
En la Argentina, cuando los tratamientos tradicionales ya no ofrecen soluciones, se abre un vacío legal angustiante. Para muchas personas con enfermedades terminales o severamente limitantes, ese vacío normativo significa quedarse sin opciones, incluso cuando existen terapias experimentales en desarrollo o ya aprobadas en otros países. Frente a ese escenario, impulsamos una ley que, de forma voluntaria, permita el acceso regulado a estos tratamientos.
Hablamos de una opción para quienes ya agotaron todas las alternativas terapéuticas aprobadas. Personas que no buscan certezas, sino la posibilidad de tomar la decisión de intentarlo bajo su responsabilidad. No se trata de extender la vida a cualquier precio. Se trata de permitir que cada uno, en ese momento límite, pueda elegir sin trabas, porque en definitiva lo que está en juego es su propia vida.
Este debate no es nuevo. En 2021, el entonces senador Esteban Bullrich presentó una iniciativa con el mismo espíritu: reconocer que, ante un diagnóstico terminal, las personas deben poder elegir si desean acceder a tratamientos que todavía no están disponibles en el país. Su propuesta abrió un debate que hoy retomamos con más herramientas y con el mismo compromiso con la dignidad humana.
En la actualidad, la ausencia de un marco legal apropiado hace que acceder a un tratamiento experimental sea un privilegio para unos pocos, quienes deben sortear la burocracia y judicialización de nuestro sistema. Frente a eso, el Congreso tiene la obligación de actuar. Y por eso impulsamos este proyecto de ley.
La iniciativa propone crear un régimen legal, con criterios médicos y requisitos éticos, para habilitar el acceso a tratamientos que hayan superado al menos la fase I de investigación clínica, o estén aprobados en otros países. Siempre bajo prescripción médica, consentimiento informado y supervisión de la ANMAT. No reemplaza al sistema regulatorio. Lo complementa en circunstancias extraordinarias.
Esta ley no copia modelos. Aprende de ellos. En 2018 Estados Unidos sancionó la ley “Right to Try” (Derecho a Intentar). Nuestra propuesta adapta este régimen excepcional y prevé una eximición de responsabilidad legal y objeción de conciencia para los profesionales, registro clínico obligatorio, financiamiento privado y prohibición de todo uso comercial o promocional.
Se trata de dar una respuesta a quienes sufren ante la imposibilidad de seguir intentándolo. Esta ley no nace del cálculo ni del oportunismo. Nace de la escucha y el respeto. Y ese respeto, en un país democrático, también debe traducirse en leyes que garanticen la autodeterminación cuando está en juego la propia existencia.
Cuando se trata de defender la vida, negar la posibilidad de intentarlo no es neutral. Es decidir por otro. Y nadie, incluido el Estado, tiene derecho a eso.
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