Los niños heridos de bala en Uruguay aumentaron 80% en dos años: cómo atrae el mundo del delito a los jóvenes

Un informe de Derechos Humanos advierte que la violencia va más allá del narcotráfico e incluye disputas por deudas, peleas de animales y otras actividades ilícitas

Un bebé fue asesinado al quedar en medio de un ataque a balazos que iba para su padre (@LeoPedrouza)
Un bebé fue asesinado al quedar en medio de un ataque a balazos que iba para su padre (@LeoPedrouza)
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Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) presentó este miércoles datos que muestran cómo ha crecido la violencia contra niños y adolescentes en los últimos dos años. La cantidad de menores de 14 heridos de armas de fuego son solo una muestra de esta realidad: entre 2023 y 2025 crecieron un 80%. Y esto se trata de una herida, que, en cuestión de un segundo, cambia la vida para siempre.

El informe fue elaborado a partir de cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior y por la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el prestador de salud del Estado.

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“La mayoría son adolescentes, sin lugar a duda, pero viene creciendo la presencia de los niños. Viene creciendo la presencia de las mujeres. Es un fenómeno que no está solo presente en Montevideo sino también en varios departamentos del interior”, resumió en una rueda de prensa Jimena Fernández, directora de la Inddhh.

hospital pediátrico Pereira Rosell Uruguay
La entrada de emergencia del hospital pediátrico de Uruguay Pereira Rosell (Presidencia)

Entre 2023 y 2025, los registros del Ministerio del Interior contabilizan 58 homicidios dolosos consumados, 53 tentativas de homicidio y 238 menores heridos por arma de fuego. En el mismo período, ASSE registró 326 atenciones de niños y adolescentes por heridas de arma de fuego.

Los datos disponibles muestran una particular afectación durante la adolescencia. Entre 2023 y 2025, los adolescentes de 15 a 17 años representaron el 59% de los homicidios, el 60% de las tentativas de homicidio y el 73% de los menores heridos por arma de fuego registrados por el Ministerio del Interior.

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“Estamos ante adolescentes que buscan reconocimiento e integración por los únicos medios que su entorno les pone al alcance”, analiza el informe.

Los registros del ministerio reportan 15 homicidios de menores en 2023, 24 en 2024 y 19 en 2025 (total: 58). El año 2024 marcó el pico con un aumento del 60% respecto a 2023.

Niño baleado en Uruguay
La Policía de Uruguay haciendo pericias luego de que un niño de 8 años fuera asesinado (@miguelchagas)

En los menores heridos por arma de fuego se refleja uno de los datos más preocupantes del 2025. Hubo 74 casos en 2023, 83 en 2024, 81 en 2025 (total MI: 238). La infancia (0-14 años) muestra una “tendencia preocupante”, según el informe: pasó de 15 casos en 2023 a 27 en 2025, un aumento del 80%.

El narcotráfico no es el único problema que atraviesa la vida de estos menores.

Uno de los hallazgos de este trabajo es que el aumento de la violencia no se puede reducir al mercado de drogas sino a un fenómeno más amplio que denominan economías ilegales. Los homicidios se asocian también a riñas de gallos, peleas de animales, disputas por deudas y otras actividades ilícitas.

“Hay amenazas y ocupación de casas. Hay toda una economía ilegal que a veces da más soluciones y respuestas a quien está buscando construirse como persona. Más soluciones que la escuela o que el trabajo”, comentó Fernández.

Un niño de 12 años fue asesinado en el Parque Rodó de Montevideo durante un episodio de picada de motos clandestino (@emiwigman)

El documento describe cómo se da este comportamiento: “El mercado ilegal ofrece a jóvenes sin capital económico ni educativo una alternativa de movilidad social ascendente que el mercado formal no puede proveer, al menos no en los plazos que sus vidas les permiten esperar”.

Una de las conclusiones de este informe es que la responsabilidad de plantear soluciones a este problema está distribuida en diferentes organismos y no existe un espacio para centralizar la atención. El texto describe que la coordinación entre las instituciones se hace “dificultosa” y depende de los vínculos personales entre los referentes de los barrios, algo que puede derivar en que haya “superposiciones, vacíos y respuestas tardías”.

Además, hay “temor a represalias” y “desconfianza institucional” en esos territorios, algo que incide en la decisión de denunciar.

“No hay un principal responsable. Acá es el Estado el que tiene que responder en su totalidad. No es ponerle, como estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, toda la carga al INAU”, comentó Fernández ante los medios.

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