El Gobierno nacional convocará la próxima semana a empresas del sector minero y operadoras logísticas para analizar medidas que optimicen la capacidad operativa del Ramal C14 en la puna salteña.
La reunión también abordará la búsqueda de fondos de inversión privados para poner en funcionamiento integral el Ramal C15, cuya conexión con Bolivia y los mercados internacionales resulta relevante para la producción de Salta.
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La convocatoria se inscribe en la licitación pública nacional e internacional para privatizar y conceder durante 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, operadas hasta ahora por Belgrano Cargas y Logística S.A. El proceso busca modernizar la infraestructura productiva y mejorar la competitividad regional.
La decisión responde al pedido de inversiones formulado por el gobernador Gustavo Sáenz y por entidades empresarias y productivas de Salta para completar la operatividad ferroviaria en la provincia y la región. La búsqueda de capital privado para el ramal C15 se realizará sin alterar el modelo de equilibrio fiscal nacional.
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Un reclamo de largo trayecto
Las entidades productivas de Salta buscan que los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas queden incluidos como inversiones obligatorias en la futura concesión ferroviaria, para evitar que su recuperación dependa de decisiones optativas durante un contrato previsto por 50 años.
La iniciativa apunta a reducir costos de transporte, sostener el crecimiento agroindustrial y minero y mejorar la conexión con los mercados externos.
El área de influencia del ramal C15 produce cada año más de 1,8 millones de toneladas de granos, azúcar, papel y derivados, además de 252 millones de litros de alcohol y bioetanol. Esa carga debe trasladarse desde el norte salteño hacia los puertos de Rosario, principalmente por carretera.
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El transporte en camión hasta los principales nodos exportadores puede costar hasta USD 80 por tonelada, de acuerdo con la información difundida por las entidades. Un servicio ferroviario eficiente permitiría una reducción de entre 20% y 30%, con impacto directo sobre los márgenes de las economías regionales.
Obras obligatorias para evitar nuevas postergaciones
La Mesa Empresaria y Productiva de Salta llevó el planteo a una reunión con autoridades provinciales. Allí acordaron realizar gestiones conjuntas ante el Gobierno nacional para modificar los pliegos de la próxima concesión e incorporar las obras en ambos ramales desde el comienzo del contrato.
La discusión dejó de centrarse únicamente en el avance de la licitación del sistema ferroviario y pasó a enfocarse en las inversiones que quedarán comprometidas. Para las cámaras salteñas, esa definición determinará si la rehabilitación de los trazados se ejecuta o puede quedar postergada durante décadas.
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La Mesa Empresaria y Productiva de Salta reúne a cámaras industriales, comerciales, mineras, agropecuarias y de comercio exterior. Su objetivo es que la nueva etapa del Belgrano Cargas contemple una infraestructura capaz de responder al aumento previsto de la demanda de transporte.
Los ramales también son considerados necesarios para ampliar las conexiones ferroviarias con Chile y Bolivia. Esa integración ofrecería alternativas para el traslado de cargas y fortalecería la salida internacional de la producción del norte argentino.
La minería y el agro, detrás de la demanda logística
Prograno, la asociación de productores que relevó el volumen de cargas en torno al C15, sostiene que la expansión de los proyectos mineros del noroeste argentino incrementará la necesidad de medios de transporte de gran volumen. El sector agroindustrial, por su parte, busca disminuir la dependencia exclusiva del camión para cubrir largas distancias hasta los puertos.
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La recuperación ferroviaria fue vinculada con la capacidad de acompañar nuevas inversiones productivas. Las entidades consideran que la infraestructura debe absorber tanto el crecimiento de las producciones agroindustriales como la expansión de la actividad minera.
Previamente, la asociación de productores había advertido sobre la demora del proceso licitatorio y la incertidumbre que generaba para los proyectos previstos en la región. La entidad estimó que la falta de definiciones podía afectar inversiones superiores a USD 3.000 millones y señaló que había interés privado en operar y modernizar el sistema ferroviario.
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