A menor libertad de mercado, más corrupción y más efectivo en circulación

El vínculo entre intervención estatal, circulación de billetes y falta de transparencia revela patrones globales que marcan diferencias profundas en la prosperidad de los países.

Libertad y violencia representan polos opuestos. La libertad constituye la condición para la paz, mientras que su ausencia implica la imposición de la fuerza, encarnada principalmente por la estructura estatal que utiliza mecanismos de coacción. Este uso de la violencia estatal no solo restringe la autonomía de los ciudadanos, sino que -de manera irremediable- detiene el desarrollo espontáneo del orden social.

Las sociedades con vocación pacífica tienden, justamente, a organizarse en un marco de mercado libre, donde los intercambios se producen mediante acuerdos voluntarios para beneficio de todas las partes involucradas. Así, en la economía cotidiana, el vendedor de frutas y su cliente solo concretan la operación si encuentran un precio mutuamente conveniente; sin consenso, la transacción simplemente no ocurre. De este modo, el libre acuerdo entre las partes eleva la cooperación y reduce el potencial de conflicto.

Por el contrario, la introducción de la violencia -así entendida como la capacidad de imponer condiciones ajenas a la voluntad de las personas- desnaturaliza los procesos económicos y sociales. La violencia, arbitraria por esencia, corrompe el entorno, porque quien la ejerce lo hace según criterios propios, apartándose del interés común y atropellando la libertad ajena. Esta arbitrariedad genera condiciones propicias para la corrupción, alimentando la tentación y la vulnerabilidad que atraviesan tanto al sector privado como público.

La falta de libertad suele traducirse en la expansión de la presión fiscal y el incremento de regulaciones, lo que, a su vez, modifica el comportamiento económico de los ciudadanos. En los países donde predomina la intervención estatal y la coacción, los índices de corrupción se disparan junto con el uso intensivo de dinero en efectivo.

Esta modalidad resulta una respuesta directa a los controles cada vez más férreos que imponen los gobiernos sobre las operaciones formales y electrónicas. La utilización de efectivo, a pesar del avance tecnológico, subsiste en gran medida porque permite evadir la mirada del Estado y sus organismos recaudadores, que cuentan con herramientas para fiscalizar casi todas las transacciones digitales.

Los casos donde el uso de billetes y monedas responde a la falta de infraestructura tecnológica por extrema pobreza, dibujan un círculo vicioso: la presión estatal agudiza la carencia de recursos, lo que a su vez limita el acceso a alternativas de pago modernas y perpetúa el uso exclusivo del efectivo.

Recientes estadísticas internacionales reflejan de manera elocuente esta tendencia. Según el Forex Cash Index, en Myanmar el 98% de las transacciones diarias se efectúa en efectivo, seguido por Cuba, México y Argentina, que exhiben también porcentajes elevados. Argentina se ubica en el puesto 24, con un 70% de uso diario de efectivo. Otros países latinoamericanos, como Chile (lugar 44, 69% de efectivo) y República Dominicana (puesto 45, mismo porcentaje), muestran situaciones similares. En España el 57% de las operaciones son en efectivo, mientras que en Uruguay esta cifra baja al 30 por ciento.

El contraste resulta abismal con economías avanzadas: en Estados Unidos el uso del efectivo alcanza el 16%, en Noruega y Corea del Sur solo llega al 10%. Estos países se caracterizan no solo por su bajo porcentaje de dinero físico en circulación, sino también por mejores índices en libertad económica y menor percepción de corrupción.

Según el Índice de Libertad Económica 2025 de Heritage Foundation, Noruega figura en el noveno lugar, Corea del Sur en el puesto 17, Chile en el 18, Estados Unidos en el 26 y Uruguay en la posición 29, todos ellos caracterizados como “mayormente libres”. En el extremo opuesto se ubican Argentina (124), Cuba (175) y México (80), donde la rutina de intervencionismo estatal es más intensa.

Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International confirman esta correlación: Noruega se sitúa entre los cinco primeros lugares con 81 puntos, Uruguay alcanza 76, Estados Unidos 65, Corea del Sur 64 y Chile 63 puntos. Mientras tanto, Argentina, República Dominicana, México y Myanmar se posicionan muy abajo, con valores de 37, 36, 26 y 16 puntos respectivamente.

El análisis revela que los países con mayor libertad, menos intervención y menor presión impositiva, coinciden también con menor utilización de efectivo y mejor calificación en integridad institucional. Allí donde la autonomía económica predomina, los incentivos para operar fuera de los circuitos formales descienden, al igual que las oportunidades para la discrecionalidad y los sobornos. En sentido inverso, los sistemas cerrados, regulados y fiscalizados en exceso fomentan tanto el ocultamiento de actividad económica como la corrupción.

Aunque los distintos índices y rankings presentan márgenes de error y están sujetos a metodologías variables, la tendencia es innegable: menos libertad se traduce en más efectivo en circulación, mayor corrupción e indicadores de pobreza persistentes.

La elección entre controlar o dejar prosperar determina mucho más que la eficiencia de la economía: afecta al entramado social, la ética pública y las perspectivas de desarrollo para generaciones futuras.

El autor es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California