La sociedad civil frente al desafío de volver a pensar el país

Finalmente, el Gobierno transitó con éxito su examen de medio término. Se presentó a las elecciones habiendo ordenado la macroeconomía, bajado drásticamente la inflación, recuperado buena parte de la caída de los ingresos reales y bajado de 50% a 30% la tasa de pobreza. Asimismo instrumentó un programa de emergencia para defender en los mercados las consecuencias de un push destituyente que habiendo abroquelado a casi un 70% de los miembros del Parlamento presionó todo lo que pudo para mellar la gobernabilidad en los meses precedentes a las elecciones de octubre. Los resultados fueron concluyentes y el país está retomando una senda de normalización que estuvo “bajo fuego” durante los últimos 90 días antes de las elecciones.

En los próximos meses se irá normalizando el funcionamiento de la economía: se estabilizará el tipo de cambio, seguirá bajando la inflación, bajarán las tasas de interés y, cuanto más rápido baje el riesgo país, más rápido será el proceso de crecimiento de las inversiones que ya se viene registrando. El crecimiento de la economía será el mejor escenario posible para avanzar en las reformas estructurales que ya se presentaron en sociedad. En febrero el Gobierno apunta a avanzar en las reformas laboral, tributaria y penal y todo indica que si no lo consiguen en extraordinarias, será un logro del primer semestre.

Ahora bien, hay un conjunto de temas absolutamente estratégicos para nuestro país que exceden largamente la agenda del gobierno y que requieren del protagonismo de los diversos sectores de una sociedad civil que hoy parece ausente.

Hay por lo menos seis instituciones públicas que en los últimos 40 años han profundizado una crisis que limita y distorsiona las posibilidades de progreso de la Argentina. Se requieren cambios estructurales a implementar en el largo plazo, pero para llevarlos adelante necesita de un trabajo técnica y políticamente complejo. La Justicia, tanto en su nivel nacional como provincial, no funciona como debería. El sistema previsional requiere una profunda reforma por su sustentabilidad económica y por los cambios en la demografía social. La educación pública, en sus tres niveles, está en un proceso de regresión gravísimo. La salud pública nacional y provincial también ha empeorado sustantivamente sus prestaciones. La seguridad pública, tiene graves deficiencias y la amenaza narco, dificulta aún más la situación. La pobreza estructural de la Argentina, especialmente concentrada en los conurbanos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, para señalar solo los más importantes, requiere de políticas específicas.

Ninguno de estos problemas va a ser resuelto por la política. En nuestro país no existen estructuras partidarias con la envergadura técnica-profesional como para llevar a buen puerto estos desafíos y menos como para “sostener” los debates necesarios que luego redunden en propuestas legislativas sustentables en lo político. No es solo un problema de volcar recursos económicos, ya que en muchos de esos casos los financiamientos deberían ser suficientes y están lejos de serlo.

La sociedad civil, hace años que ha enmudecido, en buena medida porque los desequilibrios macroeconómicos eran de tal magnitud que obturaban la viabilidad de cualquier debate alternativo. Pero ahora la situación ha cambiado y existe un espacio social como para poder escuchar a aquellos especialistas que han trabajado y trabajan estos temas pero o no tienen la voluntad ó no encuentran como instalar dichos temas en el debate nacional. Paradojicamente la mayor parte de los mismos, trabajan en Instituciones públicas de nivel nacional y/o provincial.

Resulta indispensable, entonces, que los diversos colectivos, especializados y con experiencia en las temáticas de la Justicia, la comunidad científica y Universitaria y las diversas ONG que trabajan en nuestro país, asuman su responsabilidad en los debates pendientes que son muy complejos en sí mismo y mucho más cuando debemos articular instancias de los tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal. El carácter federal de nuestro país, además, representa una complejidad muy importante cuando se trata de generar cambios en procesos y estructuras muy rígidas y anquilosadas como las que planteamos más arriba.

La normalización de la macroeconomía argentina es lo suficientemente sólida como para que la sociedad civil comience a tomar un protagonismo que resulta necesario para ir enriqueciendo aquellos debates indispensables para la reconstrucción de nuestro país.