Una ley que desampara

El reciente asesinato de una mujer brasileña en Buenos Aires, atacada en plena calle por una persona en situación de calle que padecía un evidente trastorno mental, conmocionó a la sociedad y volvió a poner en evidencia una realidad que muchos prefieren ignorar: la Ley Nacional de Salud Mental no protege a quienes más lo necesitan.

Este hecho trágico no es un episodio aislado. Es parte de una larga cadena de muertes y agresiones protagonizadas por personas que debieron estar bajo tratamiento o internadas, pero que el sistema dejó a la deriva. Lo que ocurre en nuestras calles no es producto del azar: es la consecuencia directa de una norma que, bajo la idea de proteger derechos, terminó desamparando tanto a los pacientes como a la sociedad.

La Ley 26.657, sancionada en 2010, buscó reemplazar un modelo manicomial por uno comunitario. El objetivo era legítimo: humanizar la atención, evitar internaciones prolongadas y promover la integración social. Sin embargo, su aplicación derivó en un vaciamiento del sistema de atención psiquiátrica sin que existieran los dispositivos intermedios necesarios —centros de día, hogares protegidos, equipos territoriales y recursos humanos especializados— que permitieran sostener a los pacientes fuera de los hospitales.

El resultado es el que vemos hoy: pacientes crónicos abandonados, familias desesperadas, profesionales atados por una ley que les impide actuar, y una sociedad que sufre las consecuencias. La norma impone criterios tan restrictivos para la internación que, aun frente a cuadros graves, la decisión médica se ve condicionada por la burocracia y el miedo a judicializaciones.

Desde hace años venimos proponiendo modificar esta ley. No para volver al pasado, sino para construir un sistema que combine humanidad con responsabilidad. Un modelo que garantice derechos, pero también asistencia efectiva, seguimiento y resguardo de la integridad física y mental de los pacientes.

Porque defender los derechos humanos no puede significar abandonar a las personas a su suerte. La libertad sin cuidado no es libertad: es desamparo. Y un Estado que se desentiende de los más vulnerables incumple su deber más básico, que es proteger la vida.

Modificar la Ley de Salud Mental no implica retroceder, sino avanzar hacia un paradigma más realista, integral y compasivo. Necesitamos restituir la posibilidad de internaciones terapéuticas cuando sean necesarias, fortalecer los hospitales especializados, formar equipos interdisciplinarios y crear dispositivos comunitarios reales, no meras declaraciones.

No podemos seguir naturalizando que los pacientes psiquiátricos graves terminen en la calle, expuestos al frío, a la violencia o a convertirse —sin quererlo— en víctimas o victimarios. La omisión del Estado también mata.

Cada vez que un hecho de esta naturaleza ocurre, la sociedad se pregunta por qué nadie hizo nada. La respuesta está a la vista: porque la ley lo impide, porque el sistema no contiene, y porque la ideología se impuso al sentido común.

La salud mental requiere sensibilidad, pero también firmeza. Y hoy esa firmeza implica reconocer que la Ley de Salud Mental fracasó. Persistir en su defensa sin admitir sus consecuencias es una forma de negacionismo.

Argentina necesita una nueva ley que ponga en el centro al paciente, a su familia y a la comunidad. Que recupere el rol del Estado como garante del cuidado, no como espectador de la tragedia.

La muerte de esta mujer brasileña debería ser un punto de inflexión. No podemos esperar el próximo crimen para reaccionar. Porque cada día que pasa, hay alguien más sufriendo en silencio —y un Estado ausente que mira para otro lado.

*La autora es diputada nacional de la Coalición Cívica ARI (integrante de la Comisión de Salud)