Han pasado más de 14 años desde la sanción de la ley 26657 de Salud Mental. Las consecuencias de su implementación han sido catastróficas, con cientos de pacientes fallecidos por suicidio y por descompensaciones en sus enfermedades y adicciones, al no tener la oportunidad de recibir la atención adecuada en todo el territorio nacional. Por ello, es una prioridad sanitaria la modificación en su texto, la que le compete al legislador, pero que debe ser de interés público, especialmente para los enfermos, para sus familias y para psiquiatras y psicólogos que, en forma cotidiana, junto con el sistema judicial y fuerzas de seguridad, se ven impotentes para practicar internaciones que podrían salvar la vida de los afectados. Los casos y las estadísticas abruman, por donde se pregunte. Entonces, ¿qué debería cambiar?
Una nueva ley debe especificar con claridad el término enfermedad mental, porque así se conoce en todo el mundo. Sufrimiento o padecimiento no existen a nivel científico
Una nueva ley debe hablar de la existencia de riesgo, sin agregar lo de inminente, porque así se posibilitaría la internación en caso de necesidad de cuidar mejor a ese paciente
Una nueva ley debe ubicar al psiquiatra como jefe de equipo en toda circunstancia, dado que es el más formado y capacitado para instrumentar diagnóstico y tratamiento, especialmente en una emergencia.
Una nueva ley debe dejar de demonizar tratamientos en psiquiatría, cuando dichos tratamientos son científicos y se aplican en el mundo entero, como psicofármacos, internaciones involuntarias y terapia electroconvulsiva, en casos extremos en que está en riesgo la vida del paciente
Una nueva ley debe permitir la existencia de instituciones monovalentes especializadas, así como monovalentes son hospitales especializados en enfermedades infecciosas, cáncer o afecciones oculares. La especialización no implica la existencia de los manicomios, que ya no existen en Argentina, sino sitios especializados con personal idóneo en la materia.
Una nueva ley debe eliminar las internaciones en hospitales generales. Han pasado casi tres lustros, y los suicidios ya sea por falta de infraestructura o capacidad de su personal han sido dantescos.
Una nueva ley debe ser una ley que comprometa a la familia y allegados del paciente, que suele en muchos casos abandonar a su pariente enfermo y negarse a seguirlo cuidando, siendo responsable de internaciones innecesariamente prolongadas.
Una nueva ley debe seriamente tener presupuesto para ejecutar sus objetivos. Después de 14 años, ningún gobierno ha llegado a utilizar el 10% proclamado, habiéndose gastado apenas el 2% en el mejor de los casos. Sin dinero, no hay cambio posible para nadie.
Una nueva ley debe tener una campaña por todos los medios de comunicación masiva para despertar la toma de conciencia de los argentinos. Mucha gente está enferma en soledad, y puede morir debido a ello y a la falta de opciones para su tratamiento. El ejemplo de Chris Martin, de Coldplay, hablando de su depresión, puede ser una vía para que muchos otros conocidos den a conocer sus problemas, y alienten al público a tratarse precozmente.
Una nueva ley, finalmente, tiene que ser científica. Sólo la ciencia, no el prejuicio, no el estigma, no la política partidaria ni filosófica, sino la ciencia moderna, es la que va a poder, junto con la conciencia social del problema que representa la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el mal de Alzheimer y tantos otros, dar una correcta atención y el alivio que tantas y tantos necesitan ya.
El día 28/4 de abril pasado, la diputada Marcela Campagnoli lideraró una reunión multidisciplinaria en el Anexo de la Cámara de Diputados. Allí, un conjunto prestigioso de profesionales, familiares de pacientes y funcionarios judiciales disertó sobre todos estos problemas, avanzando cada vez más para que la Comisión de Salud presidida por el Diputado Pablo Yedlin acepte tratar y debatir el proyecto que la diputada oportunamente presentara. Por la salud de los argentinos, que así sea.
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