevista con la AFP, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reconoció que hay colaboración entre su país, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos para sofocar esos focos de rebelión.
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El FBI abrió oficina permanente en Ecuador, cuyo gobierno acaba de declarar toques de queda en las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado.
Washington también anunció el pasado viernes el arresto, con fines de extradición, del venezolano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, acusado de ser uno de los líderes de “Los Piratas”, la filial chilena de la pandilla Tren de Aragua.
Este capo podría ser deportado en breve a Chile.
Acelerar el paso
El gobierno Trump, consciente del giro conservador que tomó la región, parece decidido a acelerar el paso, antes de que se abra otro ciclo político contrario a sus intereses.
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La colaboración pasa en ocasiones por otros caminos más inesperados.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció en enero la detención del chileno Armando Fernández Larios, ex militar y agente de la DINA, la temida policía política del régimen de Augusto Pinochet.
Larios, que se había declarado culpable del asesinato del ex ministro chileno Orlando Letelier en Washington en 1976, vivía desde finales de los años 1980 en Estados Unidos.
Tras casi cuatro décadas podría ser expulsado en breve a su país, según confirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a la AFP.
Los tres países reticentes
Con Brasil, México y Colombia, que no acudieron a la cumbre de Doral, la cooperación en inteligencia se mantiene, según reconocen los mandatarios de esos países y fuentes diplomáticas en Washington.
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Trump mantiene la presión sobre la mexicana Claudia Sheinbaum, como demuestra la violenta operación que acabó con la muerte del capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“La presión económica del presidente Donald Trump y sus veladas amenazas militares la han obligado a actuar”, considera Amanda Mattingly, ex diplomática y fundadora de ACM Global Intelligence.
Con Brasil, el próximo capítulo de una relación con altibajos podría ser la designación oficial de dos poderosas facciones criminales, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), como grupos terroristas.
Esa denominación provoca tensión en el gobierno brasileño.
Interrogado por la AFP, un portavoz del Departamento de Estado indicó que Washington no “anticipa posibles designaciones como organizaciones terroristas”, pero que está “comprometido a tomar las medidas apropiadas contra grupos extranjeros que participen en actividades terroristas”.
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Esa lucha que incluye nuevos y controvertidos aspectos como los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, provocan alarma entre algunos países de la región.
“Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida”, denunció el relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, durante las audiencias que acaba de celebrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala.
“La CIDH carece de competencia para examinar las cuestiones (que) se refieren a la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario”, reaccionó el Departamento de Estado.
(AFP)
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