Qué pasó en 40 años con el financiamiento educativo

El informe “Evolución del financiamiento educativo” de Argentinos por la Educación y Alejandro Morduchowicz, que examina la inversión en educación entre 1980 y 2022 utilizando la serie histórica del Gasto Público Consolidado del Ministerio de Economía, ofrece una perspectiva muy valiosa para evaluar un período de datos concretos. A partir de su análisis surgen varias conclusiones pero también varias preguntas, no todas nuevas. Entre las certezas se evidencia que el crecimiento del gasto educativo consolidado, como porcentaje del PBI, de los últimos 15 años casi duplica el observado en todo el período anterior. Y si se lo mira en términos reales, casi se triplica. Sin embargo, ninguna de las leyes que regulan el sistema indica claramente cuánto y quién (si nación o provincias) debe aportar y tampoco han logrado proteger el gasto educativo de su carácter procíclico: en épocas de bonanza se aumenta y en tiempos de recesión se reduce, al establecer un piso de inversión como porcentaje del PBI, se acentúa esta tendencia. Corolario: sólo un año se llegó a tal objetivo.

El aumento sostenido de las partidas a la educación parece en sí una buena noticia, si se suma el hecho de que el gasto por alumno en educación básica aumentó casi 50 puntos porcentuales por encima del crecimiento de la matrícula —que incluyó tanto el crecimiento vegetativo como la obligatoriedad de nuevos años de escolarización— el panorama parece todavía mejor, pero… surgen dudas sobre la eficiencia de este incremento en el gasto. En el mismo período, el nivel de los aprendizajes no ha hecho más que caer, por lo tanto: cuánto es financiamiento, cuánto calidad docente, cuánto el deterioro de los niveles socioeconómicos de la población y cuánto la retroalimentación de este espiral negativo.

Por otro lado, que el mayor aumento del financiamiento se verifique en el nivel superior, pone en entredicho cuestiones de orden distributivo del gasto, ya que los niveles obligatorios son justamente los que llegan (o deberían llegar) a toda la población, mientras que los de nivel superior están orientados (sino de jure, sí de facto) hacia los estratos más favorecidos socioeconómicamente. Sin embargo, estos datos también revelan que, mientras el gasto por alumno en educación obligatoria aumentó un 46% en estas cuatro décadas, el gasto por alumno del nivel superior se redujo en un 55%. Es decir, en términos per cápita, con recursos siempre escasos, la asignación parece haber ido en la dirección correcta, si fue suficiente o no es otra cuestión, amerita investigación, pero es otra cuestión.

Por último, tampoco estamos seguros de haber llegado a dicha asignación de recursos como fruto de una política de largo plazo, sino que más bien es el lugar al que se llegó por el simple devenir de los años. Para contrarrestar esto es necesario la toma de decisiones consensuadas, coordinadas y monitoreadas por los distintos niveles y gestiones de gobierno. Alguna vez el acceso a la educación fue una política de Estado, quizá es tiempo de que la calidad educativa se convierta en una.