Este 23 de abril se cumple un año del día en que gran parte de la sociedad salió a defender a la universidad pública. Los docentes y no docentes, junto con los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria, recibieron el apoyo de nuestro pueblo que salió a las calles a acompañarlos en un reclamo que se manifestó tanto en Buenos Aires como en las principales ciudades del país.
Ese día, el gobierno recibió un mensaje claro y contundente: la universidad pública es un valor que los argentinos no estamos dispuestos a negociar. A un año de ese acontecimiento histórico es el momento de detenernos a hacer un balance general del estado de situación.
En primer lugar hay que tener claro que tanto la marcha como las actividades de visibilización del problema sirvieron para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la importancia de la universidad pública, gratuita y de calidad. Pudimos dar un debate fuerte demostrando que la educación es uno de los pilares de una democracia justa e inclusiva que brinde igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos sin importar el monto de sus ingresos.
Gracias a lo hecho, el año pasado pudimos frenar la avanzada sobre las universidades nacionales que el gobierno pretendió llevar adelante desde el día en que asumió sus funciones. El intento de Milei de querer volver a un modelo de universidad elitista recibió como respuesta un enfático “no” que se hizo oír en todo el país.
Si bien conseguimos que se mantuvieran los fondos para que las universidades pudieran seguir funcionando, lo cierto es que los salarios docentes y no docentes permanecen muy atrasados, muchos por debajo de la línea de pobreza. Los estudiantes, por su parte, han visto cómo sus becas permanecen congeladas y la ayuda económica que reciben no les alcanza ni para pagar el transporte hacia las aulas.
Los programas de ciencia y tecnología, investigación y extensión universitaria están paralizados por falta de financiamiento. Las obras de mantenimiento de los edificios también se han detenido y vemos cómo día a día se acumulan roturas que permanecen meses sin que nadie las arregle. La situación es realmente grave y muchos docentes optaron por emigrar o dar clases en universidades privadas.
Por eso, vamos a seguir defendiendo las universidades públicas, para poner de manifiesto la importancia de las mismas y trabajando para tener casas de altos estudios públicas que mejoren las condiciones de vida de la sociedad argentina
Por esto, además de dar la batalla cultural en las calles, vamos a presentar un proyecto de ley que será elaborado en el seno de la comunidad universitaria. De manera tal, que sea tan contundente el apoyo legislativo, como el educativo y el popular, para que el presidente no pueda volver a vetarla y así garantizar el derecho de los ciudadanos a educarse para tener un futuro mejor también desde el Congreso.
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