Las tribunas son lugares de encuentro y pasión y, en la ciudad de Buenos Aires, son bienvenidos todos aquellos que quieran alentar por los colores de su club, excepto quienes sean deudores alimentarios. Desde marzo de este año, los ministerios de Justicia y Seguridad iniciaron los operativos de control en virtud de lo dispuesto por la Ley 6.771, que prohíbe el ingreso a espectáculos deportivos a quienes adeuden la cuota alimentaria. Una medida concreta para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad ya acumula más de 11.800 inscriptos. Una problemática alarmante que requiere un mensaje contundente: si no hay recursos para cumplir con la responsabilidad parental, tampoco los hay para satisfacer el ocio. Es el Estado quien debe tomar decisiones ejemplificadoras para sancionar al deudor y reparar los daños que sufre la víctima.
No se trata sólo de una deuda económica sino de un incumplimiento afectivo, ético y legal. Enmarcada en el trabajo coordinado entre distintos organismos estatales y la actualización normativa de la Ley N° 269, introducida por la Ley 6.771, esta medida extiende la restricción no solo a los partidos de fútbol, sino también -de forma optativa para los organizadores- a eventos culturales masivos con más de 5.000 asistentes que se celebren en la Ciudad.
Esta disposición no entiende de fronteras jurisdiccionales: gracias a convenios con 13 provincias, el Registro de la Ciudad puede identificar deudores alimentarios de otros distritos ampliando su alcance.
El puntapié de estos operativos fue el 16 de marzo en La Bombonera, durante el partido de Boca Juniors ante Defensa y Justicia. Desde entonces, se implementaron más de 30 operativos en todos los estadios de Primera División en la Ciudad. En estos controles, ya se logró impedir el ingreso a más de 20 personas registradas como deudores alimentarios y se notificó a los juzgados intervinientes.
Esta iniciativa tiene doble impacto: por un lado, garantiza el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales; por otro, instala esta problemática en la agenda pública y, con su difusión, genera conciencia, activa la colaboración de organizaciones sociales y del sector privado a la vez que multiplica las consultas ciudadanas y pone en evidencia que hay consecuencias para quienes no cumplen con su deber parental. ¿Qué clase de sociedad queremos construir si normalizamos que un progenitor no respete los derechos de sus hijos?
El fútbol es una pasión que nos une, pero no puede ser refugio para el incumplimiento de la Ley. Como hincha de Boca, comparto y vivo en primera persona los sentimientos, a veces inexplicables, de quienes amamos este deporte. Sin embargo, como padre, entiendo y afirmo que la prioridad es cumplir con las obligaciones parentales y, como Secretario de Justicia de la Ciudad, sostengo mi compromiso para que los estadios sean lugares de encuentro donde se defienda lo elemental: que cada niño reciba lo que le corresponde ética, legal y humanamente.
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