Universidades: ¿a dónde van los fondos?

Luego de dos movilizaciones estudiantiles, de las más convocantes de los últimos años, la política discute el apoyo o no al veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el problema de fondo es otro, y del cual estoy segura: ni la “gratuidad” ni los “derechos ganados” son lemas suficientes para justificar la falta de transparencia, y ya es tiempo de que en Argentina, la transparencia prevalezca.

De fondo una problemática aún más compleja: hoy el 66,1% de los niños de la Argentina viven en la pobreza y el 27% son indigentes. Ante estas cifras escalofriantes cabe preguntarse: ¿cómo se distribuye el gasto entre los diferentes niveles educativos? ¿a quién le estamos financiando la educación superior? El debate no es educación pública sí o educación pública no. El debate es sobre cómo se gasta el dinero que se invierte y cuáles son los resultados de esa inversión.

No estoy discutiendo la importancia de la educación universitaria: es el inicio de la vida adulta, la puerta de entrada a la posibilidad de tener un futuro productivo y de independencia para la vida de cada individuo. Ni hablar del aporte al capital humano que agregan profesionales al desarrollo de nuestra sociedad. Pero hoy, parte de los fondos asignados a las universidades nacionales terminan en cajas negras, fagocitados por las mezquindades de la política.

Y, entre datos y relatos, lo más sensato va a ser siempre guiarse por los datos, y los datos ya los arrojó la secretaría de Educación.

Del total de alumnos registrados en sistema para 2022 (1.749.136), sólo el 40,6% era alumno regular (710.466), el 20% tenía 1 materia aprobada o menos (367.299) y un llamativo 38,4% de alumnos sobre los que no se tiene información (671.372): no sabemos si van a tomar clases o qué hacen dentro de la Universidad.

Por otro lado, la tasa de egreso pasó de 5,02% a 4,8% en el período 2012-2022, si bien la matrícula aumentó un 40% en el mismo período. Es decir, que, independientemente del aumento del número de matriculados y la cantidad de recursos asignados a las Universidades, el porcentaje de egresados disminuyó.

Mientras que el promedio de las carreras universitarias en la Argentina es de 5 años, los estudiantes tardan en promedio 9,4 años en completar la carrera y sólo el 23,2% de los estudiantes de universidades públicas finaliza su carrera en el tiempo teórico esperado.

Hoy en nuestro país hay miles de chicos que no llegan a comer un plato de comida diario, y otros que, con más suerte, logran ir a la escuela pero completan la primaria sin aprender a leer y escribir.

El cinismo de defender el financiamiento de la militancia de los Centros de Estudiantes, que se aprovecha de la falta de transparencia para vagar durante años por las universidades públicas, es de una irresponsabilidad alarmante. Y si, hay que admitirlo.

Los militantes eternos que utilizan la UBA como trampolín político para ser parte de una lista en alguna elección, son cómplices del malgasto de los fondos educativos.

Un ciudadano, que tiene el privilegio de formarse en una universidad sin pagar un arancel, a costa de todos aquellos que hoy no comen ni aprenden a leer y escribir, tiene una responsabilidad moral ineludible de aprovechar esa oportunidad. Y eso incluye asistir a clase, dedicarse el mayor tiempo posible para recibirse a término y no desperdiciar los recursos públicos.

Y el sistema universitario público, también tiene una responsabilidad, que hoy, brilla por su ausencia: actualizar las carreras y métodos a las tendencias modernas, para maximizar los recursos, motivar más a los alumnos y no dejar que el conocimiento impartido caiga rápidamente en la obsolescencia. Así como revalorizar de una vez y para siempre el rol de los docentes, con un salario digno de la profesión más importante del mundo.

Es momento de que la educación superior se convierta en un verdadero motor de cambio social, donde cada peso invertido y cada estudiante en las aulas se traduzcan en oportunidades reales para todos, no solo para unos pocos privilegiados: si vas a estudiar sin pagar, la transparencia y la responsabilidad no son opciones, son exigencias irrenunciables.