La economía argentina sigue sin crear puestos de trabajo

El Ministerio de Trabajo difundió los datos de empleo formal correspondientes a mayo de 2025, información que permite trazar la evolución laboral desde enero de 2012 hasta el presente.

Durante este período, la cantidad total de puestos de trabajo formales creció 17,8%. Sin embargo, el mayor dinamismo se registró en segmentos específicos: el empleo público se incrementó 33,6%, la modalidad de monotributo 63,5% y el monotributo social 37,6%. En contraste, el empleo formal en relación de dependencia apenas subió 2,2% en más de una década.

Al observar lo ocurrido en la gestión de Javier Milei, la situación se agrava. Si se comparan los datos de mayo de 2025 con los de noviembre de 2023, último mes bajo la administración kirchnerista, el total de puestos de trabajo disminuyó en 511.572. Si bien podría suponerse que esta baja responde mayormente a la reducción del empleo público, los datos demuestran lo contrario.

La merma de puestos en el sector estatal -nacional, provincial y municipal- representa solo el 17% de la caída total, mientras que el empleo formal en el sector privado explica un 28% del retroceso. De este modo, el ajuste laboral se concentra en el sector privado, que experimenta el mayor deterioro en términos absolutos.

A pesar de ciertos repuntes coyunturales en la actividad económica, la ocupación formal no muestra señales de recuperación.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) exhibe estancamiento entre diciembre y abril, seguido de una leve baja desde mayo y junio. Con la reciente suba de tasas de interés y la inestabilidad cambiaria, es probable que julio y agosto profundicen la tendencia negativa, aunque los datos oficiales estarán disponibles recién con el tradicional retraso de dos meses.

Frente a este panorama, el Gobierno carece de una estrategia clara para fomentar el empleo y reactivar la economía formal. El interrogante central gira en torno a cómo destrabará el mercado laboral y generará puestos de calidad. Más empleo formal contribuiría al fortalecimiento del régimen jubilatorio y facilitaría la tan postergada reforma previsional.

Sin embargo, la actual administración optó por sacrificar actividad y trabajo con el objetivo primario de llegar a las elecciones de septiembre y octubre con un tipo de cambio estable y un Índice de Precios al Consumidor por debajo del 2% mensual. El ideal del equipo económico es aterrizar en las urnas con una inflación mensual próxima al 1 por ciento.

Este plan tiene efectos colaterales. La suba de tasas de rendimiento de las Lecap para contener la presión cambiaria incrementa el costo fiscal, ya que los mayores intereses generan un aumento en las erogaciones públicas, aunque el stock de deuda se mantenga constante.

La evolución del stock de Letras y bonos del Tesoro, según datos de la Secretaría de Finanzas, muestra en julio un salto de los intereses devengados. Considerando un PBI de USD 650.000 millones estimados para este año, solo en julio el Tesoro acumuló intereses equivalentes al 2% del producto en un mes.

Este patrón recuerda a la Argentina de los años noventa, especialmente al segundo mandato de Menem, cuando el “rollover” continuo de deuda e intereses terminó agravando la carga de los pagos sobre el gasto total, desembocando en la crisis de 2001. Entonces, el déficit fiscal “primario” era de 1,96% del PBI, pero el “financiero” escalaba hasta el 7%. Hoy, el peligro radica en la acumulación de intereses y la creciente dificultad para que el mercado acepte seguir financiando al Estado con nuevas letras y bonos.

La reciente licitación del 13 de agosto es paradigmática: se ofrecieron títulos por 15 billones de pesos, el mercado solo mostró interés por 9,977 billones y la aceptación oficial fue de 9,147 billones, lo que sugiere desconfianza creciente y un límite al financiamiento.

Para absorber el remanente, el Gobierno elevó los encajes bancarios al 50%, hoy exigibles en forma diaria y no promedio mensual. La transferencia de los pasivos remunerados desde el BCRA al Tesoro no resolvió el problema de fondo: la sobrecarga de deuda y los intereses persisten.

En este contexto, la falta de interés del sector privado por adquirir nuevos bonos, incluso con tasas más elevadas, refleja la percepción de riesgo asociada a la estrategia oficial de utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. El propio objetivo electoralista -llegar a los comicios con inflación inferior al 1%- explica parte de las distorsiones y desequilibrios crecientes.

Por si esto fuera poco, surgieron recientemente sospechas de corrupción en la Agencia de Discapacidad, generando un nuevo foco de tensión política e institucional. Si las investigaciones arrojan pruebas sólidas, no puede descartarse que el temblor económico se adelante a las elecciones de septiembre y octubre.

La economía permanece atrapada en un ciclo de ajuste enfocado en el empleo privado, una deuda creciente y la búsqueda obsesiva de estabilidad cambiaria. Las interrogantes sobre la capacidad del gobierno para revertir este estancamiento, fortalecer la creación de empleo formal y evitar que los intereses de la deuda desplacen otros gastos esenciales permanecen abiertos.

Lo único claro es que, por ahora, los incentivos buscan satisfacer criterios electorales antes que soluciones de fondo para el mercado laboral y la economía real.